Unos 6.000 familiares de "desaparecidos" y asesinados como consecuencia de la represion ilegal en los anos 70 en Argentina seran indemnizados a partir de mediados de este ano, informo la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini.
En declaraciones a IPS, Pierini indico que para resolver algunos casos de dificil comprobacion presentados se hara necesaria la aprobacion de una nueeva ley.
La norma que instituyo el beneficio a las victimas del terrorismo de Estado fue votada en el Congreso hace casi un ano.
En los ultimos meses se avanzo en la recepcion de solicitudes de indemnizacion de parte de los familiares y en la resolucion de los casos que no presentaron conflicto de pruebas ni de determinacion de herederos y proporciones.
"Esos son los que podran entrar en la primera etapa de los pagos. Para resolver la situacion del resto sera necesario contar con una ley que complemente la anterior", dijo Pierini.
El texto de ese complemento no fue aun enviado para su tratamiento por el Congreso, pero ya se definio que debera precisar por un lado cuales seran las proporciones para cada heredero solicitante y como concurren las uniones de hecho a los efectos de la indemnizacion.
Por otra parte, la ley debera indicar cual es la fecha de inicio de la "represion ilegal" que se tomara en cuenta y los limites de la reparacion.
El texto actual establece que se indemnizara a los familiares de todos los muertos por el accionar represivo previo al 10 de diciembre de 1983, fecha en que asumio el primer gobierno democratico tras el golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976.
"Estamos tratando de tomaar todos los recaudos para que estas leyes de reparacion historica no se transformen en una fuente de futuros juicios al Estado", senalo Pierini.
"Por lo pronto estan siendo empleadas todas la formas de concertacion y de resolucion de conflictos con los familiares derecho-habientes y sus organismos aglutinantes", senalo.
En esa tarea actuan intensamente entidades como la Asamblea Permanente por los Derechos Huamnos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
E sas organizaciones destacan el reconocimiento legal como "un exito de su lucha", si bien cuestionan por la demora al gobierno del ex presidente Raul Alfonsin y al actual de Carlos Menem.
Sobre el proceso que se lleva adelante, Pierini destaco la dificultad de implementar mecanismos que tocan simultaneamente "aspectos muy emocionales".
El procedimiento legal, admitio la funcionaria dependiente del ministerio del Interior, "exhuma en forma permanente la violenta ilegalidad de otras epocas".
Y a la vez "necesita probar en terminos de legalidad administrativa hechos que fueron encubiertos, clandestinos o negados, de dificil prueba fehaciente para las actuales autoridades".
Lo que ya esta determinado es el monto de la indemnizacion a la que tienen derecho los familiares de las victimas de la represion.
La ley establece que recibiran el equivalente a 100 veces el sueldo que percibe un empleado de la categoria mayor en la administracion publica. Es decir, una suma aproximada a los 230.000 dolares.
Pierini aclaro que "el pago en efectivo es imposible en la actual situacion economico-financiera del Estado nacional". Ademas, dijo, "la sensatez de la poblacion beneficiaria es predominante y hay conciencia social sobre la inviabilidad de algun reclamo en ese sentido".
Como se ha hecho en otras oportunidades con deudas que el Estado mantenia con jubilados, la indemnizacion a familiares de desaparecidos y muertos por el terrorismo de Estado se hara en bonos publicos.
La reparacion es una segunda instancia de reconocimiento luego de que unos 10.000 ex presos politicos obtvieran el derecho a percibir indemnizaciones del Estado.
Mas de 80 por ciento de los ex detenidos ya fueron resarcidos, dijo la subsecretaria Pierini. El proceso en beneficio de los antiguos presos se estima que concluira antes de mediados de este ano.
En cuanto a la lentitud del tramite para beneficiar a los familiares, Pierini afirmo que los miles de expedientes en curso transitan simultaneamente por los mismos circuitos de registros y contralores juridicos y contables.
De todos modos, la funcionaria descarto mas dilaciones ya que la propia ley establecio un plazo maximo para la contestacion de los informes solicitados, de 365 dias habiles administrativos. (FIN/IPS/dvs/dg/ip/96)
