En Uraba, la principal region productora de banano de exportacion de Colombia, la sociedad civil intenta buscar salidas a la violencia engendrada por grupos paramilitares de derecha, guerrilleros y carteles del narcotrafico.
La crisis de esta region del noroeste, conformada por 20 municipios de los departamentos de Antioquia, Choco y Cordoba y en la que habitan 499.000 personas, llego a un punto alto en 1995.
Cifras del Centro de Investigaciones y Cultura Popular indican que a lo largo del ano pasado fueron asesinadas 952 personas y segun el episcopado colombiano otras 30.000 tuvieron que abandonar la region en los ultimos cinco anos a raiz de presiones y amenazas contra sus vidas.
De acuerdo al analista Omar Hernandez, la mayoria de las victimas fueron "trabajadores de las haciendas bananeras o habitantes de los barios perifericos a las haciendas", que no estaban directamente vinculados a los actores del conflicto.
Desde comienzos de 1992, numerosos ex guerrilleros del legalizado EPL (antes Ejercito Popular de Liberacion, ahora Esperanza, Paz y Libertad) fueron asesinados presumiblemente por otros grupos insurgentes que los acusaban de haberse aliado con organizaciones paramilitares de la region.
La violencia reinante obedeceria a la voluntad de todos estos grupos de controlar politica y territorialmente una region estrategica por sus riquezas y por poseer un golfo en el que, asi como entran barcos a cargar banano, transitan otros que transportan clandestinamente drogas y armas.
Ademas de las 28.000 hectareas sembradas de banano, a lo largo de los rios Atrato y Tuando se extienden bosques humedos tropicales que hacen de Uraba una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
Alli tambien esta localizado el Parque de Los Katios, declarado en 1995 reserva natural de la humanidad por la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura.
Estudios del Intituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) destacan que en Uraba hay areas en que 94,6 por ciento de la poblacion tiene sus necesidades basicas insatisfechas. La media nacional es de 49 por ciento.
El ano pasado fue particularmente abundante en masacres colectivas (mas de cuatro muertos), cuyos autores no han sido nunca detenidos.
Entre ellas destaca la del 12 de agosto en la localidad de Apartado, donde 18 personas fueron asesinadas presuntamente por grupos paramilitares.
En respuesta a este ataque, dos dias mas tarde 18 empleados de la hacienda Los Cunas, en el municipio de Churido, de influencia del EPL, fueron sacados del autobus que los conducia a su trabajo y asesinados, probablemente por comandos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En septiembre presuntos paramilitares masacraron a ocho miembros del Partido Comunista, en la ciudad de Turbo, y en represalias ese mismo mes las FARC mataron a 28 campesinos.
Fuentes de organismos de derechos humanos indican que en Uraba transitan mas de 70 paramilitares, unos 600 insurgentes (de las FARC, disidentes del EPL y del Ejercito de Liberacion Nacional, ELN) y 2.400 soldados del Ejercito Nacional.
La guerrilla y los paramilitares no combaten directamente entre si, pero segun los campesinos las localidades de la zona estan "sembradas de centenares de cadaveres". Se trataria en su mayoria de personas acusadas por un bando de colaborar con el otro.
Para hacer frente a la crisis se constituyo en 1995 una comision integrada por representantes de la Defensoria del Pueblo (ombudsman), la Iglesia Catolica de Apartado, el Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP) y otras fuerzas de la sociedad civil.
Esta semana la Comision elevo una serie de propuestas al gobierno, entre las cuales la necesidad de promover una salida negociada a la situacion con los distintos sectores en conflicto y por medio de politicas que permitan generar un nuevo orden social, economico y politico en la region.
Planteo tambien que las partes enfrentadas se comprometan a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario y se ajusten a las disposicioens del Protocolo II de Ginebra que protegen a la poblacion civil.
Para el cumplimiento de esos compromisos sugiere la creacion de un organismo internacional de veeduria y un organismo integrado por civiles y militares que vigile el respeto de los derechos humanos.
La Comsion tambien reclama "una participacion activa" de los sectores de la sociedad civil que puedan contribuir al acercamiento de las partes y al diseno por parte del Estado de una politica integral de atencion a las victimas de la violencia.
De acuerdo a la alcaldesa de Apartado, Gloria Cuartas, la Comision realizo una verdadera "propuesta de gobernabilidad" para la region, ya que se logro con el consenso de todas las fuerzas sociales y politicas del area. (FIN/IPS/yf/dg/ip-pr-hd/96)
