Dos proyectos financiados por el Banco Mundial en Indonesia, vinculados a la planificacion familiar y a una central hidroelectrica, resultaron en la violacion de derechos humanos, segun activistas de ese pais y de Estados Unidos.
En un informe titulado "En nombre del desarrollo: Los Derechos Humanos y el Banco Mundial en Indonesia", los activistas denunciaron torturas y amenazas de muerte contra aldeanos que se resistieron a participar en los proyectos.
El documento fue publicado por el Comite de Abogados para los Derechos Humanos, de Nueva York, y el Instituto de Estudios Politicos y Defensa, de Jakarta, que intentan incorporar el caso al debate que representantes de agencias oficiales de asistencia mantendran a fin de mes en Paris a iniciativa del Banco Mundial.
El Comite de Abogados y el Instituto de Jakarta analizaron en su informe la ejecucion de programas de planificacion familiar lanzados en Indonesia con apoyo en prestamos por 212 millones de dolares concedidos en los ultimos diez anos por el Banco Mundial.
Tambien estudiaron el proyecto de la represa de Kedung Ombo, en Java Central, que fue construida en 1989 con ayuda de creditos blandos del Banco por 166 millones de dolares y provoco el desplazamiento de 5.390 familias que habitaban 20 aldeas en una extension de 6.700 hectareas.
Funcionarios del gobierno, frecuentemente acompanados por soldados, recorrieron las aldeas para informar a los habitantes sobre los nuevos proyectos.
Los agentes gubernamentales informaron a las mujeres que debian aceptar el implante de dispositivos anticonceptivos, y en el caso de la represa, se notifico a los aldeanos que tendrian que desalojar el area para dar lugar al embalse.
La poblacion acepto en general las instrucciones del gobierno y el ejercito, pero quienes se resistieron fueron acosados y a veces torturados, o forzados a cumplir las ordenes, de acuerdo con el informe divulgado.
La campana masiva de planificacion familiar fue realizada por medicos, dirigentes comunales, el ejercito y la policia. Grupos de mujeres respaldadas por el gobierno conducian a las aldeanas a una clinica para que se les implantara dispositivos intrauterinos (DIU).
En una localidad de Java occidental, el DIU fue implantado sin el consentimiento de las afectadas, segun la informacion recogida por los defensores de derechos humanos.
Mientras, un residente de Kedung Cumpleng aseguro que las fuerzas de seguridad lo "interrogaron y torturaron" debido a su negativa a abandonar su lugar de radicacion, donde se habilitaria el embalse de la represa.
"Me forzaron a aceptar la compensacion" por reasentamiento, "amenazandome con esposarme y llevarme a prision, despues de lo cual perderia mi tierra", dijo Boyolali, el denunciante.
Un funcionario del Banco Mundial declaro a IPS haber entregado a sus superiores informacion sobre los hechos irregulares en Kedung Ombo, pero la denuncia no fue atendida.
El llamado "Informe de Conclusion del Proyecto" de Kedung Ombo, un documento interno del Banco, destaco en diciembre que, mientras informes de los anos 1987 y 1988 aseguraban que la situacion se hallaba "bajo control" en el area de la represa, habia evidencia de que ocurria lo contrario.
La oficina de Indonesia del Banco comunico que la institucion se propone implementar las recomendaciones del Informe de Conclusion, que exigen "una mayor supervision" de todo programa especifico y discusiones preliminares con los gobiernos para evitar el surgimiento de problemas.
Pero se trata de recomendaciones para el futuro, que no ayudaran a las familias desplazadas por las obras de Kedung Ombo. Segun el Banco Mundial, los metodos de reubicacion fueron "altamente defectuosos", y determinaron el deterioro de las condiciones de vida de 72 por ciento de los afectados. (FIN/IPS/tra-en/pc/jl/ml-ff/ap hd/95
