Victimas del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia hicieron hoy un llamado a la comunidad internacional para que condicione sus recursos de cooperacion a un efectivo compromiso del gobierno con el respeto de los derechos humanos.
El llamado fue hecho por el Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados (GAD), integrado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Catolica, la Comision Andina de Juristas, el Centro de Educacion y Cultura Popular, las Brigadas Internacionales de Paz y la Consejeria de Proyectos para Refugiados Latinoamericanos.
Colombia cuenta con preferencias arancelarias para una gran parte de sus productos en Estados Unidos y la Union Europea, como resultado de la cooperacion en su lucha contra el narcotrafico.
El GAD presento un informe sobre el exodo de 15.000 personas de la region de Uraba, en el noroeste del pais, a causa del fuego cruzado entre las fuerzas militares, grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartado, principal centro urbano de Uraba, senalo que esta situacion de violencia ha dejado un promedio anual de 1.500 muertes entre la poblacion civil.
Diego Perez, investigador de Centro de Educacion y Cultura Popular, indico que solo en la poblacion de Necocli, entre marzo y mayo han sido asesinadas 126 personas y otras 124 estan desaparecidas, segun datos de los fiscales para los derechos humanos.
En Carepa, Turbo y Apartado, tambien localidades de Uraba, el 12 de mayo fueron asesinadas presuntamente por grupos paramilitares de derecha otras 31 personas.
Esta violencia indiscriminada se ha extendido tambien a otras regiones del pais y durante la ultima decada ha dejado mas de medio millon de victimas que han tenido que abandonar sus casas y parcelas.
El mayor drama lo han tenido que afrontar las mujeres, 341.204 de las que una cuarta parte son jefes de hogar.
El GAD hizo un llamado a la comunidad internacional para que organice una mision especial que estudie el fenomeno paramilitar y "proponga mecanismos concretos para el desmantelamiento real de estos grupos".
La organizacion senalo igualmente la necesidad de que esta mision haga un seguimiento de las politicas que el Estado ha anunciado para el respeto de los derechos humanos en el pais.
El Centro de Educacion y Cultura Popular y otros organismos no gubernamentales reconocieron que durante los 10 meses de gobierno del presidente Ernesto Samper ha habido avances en la parte normativa relacionada con la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, senalaron igualmente que estos avances no se han traducido en los hechos, ya que hubieron 1.578 victimas de violaciones a los derechos humanos entre agosto, cuando Samper asumio el mandato, y abril pasado. (FIN/IPS/yf/ag/hd/95
