La responsabilidad por la accion de los Grupos Antiterroristas de Liberacion (GAL), que hicieron una guerra sucia contra los independentistas vascos entre 1983 y 1987, llego esta semana a las puertas del Palacio de La Moncloa, residencia oficial del jefe del Gobierno espanol, Felipe Gonzalez.
El juez Baltasar Garzon, quien investiga el secuestro en diciembre de 1983 de Segundo Marey, un espanol residente en el sur de Francia, dispuso esta semana la prision incondicional del ex secretario (viceministro) de Seguridad del Estado Rafael Vera y de Ricardo Garcia Damborenea, secretario general de los socialistas vizcainos (provincia de Vizcaya, capital Bilbao) en aquella epoca.
Los GAL cometieron 39 atentados, con bombas y ametrallamientos, que ocasionaron la muerte a 26 personas, aproximadamente la mitad de ellas ajenas a las actividades de la organizacion separatista ETA o de su entorno politico y social.
La primera victima, Marey, y la ultima, Juan Carlos Garcia Goena, muerto por la explosion de una bomba en 1987, carecian de actividad politica.
Garcia Goena era un pacifista, opuesto al uso de las armas, hasta el extremo de negarse a realizar el servicio militar, razon por la que traslado su residencia al sur de Francia, donde trabajaba y realizaba una vida normal cuando una bomba de los GAL acabo con su vida.
El auto de prision de Vera, firmado por Garzon despues de recibir la conformidad de los fiscales, afirma que "se organizo una trama terrorista vinculada a responsables del Ministerio del Interior" y resena doce pruebas y testimonios, uno de ellos de dos ex policias "arrepentidos", Jose Amedo y Michel Dominguez.
El gobierno y el gobernante Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) se han solidarizado totalmente con Vera y con cinco altos y ex altos cargos del Ministerio del Interior que lo acompanan en la prision, a la espera del juicio.
Los ex ministros Jose Barrionuevo y Jose Luis Corcuera, a cuyas ordenes estuvo doce anos Vera, le expresaron su solidaridad en una rueda de prensa ofrecida el viernes 17 en la sede central del PSOE, en la que asumieron y respaldaron toda la actuacion del ex Secretario de Estado y afirmaron que la acusacion en su contra es falsa e injusta.
El Consejero (ministro) del Interior del Gobierno Vasco, Juan Maria Atutxa, dijo el jueves que si se comprobara la responsabilidad del Gobierno en el caso Gal, Gonzalez deberia renunciar antes de que pasaran tres minutos.
Atutxa es miembro del PNV, partido mayoritario en el pais vasco y con el cual el PSOE gobierna en coalicion en aquella comunidad autonoma.
No obstante, el cierre de filas de los socialistas en defensa de los encausados es dificil que impida que en los proximos dias estos reciban nueva compania o de que se comprueben nuevos hechos delictivos.
El socialista Joaquin Leguina, Presidente de la Comunidad Autonoma de Madrid y el portavoz del PNV, Inaki Anasagasti, coincidieron el viernes 17 en vaticinar que "algun ministro" seguira a Vera en la carcel, aunque no quisieron dar su nombre.
Y para el lunes 20 esta previsto que la Audiencia Nacional disponga la reapertura del sumario generico de los GAL, que trata sobre todos los atentados y la trama de esa organizacion ilegal. El sumario por el cual estan en la carcel Vera y sus colaboradores trata solamente del secuestro de Marey.
En 1988 Garzon debio cerrar en falso el sumario generico, al negarse el Gobierno a que ningun funcionario declarase en relacion con el uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior para financiar los GAL.
Ahora, a la luz de nuevas evidencias que constan en el sumario del caso Garey, la fiscalia, el juez y la Audiencia, organo superior de justicia, coinciden en que existen elementos para reabrir ese sumario generico. De esa manera, el caso GAL llega hasta las puertas de la Moncloa, ya que uno de los proximos citados como inculpado podria ser Barrionuevo, segun fuentes judiciales.
Quizas por eso, el Sindicato Unificado de Policia (SUP), toma distancia de los responsables politicos de Interior. Su secretario general, Jose Manuel Sanchez Fornet, declaro este sabado que su sindicato no esta en condiciones de defender a ningun alto cargo y pidio que se separe la responsbilidad de los politicos al frente del Ministerio, del accionar normal de la policia. (FIN/IPS/td/pc/np/95)
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