Las maniobras irregulares o de corrupcion dentro de la administracion publica de Uruguay se veran acotadas a partir de 1995, luego de la sancion del senado a una ley que otorga a los legisladores mayores facultades para invstigar.
La norma aprobada este martes establece que las comisiones investigadoras parlamentarias podran indagar directamente a organismos estatales, pero tambien a empresas privadas y personas juridicas de derecho privado.
Las actuales normas no permitian avanzar en muchas indagatorias o denuncias, por la falta de facultades de que disponian los legisladores.
Supuestas maniobras irregulares dentro del Banco de Seguros del Estado, terminaron en noviembre con el archivo de la investigacion.
Sin embargo, legisladores del izquierdista Frente Amplio, denunciaron los hechos ante la justicia, que esta semana comenzo a citar a los involucrados.
El proyecto sancionado habia sido aprobado por una comision de la camara de diputados en julio de 1985, y desde entonces ingreso en un laberinto burocratico del que demoro casi una decada en salir.
En la ultima sesion del Senado, que sera renovado el 15 de febrero, la iniciativa resulto aprobada con la oposicion del Partido Colorado, cuyo lider, Julio Sanguinetti, gobernara a partir del 1 de marzo del ano proximo.
Ahora, las comisiones investigadoras podran pedir que se levante el rigido secreto bancario imperante en Uruguay, mediante una solicitud fundada ante la justicia.
El juez debera decidir en un plazo de cinco dias y su decision es suceptible de apelacion, y en este caso el tribunal tendra el mismo plazo para fallar que el magistrado de primera instancia.
El secreto bancario uruguayo ha recibido severas criticas desde el exterior, en particular de Estados Unidos, porque se afirma que contribuye a fomentar el lavado de dinero procedente del narcotrafico.
Los parlamentarios tendran ahora facultades para citar a particulares y funcionarios publicos en calidad de testigos, y si estos se niegan podran ser conducidos por la policia.
Este mecanismo es igual al que rige para el poder judicial, pero en este caso, todo citado tendra derecho a ser asistido por un abogado, durante el interrogatorio parlamentario.
El testigo que mienta ante el parlamento u oculte informacion, sera castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prision.
Dentro de la administracion publica uruguaya no han existido grandes denuncias de corrupcion, y son excepcionales los casos comprobados a nivel legislativo.
Sin embargo, por primera vez en su historia, el Tribunal de Cuentas, organismo fiscalizador de la hacienda publica, advirtio esta semana sobre la "existencia embrionaria" de fenomenos de corrupcion dentro de la administacion publica.
Para el tribunal, esos fenomenos deben "atenderse debido a su generalizacion internacional". (FIN/IPS/rr/dm/np/94)
