La Corte Suprema de Justicia de Venezuela admitio hoy la demanda civil que presento el fiscal general, Ivan Badell, para que la nacion sea resarcida en 3,6 millones de dolares por la corrupcion que imputa al enjuiciado ex presidente Carlos Andres Perez.
Uno de los 15 magistrados del supremo tribunal, Rafael Alfonzo, fue encargado de presentar la proxima semana una ponencia acerca de si procede asegurar, en favor del tesoro publico, los bienes que Perez declaro poseer, bajo juramento, y que estan lejos de cubrir el monto de la demanda.
"No tengo dinero para pagar lo que me pide el fiscal", expreso el ex mandatario desde su residencia, donde cumple arresto despues de permanecer en una carcel comun durante dos meses, entre mayo y julio.
Perez es acusado de malversacion (desvio) y peculado (apropiacion) de 17 millones de dolares en febrero de 1989, primer ano de su segunda presidencia, y que segun la acusacion y la Corte empleo ilegalmente para colaborar con el gobierno de Nicaragua en 1990.
En mayo de 1993, ocho meses antes de concluir su mandato, Perez fue destituido despues que la Corte encontro meritos para enjuiciarlo y recibio para ello autorizacion del Senado.
Un ano despues, la Corte, con el voto de 10 de sus 15 magistrados, ordeno su detencion e inicio formalmente el juicio, cuya parte sustantiva comenzo hace dos dias, cuando el fiscal presento cargos y dio paso al periodo de pruebas.
El fiscal sostuvo que la malversacion fue agravada porque se produjo con dano al patrimonio nacional, lo que elevaria en un tercio la condena penal, en caso de que se encontrase culpable al presidente, y pidio resarcir al Tesoro publico.
Los cargos contra Perez tienen penas de entre tres y 10 anos de prision -el ex mandatario no puede ir a la carcel por ser mayor de 70 anos, segun la ley- y la novedad radica en agregar la solicitud de resarcir al tesoro por los presuntos danos.
Los 17 millones de dolares equivalian a 250 millones de bolivares al cambio oficial de la epoca, y sobre esa base el fiscal calculo en poco mas de 600 millones de bolivares (3,6 millones de dolares al cambio actual) el dano patrimonial que se produjo.
La declaracion jurada de bienes que Perez entrego a la Corte lo senalan como propietario de dos viviendas y dos cuentas de ahorro que suman solo algunos millones de bolivares.
El juicio alcanza tambien a dos ex ministros de Perez, Alejandro Izaguirre (Interior), tambien recluido en su residencia, y Reinaldo Figueredo (canciller), quien se encuentra en el exterior, y a los ex administradores de los ministerios del Interior y de la Secretaria de la Presidencia.
Perez insiste en que no hay argumentos juridicos en el juicio y que contra el se produjo "un autentico golpe de estado" tras el fracaso, en 1992, de dos cruentas sublevaciones militares en contra de su gobierno.
La decision del fiscal "no me sorprende, porque es la continuidad de la confabulacion de que soy victima", dijo el ex mandatario socialdemocrata de 72 anos, al insistir en que se trata "de un proceso politico, sin asidero en el derecho". (FIN/IPS/hm/ag/np/94
