Nunca como ahora los ojos de la comunidad internacional estuvieron tan pendientes del desarrollo de los acontecimientos en Guatemala. En pocas semanas se han conjugado en este pais centroamericano las vigilantes miradas de los mas altos exponentes de los derechos humanos.
La situacion que en sectores politicos y periodisticos nacionales causa un recelo disimulado, alcanzo este jueves su apogeo con la coincidente llegada del director de la Mision de Naciones Unidas para la Verificacion de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), el argentino Leonardo Franco.
Su visita se produce apenas unas horas mas tarde del arribo de la asesora de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), la tambien argentina Monica Pinto.
Con la llegada de Franco se concretara la demorada instalacion de MINUGUA, creada en el marco del dialogo de paz entre el gobierno y la guerrilla, con el fin de velar por el cumplimiento del Acuerdo de Derechos Humanos, firmado en marzo.
Por su parte, Pinto anuncio que durante 11 dias conocera el avance de las recomendaciones sobre derechos humanos que hizo al gobierno durante su anterior visita, a fines del ano pasado.
Extraoficialmente, desde circulos del gobierno se expreso la disconformidad de que dos instancias de la ONU se superpusieran para un mismo objetivo: el ambito de los derechos humanos.
Pero no valieron los reclamos ante la claridad de dos mandatos bien diferenciados: la calidad de asesora de la experta, de acuerdo con una resolucion de la Comision de Derechos Humanos de ONU, y el mandato de MINUGUA, enmarcado en la camisa de las negociaciones de paz, con un estatus de verificacion.
La presencia de estos dos funcionarios es apenas una parte de los desvelos del gobierno de Ramiro de Leon, un ex procurador de derechos humanos que debera demostrar que en su pais se respetan las garantias individuales y colectivas.
El triangulo se cerrara esta semana con la llegada de John Shattuck, subsecretario del Bureau de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, del gobierno de Estados Unidos.
Un escueto comunicado de esa embajada senala que Shattuck se entrevistara con representantes de organizaciones no gubernamentales y con lideres de derechos humanos para "conversar acerca de las instituciones democraticas, laborales y de la situacion en general de los derechos humanos".
Esto ocurre en momentos en que todavia no se calmaron las aguas dentro de las fuerzas armadas por el caso de la estadounidense Jennifer Harbury, que la semana pasada concluyo una huelga de hambre que habia iniciado hacia un mes para exigir la aparicion de su esposo, el guerrillero Efrain Bamaca.
Segun Harbury, que viajo a su pais para hablar sobre el caso con "altos funcionarios" de la Casa Blanca, su esposo, conocido como "Comandante Everardo", es prisionero desde hace dos anos, en una carcel clandestina del ejercito.
Por informaciones que atribuye a la Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, Harbury puso el dedo en la llaga al revelar que su esposo vive, y que es sometido a torturas.
De comprobarse ese extremo, quedaria al descubierto una realidad negada por el ejercito y por De Leon: la existencia de prisiones clandestinas y la ejecucion de torturas.
Fernando Castanon, encargado de la mision preparatoria de MINUGUA, se esforzo por aclarar que esa instancia no erosionara la soberania de Guatemala, Estado miembro de la ONU, y que mucho menos sustituira a instituciones nacionales.
En un intento por aliviar los afectados sentimientos nacionalistas ante la presencia de mas de 200 observadores extranjeros, el funcionario felicito a los guatemaltecos "por esa mezcla de valentia y humildad" al aceptar este hecho.
?Estara el ejercito, al que todas las organizaciones de derechos humanos responsabilizan de la mayoria de las violaciones a los derechos humanos, preparado para este alud de inminentes senalamientos?, es la pregunta que flota en el ambiente.
?Habra sido suficiente que la ONU pidiera a la institucion castrense que integre una mision de verificacion de derechos humanos en Haiti, para recuperar un poco su vapuleado prestigio?
Mientras esas preguntas esperan una temida o aliviada respuesta, el panorama no es nada alentador, segun se desprende de numerosos informes sobre la situacion de las garantias individuales.
Pese a que todos los ojos miran a este pais aun en guerra interna despues de tres decadas, solo de enero a octubre de este ano se produjeron 1.243 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, segun el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), integrado por familiares de detenidos-desaparecidos.
El GAM, que lucha por la causa de los 45 mil desaparecidos politicos en el pais, incluye en el informe, que presentara a Pinto, 829 asesinatos y 117 ejecuciones extrajudiciales, estas ultimas atribuidas a grupos paramilitares. (FIN/IPS/ff/mso/hr/94) —
