La aprobación en forma aplastante del texto de la nueva Constitución, en un referendo realizado este domingo 24 en Cuba, permite al gobierno Miguel Díaz-Canel tomar el pulso al consenso con que cuenta la gestión del primer civil presidente en seis décadas.
La Comisión Electoral Nacional (CEN) informó de forma preliminar este lunes 25 que acudieron a las urnas 7.848.343 electores, en Cuba y misiones oficiales en el exterior, lo que se traduce en 84 por ciento de participación según cifras provisionales.
Los votos a favor del “sí” sumaron 6.816.169, equivalentes a 86,85 por ciento de los electores, frente a 706.400 que optaron por el “no”, de un total de 7.522.569 boletas válidas, lo que equivale a nueve por ciento, según el CEN.
Los sufragios en blanco fueron 198.674 y los anulados 127.100, según los sufragios realizados en 25.245 colegios electorales de 12.635 circunscripciones.
“La etapa que viene ahora es clave y decisiva, y puede matizar la orientación de lo planteado en la Constitución”, dijo a IPS el profesor universitario Enrique López Oliva. “Las leyes complementarias son las que van a regular las actividades porque la Constitución establece solo los principios”, explicó.
La Constitución de 229 artículos aprobada proclama en su artículo 4 que el sistema socialista que refrenda la ley fundamental es “irrevocable” y en el 5 confiere al Partido Comunista de Cuba (PCC) el papel de fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.
“Ahora viene un período muy intenso de actividad legislativa en la cual se demostrará si la Constitución escrita coincide con la Constitución real”, dijo a IPS el analista político independiente Carlos Alzugaray, para quien el referendo fue “un éxito para el gobierno en dos sentidos”: ganó el “sí” y hubo alta participación a las urnas.
Por otro lado, consideró que, “como contrapartida, el gobierno no podrá ignorar los 706.400 cubanos que votaron por el “no” que, sumados a los
325.774 que votaron en blanco o echaron a perder sus boletas, hacen una suma total de 1.032.174 ciudadanos que no ratificaron la reforma constitucional”.
Según el cronograma fijado por la nueva Constitución, la tarea más urgente luego de su entrada en vigor, es la aprobación antes de seis meses, de la Ley Electoral por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), cuyos diputados electos por voto directo y secreto en 2018 se mantienen en sus cargos hasta concluir su mandato de cinco años.
El parlamento, definido como el órgano supremo del poder del Estado y único con potestad constituyente y legislativa, elige de entre sus diputados, en un plazo de tres meses luego de aprobada la Ley Electoral, a su presidente, vicepresidente y demás miembros del Consejo de Estado.
Elige además al presidente y vicepresidente de la República. Posteriormente, el presidente propone a la Asamblea legislativa la designación del primer ministro (jefe de gobierno), viceprimeros ministros, secretario y demás miembros del Consejo de Ministros.
Entre otras novedades, la Constitución confiere al presidente y jefe del Estado, entre otras muchas responsabilidades, desempeñar la jefatura suprema de las instituciones armadas y determinar su organización general, una facultad que históricamente estuvo reservada a Fidel Castro (1926-2016) y a su hermano Raúl, que gobernó el país hasta abril de 2018.
Un aspecto criticado de la nueva Constitución por juristas de todos los signos políticos radica en las 111 remisiones a leyes posteriores, es decir, que traspasa la definición de asuntos como el matrimonio a normas que se modificarán o redactarán de ahora en adelante.
Especialistas alertan que las remisiones pueden traer deformaciones con respecto a lo planteado en la ley fundamental, con los riesgos consiguientes en la gobernanza y claridad legal.
“Hay que ver en qué medida estas leyes responderán a las necesidades de la población y cómo va a ser la participación ciudadana en este período que comienza, en especial las organizaciones no gubernamentales y las de carácter religioso”, indicó López Oliva, especialista en sociología de las religiones.
El referendo encontró al gobierno enfrascado en la recuperación del desastre causado el 27 de enero en cinco municipios habaneros por un poderoso tornado que aumenta las tensiones financieras del país y en medio de una recesión económica que no repunta.
A la vez, el recrudecimiento de la política hostil del gobierno estadounidense de Donald Trump y el agravamiento de la crisis en Venezuela, su determinante aliado en la región, podría añadir nuevos sinsabores a la vida cotidiana de la población cubana de 11,2 millones.
“La Constitución propone cambios serios desde el punto de vista social y económico”, dijo a IPS el ingeniero Javier Córdova, luego de votar el domingo en un colegio en Luyanó, uno de los barrios habaneros afectados por el devastador tornado, que dejó siete fallecidos y 10.000 desplazados.
A juicio de Córdova, la reestructuración en la institucionalidad cubana que comenzaría una vez que entre en vigor la nueva ley fundamental con su publicación en la Gaceta Oficial “va a impactar bastante en la vida cotidiana de las personas”.[related_articles]
La demolición de edificaciones dañadas, venta de materiales a las familias damnificadas y obras de reconstrucción se mantuvieron activas el día del referendo, en una comunidad que todavía atraviesa momentos complejos y tensos a un mes del desastre inesperado y arrasador.
Camiones cargados con piedras salían junto al local en la Calzada de Luyanó, donde operó la circunscripción que coordinó el colegio electoral de Córdova y otros dos. Ubicada en la sede de un punto de venta de materiales para los damnificados, esta circunscripción identificó 1.361 electores.
“La evolución va a ser mucho mejor si se aplica todo lo establecido en la nueva Constitución”, valoró la jubilada Juana María Salazar, quien participó en el referendo anterior de 1976 y trabajó en la comisión electoral de esa circunscripción en Luyanó. “Tenemos cambios totales (…) y un nuevo gobierno”, concluyó.
A contrapelo de esas dificultades presentes desde que asumió la presidencia en abril del pasado año, Díaz-Canel mantuvo su estilo de dirección ágil, de intercambio directo con el pueblo y constantes visitas a territorios y comunidades en compañía de algunos ministros, conminados a la vez a rendir cuentas de su gestión ante la opinión pública.
Este desempeño contribuyó al parecer a sumar puntos en favor de su popularidad. En las redes sociales, a menudo se le felicita por contacto cotidiano con la población aunque también recibe críticas. El ascenso del político a la presidencia contó con el público respaldo de Raúl Castro, actual primer secretario del gobernante PCC y gobernante entre 2008 y junio 2018.
Como en la etapa previa, la sociedad civil estuvo muy activa el día del referendo en las redes sociales de Internet. Se reportaron pequeñas protestas de grupos opositores al gobierno socialista, quienes divulgaron sobre acciones punitivas cometidas contra algunos líderes y observadores electorales independientes.
Por vez primera y gracias al mayor acceso a Internet, muchas personas fotografiaron su voto y lo compartieron en las redes, mientras activistas de diverso signo político acudieron a la observación pública de los votos en sus respectivos colegios, aunque algunos lamentaron la negativa de algunas autoridades a fotografiar.
El texto aprobado resultó de un proceso que comenzó en junio e incluyó una consulta popular, del 13 de agosto al 15 de noviembre, que según las autoridades cambió alrededor del 60 por ciento de su articulado. El proceso de votación estuvo precedido de una vasta campaña oficial en favor del “sí” y otra alternativa por el “no” confinada a Internet.
Edición: Estrella Gutiérrez
