La suerte de una histórica declaración que reconoce los derechos de más de 1.000 millones de campesinos en el mundo se define en la última semana de septiembre, en una votación del Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano en la materia de las Naciones Unidas.
La elaboración del texto definitivo demandó un largo debate de un grupo de trabajo especializado que durante siete años evidenció profundas diferencias entre naciones del Sur en desarrollo, favorables a la iniciativa, y las del Norte industrial, en este caso con la singular excepción de Suiza.
El documento amalgama reivindicaciones seculares de los campesinos, como el derecho sobre la tierra, con reclamos más actuales como el derecho a las semillas y, en particular, la eliminación de la discriminación contra las campesinas y otras mujeres que trabajan en las áreas rurales.
El sujeto de la Declaración para los Derechos de los Campesinos y Otras Personas Trabajando en las Zonas Rurales es toda persona que se ocupa o trata de hacerlo, sola o en comunidad, de la producción de agricultura para subsistencia o para el mercado y emplea trabajo familiar.
La descripción abarca a agricultores artesanales o en pequeña escala, a criadores de ganado, pastores, pescadores, guardias forestales, cazadores, recolectores y artesanos vinculados a la agricultura o a otras actividades rurales.
Esa masa de trabajadores, que sumada a sus familiares puede abarcar hasta un tercio de la población mundial, figura en todas las estadísticas como el sector más desprotegido del planeta.
En abril, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIWG, en inglés), creado en 2012 para redactar el texto en el marco de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pactó el texto del proyecto de la Declaración.
En esa ocasión, la alta comisionada adjunta de Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore, observó que “aunque los pequeños agricultores suministran una elevada proporción de los alimentos consumidos a nivel local, hasta 80 por ciento en Asia y en África Subsahariana, 80 por ciento de la población mundial que padece hambre vive en zonas rurales”.
“Proteger los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales es proteger la principal fuente de alimentación en todo el mundo”, justificó el encargado de negocios de Bolivia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra, Ruddy Flores, al proponer formalmente el viernes 21 la aprobación del texto en las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
También significa “ proteger la biodiversidad de la que dependen los sistemas alimentarios, los empleos y medios de vida de millones de familias, promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y adaptación al cambio climático y sobre todo proclamar la igualdad de derechos”, precisó Flores.
La representación de Bolivia ante la ONU en Ginebra ha liderado los trabajos del OEIWG para consensuar el proyecto, como su presidente-relator y por ello correspondió a Flores presentar el texto al Consejo de Derechos Humanos, cuyo 39 periodo de sesiones comenzó el día 10 y culmina el viernes 28.
Si este máximo órgano para los Derechos Humanos aprueba el texto, el proyecto de Declaración para los derechos campesinos sería sometido a la decisión final de la Asamblea General de la ONU, cuyas sesiones anuales comenzaron el día 18 y cuyo debate general concluirá el 1 de octubre.
El proyecto de Declaración garantiza a todos los trabajadores rurales el disfrute pleno, individual y colectivo, de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidas por todas las declaraciones, documentos y tratados adoptados por el sistema de las Naciones Unidas.
Exime igualmente a los campesinos de “toda clase de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en los terrenos de raza, color, descendencia, sexo, idioma, cultura, estado marital, propiedad, discapacidad, nacionalidad, edad, opiniones incluidas las políticas, religión, nacimiento o situación económica, social o de otra clase”.
A las mujeres campesinas les reconoce “garantías particulares en los campos de la planificación para el desarrollo, de acceso a la salud, la seguridad social, la educación y a vivir libres de la violencia”.
La Declaración establece asimismo que los Estados deben reconocer a las mujeres campesinas el acceso equitativo al uso y control de la tierra y de los recursos naturales, con independencia de su estado civil y marital.
Una investigación de la organización no gubernamental Fian International comprobó que pese a su contribución en la producción de alimentos, las mujeres son propietarias de menos del dos por ciento de la tierra a nivel mundial.
El texto proclama que todos los campesinos y trabajadores rurales gozarán del derecho a las semillas.
La Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos consignó en un estudio que, durante 10.000 años, los campesinos han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como también las han usado y reusado para producir alimentos.
Ese derecho consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional desde 2001 en respuesta a los desafíos que planteaba la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
La abrumadora mayoría de trabajadores rurales de los países en desarrollo se guía por los sistemas tradicionales de producción y transferencia de alimentos y semillas, observa la Academia de Ginebra.
Por ello, el reconocimiento de esa atribución por parte de proyecto de Declaración “es crucial para la realización de los derechos humanos de los campesinos”, opinó la institución especializada.
Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con los sectores campesinos desempeñaron un papel clave durante el largo debate que se cerrará durante las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
El campesino senegales Ndiakhate Fall, representante de la coordinación africana de la organización internacional La Vía Campesina, dijo a IPS que la Declaración “constituye una base sólida para responder a los desafíos que afronta actualmente el campesinado de África”.
La Declaración “puede prevenir numerosas discriminaciones y violaciones de sus derechos humanos y a la vez garantizar la soberanía alimentaria, el mantenimiento de la biodiversidad y a poner un freno a las alteraciones climáticas”, explicó.
Melik Ozden, director del Centro Europa Tercer Mundo, con sede en Ginebra, observó que “la globalización neoliberal de las últimas décadas ha favorecido el monopolio de compañías transnacionales en la cadena alimentaria”.
En consecuencia, “los campesinos han sido despojados de sus recursos, tierras, semillas, agua, vivienda y otros”, afirmó a IPS.
Los trabajadores rurales “ya no controlan los procesos, los instrumentos ni tampoco la comercialización de sus productos”, subrayó Ozden.
Por esa razón, los campesinos “recalan en los asentamientos marginales urbanos o se transforman en migrantes ‘ilegales’ en terceros países, forzados a vender su fuerza de trabajo en condiciones degradantes”, concluyó.
Edición: Estrella Gutiérrez
