El auge de la criminalidad agrava la crisis en Brasil

Militares y policías se movilizan hacia una favela de Río de Janeiro, el 21 de agosto, en un gran operativo en ocho de esos barrios hacinados, una de las actuaciones con que las fuerzas de seguridad tratan de combatir el crecimiento de la violencia criminal en la ciudad. Crédito: Vladimir Platonow/Agência Brasil
Militares y policías se movilizan hacia una favela de Río de Janeiro, el 21 de agosto, en un gran operativo en ocho de esos barrios hacinados, una de las actuaciones con que las fuerzas de seguridad tratan de combatir el crecimiento de la violencia criminal en la ciudad. Crédito: Vladimir Platonow/Agência Brasil

Brasil sufre un auge de la violencia urbana que se suma a la recesión económica, al alto desempleo y el deterioro político, pero los analistas no lo identifican aún como una tendencia permanente, pese a los factores que la fomentan.

Un gran aumento de homicidios y delitos con violencia, además de casos conmovedores, como los de bebes muertos por “balas perdidas”, uno de ellos aún en el útero de la madre, volvieron a destacar a Río de Janeiro como capital de la violencia, por su gran repercusión.

Los tiroteos, especialmente en las numerosas favelas (barrios pobres y hacinados) de la ciudad, asustan a la población desde el año pasado, después de ocho años de descenso de la criminalidad local.

Brasil sufrió una acentuada recesión económica en 2015 y 2016, con caída acumulada de 7,2 por ciento en el producto interno bruto, seguida de estancamiento este año. El suroriental estado de Río de Janeiro es uno de los  más afectados, especialmente en la pérdida de empleos.

“No creo en ese aumento de la criminalidad como un efecto tan rápido de la crisis económica”, dijo Silvia Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec), de la Universidad Cándido Mendes.

Su preocupación mayor es con la violencia policial, revelando falta de capacitación y  malas políticas de seguridad.

Enfrentamientos entre la policía y bandas criminales en la favela Jacarézinho desde el 11 de agosto, cuando resulto muerto allí el policía civil Bruno Buhler, de 36 años, ya provocaron al menos siete muertos y ocho heridos, la mayoría residentes ajenos a la confrontación.

“Parece venganza de policiales sin control, con incursiones seguidas durante más de diez días, sin planificación y que se sepa quien las autoriza. Hacen la guerra como si los pobladores fueran culpables”, señaló Ramos en diálogo con IPS.

La truculencia policial es uno de los principales factores del aumento de la criminalidad en el estado de Río de Janeiro desde el año pasado. “Es un motor poderoso de la violencia y el crimen”, sostuvo la psicóloga con doctorado en violencia y salud.

Los frecuentes tiroteos obligaron a cerrar escuelas, dejando sin clases a decenas de miles de estudiantes durante varios días en los últimos meses.

Las estadísticas oficiales, del Instituto de Seguridad Pública, registraron 2.723 homicidios dolosos en el primer semestre de 2017, 10,2 por ciento más que en igual período del año pasado.

Pero el dato más revelador es el de los 581 supuestos criminales muertos por alegada resistencia a la policía, un aumento de 45,3 por ciento sobre el primer semestre de 2016.

Militares y policías se movilizan hacia una favela de Río de Janeiro, el 21 de agosto, en un gran operativo en ocho de esos barrios hacinados, una de las actuaciones con que las fuerzas de seguridad tratan de combatir el crecimiento de la violencia criminal en la ciudad. Crédito: Vladimir Platonow/Agência Brasil
Profesores y alumnos de la red municipal de educación en Río de Janeiro realizaron una jornada a favor de la paz social en sus comunidades. Varios estudiantes resultaron muertos o heridos por «balas perdidas» durante los tiroteos en las inmediaciones de los centros escolares. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

“Hay muchas ejecuciones, muertes simuladas, que quedan impunes”, acusó Ramos, basada en muchos indicios, como videos que se difundieron mostrando policías disparando sobre personas tendidas en el suelo, ya rendidas, y el gran desequilibrio ente las bajas de ambos lados, casi sin agentes de seguridad heridos o muertos en los alegados enfrentamientos.

Aparentemente, la seguridad pública en Río de Janeiro volvió a la política de enfrentamientos e invasiones militares de comunidades, abandonando la de ocupación social que puso en marcha las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que desde 2008 se implantaron en 38 favelas de la ciudad, alentando la esperanza de un exitoso combate al crimen organizado.

En las 768 favelas de la ciudad viven 22 por ciento de sus 6,5 millones de habitantes.

El índice local de homicidios, que había alcanzado el nivel de 46,7 por 100.000  habitantes en el año 2000, bajó a 20,4 por 100.000 en 2016, cuando volvió a crecer nuevamente, después de ocho años de fuerte reducción.

En lo transcurrido de 2017, el gran aumento se registró en el primer trimestre, decreciendo en el segundo, en lo que explica la cautela de los investigadores en relación a una tendencia definida.

“El auge desde 2016 puede ser estacional, es prematuro afirmar que la violencia está en alza”, según Julio Jacobo Waiselfisz, que elabora periódicamente el Mapa de la Violencia, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Brasil.

El estado de nororiental de Pernambuco, en cuya capital, Recife, vive el sociólogo argentino y coordinador de Estudios sobre Violencia de Flacso, registró una cantidad récord de asesinatos este año, un total de 2.876 en el primer semestre, 39,4 por ciento más que en el periodo enero-junio de 2016.

En cifras absolutas superó por poco al estado de Río de Janeiro, pero como su población es menor, la tasa de homicidios es muy superior, 30,6 por 100.000 habitantes.

También en este caso ese tipo de crimen tuvo fuerte aumento en el primer trimestre, bajando en los meses siguientes. Parece indicar “cierta estabilidad” en medio de oscilaciones, dijo Waiselfisz a IPS desde Recife.

“La crisis económica tiene relación con eso, pero también la reducción de las inversiones en seguridad pública”, ante la escasez de recursos públicos en el actual proceso de ajuste fiscal, destacó el investigador.

“La tendencia anterior, en lo que va del siglo, fue de alza, seguida de estabilidad y caída de la violencia, y tiene que ver también con la emergencia de las grandes organizaciones criminales, distinguiéndose de lo que pasó en el siglo pasado”, explicó.

“Antes eran grupos locales, dominando territorios limitados, ahora son nacionales e internacionales, operando el narcotráfico y el contrabando de armas, factores permanentes de la actividad criminal”, acotó.

En las cárceles se congregaron muchos líderes de bandas locales, lo que contribuyó a la organización y consolidación de los llamados “comandos”, que extendieron sus acciones y grupos a todas las regiones de Brasil y más allá de las fronteras.

Los datos de la violencia criminal en Brasil son alarmantes. La última edición del Anuario Brasileño de Seguridad Pública, con datos de 2015, registra 58.467 muertes violentas, de ellas 3.320 provocadas por la policía, 110.327 armas decomisadas y un millón de vehículos robados.

En cifras absolutas, este país con 207 millones de habitantes es el que tiene una mayor cantidad de asesinatos en el mundo, en una violencia que no modera el incremento de la población carcelaria. Brasil tenía en 2015 un total de 584.361 personas presas, más de un tercio sin condena judicial.

En el estado de Río de Janeiro, 98 policías fueron asesinados este año, generando agresivas protestas de sus colegas. Pero la mayor parte murió “fuera de servicio”, en sus horas de descanso.

“Muchos ejercen un segundo trabajo” y hay muchos indicios de que lo hacen también en actividades ilegales, según Ramos. Se incorporan así a la criminalidad organizada y a la vida de riesgo.

La corrupción en la política, que desató una ola de escándalos que ha desacreditado los podres públicos desde 2014, con denuncias que incluyen a todos los líderes del parlamento, los partidos y el gobierno actual, “también contribuye a la violencia y crimen” tanto entre policiales como en la sociedad en general, concluyó Ramos.

Editado por Estrella Gutiérrez

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