La sospecha de que hijos e hijas de detenidas desaparecidas fueron usurpados clandestinamente durante la dictadura, cobró nueva fuerza en Chile, un país que hasta ahora miró con distancia este flagelo.
“Siempre existió la sospecha de que en Chile pasó algo similar que en Argentina y que, en efecto, muchas compañeras que fueron detenidas embarazadas pudieron tener a sus hijos en centros detención”, contó a IPS una mujer de 70 años que pidió identificarla solo por Carmen, para preservar su identidad.
“No se ahondó mucho en ese tiempo, porque teníamos miedo y nadie nos escucharía”, añadió.
Carmen, una profesora que apoyó y luchó por el gobierno de la Unidad Popular, del presidente Salvador Allende (1970-1973), vivió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en una pequeña localidad del sur de Chile, donde hacía trabajo político con un grupo de otros jóvenes.[pullquote]3[/pullquote]
Horas después del derrocamiento del gobierno constitucional de Allende, en un cruento golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, Carmen vio caer abatido a un compañero que protestaba junto a ella por el avance de tropas en el pueblo donde estaba. “Es un dolor que no se supera”, aseguró.
Pese al clima de violencia e inseguridad, logró viajar a Santiago y desde aquí, salir del país al exilio.
“No estuve detenida ni fui torturada, pero muchas compañeras sí sufrieron apremios. Muchas de ellas dieron a luz a niños que no se sabe si están vivos y otras, quedaron embarazadas producto de una violación en tortura”, recordó.
La investigación oficial determinó que durante la dictadura militar (1973-1990) en Chile hubo 40.000 víctimas de tortura, de las cuales 3.095 fueron asesinadas por agentes represivos. De ellas, un millar continúan desaparecidas.
Se tiene confirmado que al menos 10 mujeres fueron detenidas embarazadas y luego desparecidas. Tenían entre 26 y 29 años, con tres a ocho meses de gestación.
En agosto, las emotivas imágenes de la activista argentina Estela de Carlotto y Guido, su nieto recuperado, dieron la vuelta al mundo.
La ubicación del nieto de la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, robado durante la dictadura argentina (1976-1983), conmovió a los chilenos que vieron como al otro lado de la frontera se avanzaba en sanar las heridas de las violaciones a los derechos humanos en un tema particularmente sensible, el de los niños nacidos en cautiverio.
Para Lorena Fríes, directora del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, existen sospechas fundadas de que en Chile podría haber hijos e hijas de detenidas desaparecidas que fueron usurpados por agentes de la dictadura, “pero no en la magnitud que en Argentina, donde fue parte de la política represiva”.
“No tengo la convicción de que haya sido así, sin perjuicio de que puedan haber casos”, aseguró a IPS.
El abogado de derechos humanos Alberto Espinoza no ha tenido hasta ahora casos jurídicos de la usurpación de niños y niñas nacidos en cautiverio.
“Tenía antecedentes de mujeres embarazadas que fueron torturadas y que, producto de la tortura, pudieron tener pérdidas, pero no antecedentes de sobrevivencia de esos niños”, afirmó.
Sin embargo, advirtió Espinoza, “no descarto que eso haya ocurrido. Ocurrieron cosas tan extraordinariamente inhumanas y excepcionales durante la dictadura militar, que no es descartable que también hayan niños sobrevivientes cuyo destino se desconoce”.
Lo cierto es que, por primera vez, la sospecha de que niños y niñas fueron usurpados por la dictadura chilena se plantea como fundada.
Sobre todo después de que en el programa Informe Especial de la pública Televisión Nacional de Chile emitió novedosos testimonios reales de mujeres violadas como parte de la tortura que sufrieron y cuyos hijos fueron dados por muertos sospechosamente.
El reportaje titulado “Los hijos invisibles de la dictadura” culminó con un inédito llamado: “Si usted conoce o tiene antecedentes de que fue adoptado y tiene entre 35 y 40 años acuda al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior”.
Lo revelado en el programa y la convocatoria pusieron los focos sobre la sospecha oficial de hijos y nietos usurpados por la dictadura, pero también de niños y niñas que nacieron producto de la violencia sexual a manos de agentes de la dictadura en los centros de detención clandestinos.
A su emisión, el 15 de este mes, siguió una conmocionada reacción en las redes sociales, mientras que el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, recibió al día siguiente a un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual política y se comprometió a avanzar en un proyecto de ley que tipifique esos hechos y la tortura como delitos.
“Hay certeza de que mucha gente, principalmente las mujeres, no han dado todo el testimonio respecto a la violencia política sexual o la tortura sexual de que fueron objeto durante la dictadura”, aseguró Fríes.
“Está comprobado, además, que las mujeres tienen un ciclo más largo para llegar a denunciar este tipo de situaciones. Por lo tanto, hay allí un tema pendiente”, detalló.[related_articles]
Por otro lado, aseguró, “han pasado muchos años y ese es el principal enemigo de la posibilidad de hacer justicia”.
Existe al menos un caso concreto de una joven nacida producto de una violación a la que fue sometida su madre durante su detención en dictadura, cuyo nombre se mantiene anónimo. Otra joven, Isabel Plaza, es hija de Rosa Lizana, detenida en la calle con siete meses de embarazo en 1975, quien permaneció un mes detenida y luego enviada al exilio.
Otro caso especial es el de Ana María Luna Barrios, quien tras enterarse de que fue adoptada, busca a su madre entre los rostros de los desaparecidos. Fue abandonada en 1976 en el Hospital Militar donde una enfermera la recogió y la adoptó posteriormente.
Ella llevó su caso a la justicia sin resultados. Pero nuevas indagaciones permitieron descubrir que el teniente de la DINA, Hernán Valle Zapata, ya fallecido, la inscribió antes del abandono, colocando a la madre cono no compareciente, al igual que hizo con otra bebe. La DINA (Dirección de Inteligencia Militar) fue la policía secreta de la dictadura.
Nieves Ayres, actualmente radicada en Nueva York, estuvo detenida en Londres 38 y Tejas Verdes, dos centros de detención y torturas. La mujer fue violada en forma sistemática y masiva, y en su relato describe que le introdujeron ratas en su vagina y fue sometida a aberraciones con perros.
Quedó embarazada de sus torturadores, aunque en su caso sufrió un aborto después.
Espinoza recordó que estos casos son considerados delitos de lesa humanidad, por lo que no tienen prescripción y pueden ser investigados, pese a que se cumplieron 24 años del retorno a la democracia en 1990.
Para Fríes, en tanto, “es probable que estos temas nos acompañen por muchísimo tiempo, por eso hay que comprender que los nuevos tiempos van abriendo nuevas puertas respecto a lo que pasó durante la dictadura y la necesidad de hacer circular esa memoria para que nunca más vuelva a pasar en Chile”.
“Hemos sido un país que avanza lento, muy lentamente a veces, pero con seguridad de que no hay retroceso. Y este tema no va a pasar de largo, si alguien estuviese esperando eso”, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez
