Sri Lanka comenzó su primera encuesta sobre familiares de personas desaparecidas, cinco años después del fin de la guerra civil, en la que murieron 40.000 personas en este país de 20 millones de habitantes.
Se espera que la evaluación produzca recomendaciones de asistencia y acabe con el duelo de muchos, señalaron funcionarios y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargados de realizar la encuesta.
En enero, el CICR propuso al gobierno de este país insular de Asia meridional que estudiara las necesidades de las familias de las personas desaparecidas en los últimos 25 años.
“Lo estamos haciendo en todo el país desde este mes. Nos acercaremos a una muestra representativa de las familias de los desaparecidos, para comprender cuáles son sus necesidades”, dijo a IPS el director de la CICR en Sri Lanka, David Quesne. El Ministerio de Bienestar Social es la contraparte gubernamental en el estudio.
El tema es controvertido. La guerra civil de Sri Lanka se desató a principios de la década de 1980, cuando la organización armada Tigres de Liberación Tamil Eelam (LTTE) comenzó su lucha por un estado independiente en el norte para la minoría tamil. Las fuerzas gubernamentales finalmente derrotaron a los rebeldes en 2009.
El conflicto dejó más de 70.000 víctimas mortales y hasta 40.000 personas desaparecidas, aunque el cálculo sobre el número de personas desaparecidas varía.
El CICR solo registra los datos de las personas desaparecidas una vez que se recibe una solicitud de búsqueda. Quesne explicó que el CICR recibió más de 16.000 pedidos de este tipo que se remontan a la década de los 90.
El 24 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en una reunión especial en Ginebra, en que instó a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a iniciar una investigación sobre las violaciones de derechos humanos durante la guerra, incluida la cuestión de los desaparecidos.
El ministro de Relaciones Exteriores srilankés, Gamini Peiris Laksham, rechazó en nombre del gobierno de Colombo la resolución y aseguró que no apoyaría esa investigación.
«Continuaremos con los mecanismos nacionales”, dijo, y destacó el trabajo realizado con el CICR y la evaluación de las necesidades de los desplazados por la guerra, hecha en conjunto con la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Gwenaelle Fontana, encargada de protección del CICR en Sri Lanka, explicó a IPS que la encuesta se realizará en toda la isla y que se utilizará una muestra de familias. “La idea inicial es evaluar las necesidades de estas familias. Vamos a evaluar todos los aspectos – económicos, administrativos, legales y psicosociales”, detalló.
La muestra incluirá a las familias de los miembros de las fuerzas armadas que figuran como desaparecidos.
«Va a ser una herramienta valiosa para las autoridades en el diseño de políticas que beneficien a estas familias”, comentó Fontana.
Los familiares de los desaparecidos no fueron considerados un grupo con necesidades especiales durante la fase de reconstrucción posterior a la guerra.
«Eso es injusto, porque tenemos necesidades propias. Tenemos que buscar a nuestros queridos desaparecidos y asegurarnos de poder mantener a nuestras familias”, expresó la madre de una persona desaparecida de la septentrional Kilinochchi, que pidió no ser identificada.
El gobierno anunció planes para ayudar a las familias. Una comisión presidencial sobre los desaparecidos concluirá su labor en agosto. Hasta el momento ya recibió 16.000 quejas.
Es probable que la encuesta del CICR concluya a fin de año. Según funcionarios, el informe final se entregará al gobierno para que tome las medidas correspondientes.
Entre finales de 2008 y abril de 2009, el CICR evacuó a unas 14.000 personas con necesidad de atención médica. Más tarde, algunos de ellos fueron reportados inubicables.
«Hemos recibido pedidos de familiares… por evacuados a los cuales les perdieron la pista”, dijo Quesne.
El CICR comenzó a buscar en enero a los evacuados que faltan en el norteño distrito de Jaffna. A fines de marzo se habían ubicado al menos 26 casos.
Fontana dijo a IPS que las autoridades prefieren emitir “certificados de ausencia” para los desaparecidos, en lugar de “certificados de defunción”. El documento facilita los trámites legales y administrativos, como el pago de pensiones y la entrega de títulos de propiedad.
«Las autoridades han expresado mucho interés. Pero como la adaptación del marco legislativo es siempre compleja, el proceso de emisión de certificados de ausencia llevará tiempo”, concluyó Fontana.
