Cuando Argentina entró en suspensión de pagos (default) de su deuda en 2001, varios fondos especulativos estadounidenses se abalanzaron a comprar los deprimidos bonos por unos centavos, confiados en que a la postre vencerían en los estrados de su país y obligarían a Buenos Aires a pagar hasta el último dólar del precio nominal.
La batalla por esa deuda llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos este año, pero los acreedores de Wall Street –llamados “capitalistas buitres” por sus críticos—también llevaron el caso al Congreso legislativo y a la opinión pública con una campaña mediática que presenta a Argentina como una nación cada vez más “renegada” y asociada con los enemigos de Washington.
Este esfuerzo de relaciones públicas, que se centra en las relaciones crecientemente más amistosas de Buenos Aires con Teherán, se desarrolla mientras el gobierno de Barack Obama evalúa si apoyar a Argentina en la Corte Suprema en su batalla con Wall Street.
Según el periódico The Washington Post, funcionarios de los departamentos (ministerios) de Justicia, del Tesoro y de Estado (cancillería) se reunieron el 12 de julio con abogados de ambas partes para discutir el caso.
En presentaciones judiciales previas, la administración de Obama había argumentado que la deuda argentina no era asunto de competencia de la justicia estadounidense, reflejando así la preocupación de que una victoria de los tenedores de bonos causara otro default y complicara las posibilidades futuras de otras naciones de reestructurar sus deudas.[pullquote]1[/pullquote]
Sin embargo, los tenedores de títulos argentinos, entre ellos uno de los financiadores más importantes de la derecha estadounidense, ya lograron varias victorias. En octubre de 2012, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos falló que la nación sudamericana debía pagar más de 1.300 millones de dólares a sus acreedores.
Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el 24 de julio que no apoyaría formalmente a Buenos Aires en la querella, argumentando que la administración de Obama se oponía a ello.
El hecho de que la Casa Blanca esté dando marcha atrás en su defensa de Argentina indica que los millones de dólares invertidos por los fondos de inversión para presionar al gobierno, al Congreso y a la prensa están comenzando a cambiar el debate, en el que Irán adquiere un protagonismo similar al de Iraq en 2002.
“Hacemos todo lo que podemos para que nuestro gobierno y los medios noten qué mal actor es Argentina”, dijo el director ejecutivo de la American Task Force Argentina (ATFA), Robert Raben, al sitio de noticias The Huffington Post.
Este grupo de presión de Raben, quien se desempeñó como fiscal general asistente durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001), fue fundado por tenedores de bonos argentinos y hasta ahora destinó al menos 3,8 millones de dólares a difundir una imagen negativa de ese país sudamericano.
Pero ese dinero es ínfimo en comparación con lo que los fundadores de la ATFA esperan ganar.
En 2008, el fondo de inversiones NML Capital pagó 48 millones de dólares por bonos argentinos que, antes del cese de pagos, valían más de 300 millones de dólares.
La compañía matriz de NML Capital es Elliott Management, firma que encabeza la batalla legal contra Buenos Aires bajo la conducción del empresario Paul Singer, principal donante de los republicanos.
Luego de la cesación de pagos, más de 92 por ciento de los tenedores de bonos aceptaron un acuerdo negociado que implicó para ellos cobrar una fracción de la deuda original.
Pero NML insiste en que Argentina pague los 370 millones de dólares nominales de los bonos, lo que le daría un retorno de más de 770 por ciento de la inversión inicial que hizo.
Singer ha hecho lo mismo otras veces. Compró títulos de uno de los países más pobres del mundo, la República Democrática del Congo, por unos 30 millones de dólares, y exigió un reembolso de más de 100 millones.
En el caso de Argentina, los fondos detrás de la ATFA esperan obtener más de 1.300 millones de dólares.
Pero si se cuentan varios litigios en otras jurisdicciones, Singer espera quedarse con más de 2.000 millones de dólares de su querella contra Argentina.
El pedido de entrevista a la ATFA para este artículo no obtuvo respuesta en el plazo requerido.[related_articles]
Sin embargo, la cuestión ya va más allá de una deuda.
Azuzando al “diablo” iraní
Paul Singer es un hombre opulento, uno de los 400 más ricos del mundo. Según Forbes, este gerente de fondos de inversión y fundador de Elliott Management posee un activo neto de 1.300 millones de dólares, que le ha permitido convertirse en uno de los principales contribuyentes del opositor Partido Republicano.
En 2012, aportó más de un millón de dólares a la fracasada candidatura presidencial de Mitt Romney, y millones más para otros candidatos menores.
Empleados de su firma contribuyeron con más de tres millones de dólares a varios postulantes, lo que convirtió a esa empresa en una de las 100 principales financiadoras de la política estadounidense.
Todos los candidatos que apoya son decididamente de derecha.
En 2007, Singer se describió a sí mismo como un creyente del excepcionalismo estadounidense y reveló haber aportado “millones de dólares a organizaciones republicanas que insisten en (la necesidad de) un ejército poderoso y en el apoyo a Israel”.
En entrevista con el periódico The New York Times, Singer dijo creer que Occidente “se encuentra en una etapa temprana de una prolongada lucha existencial con grupos radicales de islamistas pannacionales”.
En las relaciones de Argentina con Irán, que evolucionaron para alcanzar un intercambio comercial anual de más de 1.000 millones de dólares, Singer logró alinear perfectamente sus intereses financieros y su miedo al islamismo radical: avivando el temor a Teherán, Washington se puede ver menos inclinado a apoyar a Buenos Aires.
“¿Cuál es la VERDAD sobre el acuerdo de Argentina con Irán?”, pregunta un aviso a toda página publicado en junio por la ATFA en The Washington Post.
El grupo se refiere al acuerdo alcanzado por los gobiernos de Argentina y de Irán para crear una Comisión de la Verdad que permita investigar el ataque con bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, que en 1994 mató a 85 personas e hirió a más de 300.
Otro aviso de la ATFA incluye una fotografía de la presidenta argentina Cristina Fernández acompañada del saliente mandatario iraní, Mahmoud Ahmadineyad, y la pregunta: “¿Un pacto con el diablo?”.
Un informe de 2006 del fiscal argentino Alberto Nisman señalaba al gobierno de Irán como autor intelectual del atentado, supuestamente perpetrado por miembros del grupo libanés Hezbolá (Partido de Dios), lo que condujo a que Interpol librara órdenes de captura para varios altos mandos iraníes.
En un reporte actualizado este año, muy citado por la campaña en los medios contra Argentina, el fiscal Nisman
señala que el ataque no fue más que una prueba de la extensa red de inteligencia iraní en toda América del Sur, que no ha dejado de crecer desde entonces.
Esa conclusión difiere de la última evaluación del Departamento de Estado, según la cual la influencia iraní en la región está “menguando”.
Nadie ha sido condenado por el crimen de la AMIA, cuya investigación fue obstaculizada por un proceso plagado de errores y corrupción judicial.
Pero también se puso en duda la veracidad del informe de Nisman, quien señala que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, dio su aprobación al atentado en una reunión celebrada en Teherán pocos meses antes del ataque.
Esa afirmación se basa en el testimonio de un exfuncionario de inteligencia iraní, conocido como Abolghasem Mesbahi, quien desertó de la República Islámica en 1996.
Mesbahi les había dicho anteriormente a funcionarios estadounidenses que Irán había financiado y facilitado los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Y dijo haberse enterado de la complicidad de Teherán al detectar mensajes secretos publicados en periódicos.
Pero su testimonio fue rechazado por la Comisión Nacional sobre los ataques terroristas en Estados Unidos (Comisión del 11-S).
En su aviso, la ATFA cita una carta de los senadores Kirsten Gillibrand, del gobernante Partido Demócrata, y Mark Kirk, republicano, a la presidenta Cristina Fernández, expresando su preocupación porque la Comisión de la Verdad “derive en una desestimación de los cargos y en un encubrimiento de este crimen abominable”.
El anuncio también cita a un desafiante político iraní señalando que, “bajo ninguna circunstancia”, la República Islámica permitirá que sus funcionarios sean interrogados por ningún juez o fiscal argentino.
Aunque no lo menciona la publicidad, la negativa iraní de someterse a la justicia argentina fue la principal razón para crear la Comisión de la Verdad, que formarán un panel de juristas independientes de terceros países para estudiar el caso y, junto a sus pares argentinos, interrogar a sospechosos en Irán.
Los detalles de las relaciones de Argentina con Irán –que consisten mayoritariamente en exportaciones agrícolas– no le interesan mucho a la ATFA.
En cambio, como lo dejó en claro su director ejecutivo, el grupo sí quiere saber: “¿Por qué Argentina está dispuesta a negociar con Irán, pero no con sus acreedores que respetan la ley?”.
Argentina negoció exitosamente con nueve de cada 10 de sus acreedores. Pero estos bonistas, liderados por Singer, piensan que pueden quedarse con todo. Lea la segunda parte aquí.
