En Santa María Nebaj reina el miedo y la desconfianza. Los vecinos de este municipio indígena del noroeste de Guatemala creen que volverán a presionarlos para que no repitan los desgarradores testimonios de violaciones a los derechos humanos que prestaron en el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt.
La incertidumbre de los testigos ixiles se instaló al conocer que pueden ser convocados para contar otra vez su trágica historia en nuevo juicio, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) acogió una de las tantas recusaciones presentadas por la defensa de los acusados y dejó sin efecto el tramo final del proceso a Ríos Montt.
Esa decisión anuló la sentencia a 80 años de prisión que le habían dictado el 10 de mayo.
Según la CC, el juicio debe volver atrás en el tiempo y retomarse a partir de lo actuado hasta el 19 de abril, cuando el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la jueza Yassmín Barrios, ya había escuchado la mayoría de los testimonios y analizado los peritajes, y únicamente faltaba que la parte acusadora y la defensa resumieran sus argumentos y se dictara sentencia.
Como la ley guatemalteca prohíbe que una misma corte vuelva a emitir una opinión sobre un mismo caso, las nuevas actuaciones quedarán en manos del Tribunal de Mayor Riesgo B. Este tiene ya 21 procesos en su agenda, lo cual significa que el nuevo juicio a Ríos Montt y a su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, se programaría recién para abril de 2014.
La corte presidida por Barrios había concluido que el jefe de la dictadura desde marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983 “tuvo el poder absoluto por lo que tenía pleno conocimiento de los crímenes ejecutados y no los detuvo a pesar de tener el poder de hacerlo”.
Así, Ríos Montt fue encontrado culpable de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto, ya que se consideró que no existía suficiente evidencia para demostrar su involucramiento en esos crímenes.
[related_articles]Ese fallo significó un momento histórico, no sólo para Guatemala sino para muchos países latinoamericanos y de otras regiones que sufrieron experiencias represivas similares, ya que fue la primera vez que un exgobernante era condenado por genocidio por un tribunal de su propio país.
Extraños visitantes
Días después de que 98 ixiles narraran ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo masacres, violaciones grupales contra mujeres y niñas, torturas y ejecuciones de que las habían sido víctimas o testigos, llegaron varias personas a la comunidad, quienes aseguraron que eran de un ente gubernamental dedicado al fomento del desarrollo agrícola y que realizaban un censo.
Pero la visita de los supuestos funcionarios despertó sospecha, ya que únicamente se dirigieron a las viviendas de los testigos y conocían de antemano sus datos personales, incluyendo sus nombres y el número de su documento personal de identificación.
Los indígenas los miraron con recelo y luego reportaron el incidente a la sede local del no gubernamental Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que es querellante en el juicio.
CALDH comprobó que no existía ningún registro de la supuesta entidad y, ante ello, presentó una denuncia en el Ministerio Público y en la Procuraduría de los Derechos Humanos, exigiendo garantías de seguridad para los testigos y sobrevivientes de la represión.
Las víctimas, de cualquier forma, estaban decididas a buscar justicia. “Desde que empecé a luchar no tengo miedo, confío en lo que estoy diciendo. Necesitamos una sentencia real”, dijo a IPS el líder ixil Antonio Caba, el 12 de abril, días después de haber narrado ante los jueces las masacres y torturas que presenció, cuando tenía 11 años.
Lograr que las víctimas vencieran el miedo y se atrevieran a contar historias tan dolorosas y traumáticas ante un tribunal fue un proceso largo que requirió muchos años de acompañamiento psicosocial, explicó a IPS el portavoz del CALDH, José Rodríguez.
Bajo el mandato de Ríos Montt, el ejército y los paramilitares conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil cometieron 334 matanzas, 19.000 asesinatos y desapariciones forzadas, destruyeron 600 aldeas y un millón de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
Esta comisión fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, a partir de los Acuerdos de Paz de 1996 entre el ejército y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala.
Algo sucedió camino al foro
A lo largo del juicio, la defensa había presentado una retahíla de amparos relacionados con presuntas ilegalidades en la forma en que se había conducido el caso.
El último de los recursos, una de varias recusaciones planteadas contra la jueza Barrios, había sido rechazado y el juicio siguió adelante hasta lograr la sentencia. Pero la CC dictaminó el 20 de mayo que el tribunal no debió haber continuado con el juicio hasta que la recusación se hubiera resuelto.
“Desde el inicio del juicio, los abogados de la defensa han intentado enredar el proceso mediante recursos de amparo y finalmente lo lograron. Aquí ha prevalecido un litigio malicioso que finalmente termina en un fallo que provoca más impunidad”, dijo a IPS el presidente de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena.
La CC todavía no ha aclarado si el cambio de tribunal implica que todo el proceso deberá repetirse desde el inicio. Según Rodríguez, la interpretación de los abogados de CALDH es que sí deberá empezar de cero, lo cual significa que los 98 testigos deban volver a declarar.
Pero debido a los reveses que ha sufrido el caso, las víctimas han perdido fe en la justicia y más de la mitad ha manifestado que no están dispuestos a declarar nuevamente, más aún en un contexto de tensión y hostigamiento al interior de las comunidades ixiles.
“Las víctimas han dicho que no son juguete para que se les esté llamando a cada rato. Confiaron en la justicia y ahora se sienten defraudados y con temor”, aseveró Rodríguez.
Cadena alberga pocas esperanzas de que, si llega a repetirse el juicio, se logre por segunda vez una sentencia condenatoria contra Ríos Montt.
“Si bien los jueces están mostrando mayor independencia, hay sectores del poder económico que no van a permitir que se juzgue a los poderosos”, dijo con tono sombrío.
