En el filme estadounidense «Desconocido» («Unknown», 2011), un médico es perseguido por la industria biotecnológica por haber descubierto un maíz resistente a plagas y a la sequía, libre de patentes y que puede ayudar a combatir el hambre. Esas escenas bien podrían basarse en la realidad de México.
Es que México es escenario hoy de la lucha global para proteger el centro de origen y diversidad del maíz de la arremetida de las variedades genéticamente modificadas.
"Es la primera vez que uno de los cultivos más importantes del mundo está amenazado en su centro de origen. Si dejamos que las corporaciones ganen, no habrá manera de defenderlos en otros lugares. Lo que está ocurriendo en México es de vital importancia para el mundo", dijo a IPS el canadiense Pat Mooney, director del no gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración.
Organizaciones de la sociedad civil están con la guardia alta ante la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), apruebe la siembra comercial de maíz transgénico, política rechazada ampliamente por ambientalistas y otros activistas, académicos y productores pequeños y medianos por los riesgos que supone.
Las firmas transnacionales estadounidenses Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences presentaron en septiembre seis solicitudes para cultivos comerciales de maíz transgénico en más de dos millones de hectáreas en el noroccidental estado de Sinaloa y el nororiental Tamaulipas.
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Además, esas corporaciones y Syngenta presentaron desde enero 11 solicitudes para la siembra piloto y experimental de este tipo de granos en 622 hectáreas en los norteños estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California. Adicionalmente, Monsanto hizo lo propio para una superficie no especificada en el norte del país.
Desde 2009, el gobierno mexicano ha autorizado 177 permisos de siembra experimental de maíz transgénico sobre una extensión de 2.664 hectáreas, según los últimos datos divulgados por las autoridades.
"Van a llenar las mesas de maíz transgénico pese a que la soberanía alimentaria depende de la siembra del grano criollo", advirtió Evangelina Robles, integrante de la Red en Defensa del Maíz, que mantiene una campaña de rechazo a esa variedad. "Por eso, tenemos que exigirle al Estado que prohíba", reclamó ante IPS.
México produce unos 22 millones de toneladas anuales de maíz e igual necesita importar unos 10 millones, según datos de la Secretaría (ministerio) de Agricultura. De hecho, ha adquirido a Sudáfrica aproximadamente dos millones de toneladas de este grano genéticamente modificado en los últimos dos años y está por traer 150.000 toneladas más.
Los tres millones de agricultores maiceros que siembran alrededor de ocho millones de hectáreas en México destinan dos millones al consumo familiar. Estos cultivos se centran en especies de granos blancos, mientras que el amarillo, empleado en alimentación animal, en su gran mayoría se importa.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social cifra el consumo anual promedio por persona en el país en 123 kilogramos de maíz, mientras que la media mundial es solo de 16,8 kilogramos.
La vinculación directa con las culturas aborígenes prehispánicas hace que este grano encierre un fuerte simbolismo en toda Mesoamérica, que abarca casi todo el territorio de América Central y la mitad sur de México, de donde se considera es originario y ofrece 59 razas nativas y 209 variedades.
En el Estado de México, vecino al Distrito Federal capitalino, pequeños productores han encontrado granos contaminados mediante exámenes realizados por alumnos de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana.
"Intercambiamos semillas y decidimos hacer algunas pruebas. Por eso, ahora somos más precavidos en el intercambio y sobre quienes participan en la feria, aunque aún tenemos que hacer pruebas de confirmación", relató a IPS la activista Sara López, de la Red Origen Volcanes, que agrupa a pequeños agricultores y que organiza encuentros de cultivadores desde 2010.
Organizaciones ambientalistas, científicas y de campesinos han hallado contaminación del cultivo nativo en Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.
Para Camila Montecinos, integrante de la oficina en Chile de la no gubernamental internacional GRAIN, la contaminación es "una estrategia planeada cuidadosa y perversamente".
Las empresas transnacionales de alimentos "eligieron el maíz, la soja y la canola porque tienen un potencial enorme de contaminación", señaló la experta, participante en la preaudiencia sobre ese fenómeno dentro del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos que arrancó en 2012 y concluirá con una sentencia en 2014.
"Cuando se extiende la contaminación, las empresas dicen que hay que reconocerla y legalizarla" para abrir así el camino a la comercialización", describió. El secretario (ministro) de Medio Ambiente de México, Juan Guerra, ha dicho que se evaluará toda la información científica disponible para tomar una decisión.
Pero eso no será fácil. La Confederación Nacional Campesina, una de las corrientes internas más fuertes del gobernante PRI, mantiene desde 2007 un acuerdo con Monsanto sobre maíces nativos.
Además, el gobierno de Peña Nieto aún no aprueba una regulación sobre las características y contenido del reporte de resultados de liberaciones de organismos genéticamente modificados sobre los posibles riesgos para el ambiente, la diversidad biológica, la sanidad animal, vegetal y acuícola.
"Durante 18 años, las empresas no han sido capaces de convencer de que sus productos son buenos. El maíz está siendo usado como medio de control político y económico. La gente necesita que el maíz siga vivo", declaró Mooney.
En el mercado solo circulan los transgénicos Round Up y BT (por la bacteria Bacillus thuringiensis) para algodón, maíz, soja y canola, aceptados solo en Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y España, pero prohibidos por ejemplo en China, Rusia y la mayoría de los países de la Unión Europea.
Estudios últimos divulgados en Estados Unidos han demostrado que esas variantes no aumentan el rendimiento por hectárea ni crean resistencia a malezas o plagas, contrariamente a la propaganda de la industria.
"Analizamos las medidas legales a tomar en contra de las nuevas solicitudes", anticipó Robles.
