Tras décadas de persistentes luchas, los indígenas en El Salvador serán ahora reconocidos en la Constitución, un primer paso para recuperar la identidad comunitaria que les ha negado el Estado y buena parte de la sociedad.
El artículo que se modificará es el 63, con preceptos sobre las lenguas y otras manifestaciones culturales autóctonas que el Estado no les reconocía explícitamente a los pueblos indígenas como tales.
Esta reforma constitucional "es importante porque, al menos, el Estado está comprometiéndose a trabajar en políticas específicas para fortalecer la cosmovisión, los valores y la espiritualidad de nuestros pueblos originarios", señaló a IPS la activista Betty Pérez, del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), que aglutina a una veintena de organizaciones.
Los parlamentarios que asumieron el 1 de este mes deberán ratificar la enmienda aprobada el 25 de abril por la legislatura anterior, como lo establecen las normas para modificaciones de la ley fundamental.
Debido a que las elecciones legislativas de marzo mantuvieron la correlación de fuerzas políticas, se da por descontado que la reforma alcanzará la mayoría especial de dos tercios de este cuerpo unicameral de 84 miembros en la sesión que, según líderes indígenas, se concretará entre junio y julio. La oposición a esta iniciativa se centró en la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pero el número de sus representantes no es suficiente para bloquearla.
El Salvador es firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007, pero el Estado no ha mostrado ningún interés en velar por su cumplimiento.
"No existen políticas socioeconómicas que beneficien directamente a estos grupos étnicos", según el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina, elaborado en 2009 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
El artículo 2 de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas señala que las comunidades y los individuos aborígenes son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad.
Por eso la reforma planteada "es un gran paso, porque este país ha desconocido la existencia de la población indígena, y con esa negación se eliminaron los derechos que ellos tienen como pueblos ancestrales", comentó a IPS el antropólogo Carlos Lara, de la Universidad de El Salvador.
En este país ha predominado la visión de que los indígenas existieron en el pasado, pero debido a circunstancias históricas desaparecieron o se mezclaron, sostuvo.
La población nacional, que actualmente es de 6,1 millones de personas, sería según ese enfoque étnicamente "mestiza", es decir una fusión de indígenas con los españoles que colonizaron este territorio en 1524, negando de ese modo la existencia de las comunidades autóctonas.
La reforma constitucional pone las cosas en su lugar, pues ahora se indicará que "El Salvador es un país pluricultural y pluriétnico", opinó Lara.
Los responsables del censo de 2007 indicaron que los indígenas constituían solo 0,2 por ciento de la población, una cifra que fue rechazada de inmediato por organizaciones indígenas y académicos.
Las asociaciones indígenas toman, en cambio, los datos aportados por la encuesta de hogares realizada por el Ministerio de Economía en 2005, que eleva la cifra a 17 por ciento de la población, distribuidos principalmente entre las etnias nahua-pipil, establecida en el centro y occidente del país, y la lenca y la cacaopera, ubicada en el este.
Aún existen localidades, como Santo Domingo de Guzmán, en el sudoccidental departamento de Sonsonate, donde los nativos suman alrededor de 80 por ciento los habitantes, según Lara.
Ocultados en la historia
Los pueblos nativos fueron esclavizados y explotados por los colonizadores de la corona española y luego por las elites criollas que gobernaron esta nación tras su independencia en 1821.
Pero "más o menos a mitad del siglo XX" también se los dejó de reconocer como tales, la sociedad les dio la espalda y empezó a reinar un concepto falso de civilización. "Había que ser muy moderno y civilizado, y para eso no había que ser indígena", explicó Lara.
En 1932, el dictador Maximiliano Hernández Martínez sofocó un levantamiento campesino en el occidente del país que dejó, según estimaciones conservadoras, entre 10.000 y 30.000 personas muertas. Tras esa masacre, los indígenas escondieron sus raíces y dejaron de hablar el náhuat, su lengua original, que fue prohibida por la dictadura.
El idioma náhuat llegó al territorio que hoy se llama América Central junto con grupos que emigraron en el siglo X desde el centro del actual México, donde todavía se habla. Pero su vertiente salvadoreña está a un paso de desaparecer.
Solo unas 200 personas hablan náhuat actualmente en El Salvador, lo cual hace que ese idioma sea ubicado muy próximo a su desaparición, según el Atlas de las Lenguas en Peligro de Extinción elaborado en 2009 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Las condiciones de vida imperantes en las comunidades indígenas evidencian esa marginación histórica.
El citado Atlas Sociolinguístico de Pueblos Indígenas de América Latina señala que, mientras que en general la pobreza afectaba en 2009 a 18,9 por ciento de los salvadoreños, ese indicador se eleva a 38,3 por ciento en las comunidades autóctonas.
Las viviendas sin conexión de agua potable llegan a 39,4 por ciento a nivel nacional, pero en los pueblos indígenas llega a 67 por ciento, mientras que la mortalidad infantil es de 32 por 1.000 nacidos vivos y de 42,4 por 1.000, respectivamente.
Si bien la reforma constitucional ha sido bien recibida por los dirigentes, estos también advierten que la lucha por sus derechos apenas comienza.
Shandur Kuatzín, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas de Guacotecti Cushcatan, dijo que, tras ser reconocidos oficialmente, iniciarán una lucha por transformaciones reales. Entre ellas, la devolución de los territorios ejidales o comunales "que nos arrebataron los terratenientes a comienzos del siglo XIX", explicó.
Esas tierras fueron usurpadas para la siembra de productos de exportación, como el añil y el café, base de la riqueza de la oligarquía criolla de la época.
"Es un tema candente, pero vamos a hacer marchas en las calles para que nos devuelvan lo que nos robaron", explicó Kuatzín a IPS.
