El último recuerdo que Tita Radilla guarda de su padre es su visita para despedirse, porque iba a viajar a una ciudad cercana en el sureño estado de Guerrero, en México. Pero un día después, en agosto de 1974, fue detenido y desaparecido por un grupo de soldados.
"No se veía atemorizado, me dijo que no iba a volver pronto", relató a IPS Radilla, una mujer delgada, con el cabello salpicado con algunas canas y marcados rasgos en un rostro surcado por unas lágrimas cuando rememora ese momento que se volvió eterno.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ahora al Estado mexicano por violentar los derechos a la libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida de Rosendo Radilla, dirigente comunitario de Atoyac, un municipio a 400 kilómetros al sudeste de la capital.
La CIDH, el tribunal supranacional interamericano cuyas sentencias son inapelables, también sentenció que el Estado violentó los derechos a las garantías y protección judicial de los descendientes de Radilla, 35 años después de su desaparición.
"Es un logro del movimiento de víctimas y sus familiares, que durante décadas han intentado poner fin a la impunidad de un crimen atroz como la desaparición forzada", resaltó a IPS Juan Gutiérrez, director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
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La no gubernamental Comisión se ha ocupado de representar legalmente a la parte demandante ante la CIDH, con sede en San José de Costa Rica.
En el fallo notificado formalmente esta semana, la Corte instruyó al Estado mexicano a investigar adecuadamente el caso y a continuar con la búsqueda y localización de Radilla.
Además, la Corte sentenció a México a pagar 238.300 dólares como indemnización por los daños materiales e inmateriales, más los costos procesales.
Asimismo, el Estado deberá entonar públicamente un mea culpa en desagravio de la memoria de Radilla y publicar la biografía escrita por su hija Andrea, fallecida en noviembre y que fue catedrática de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.
También las autoridades mexicanas tendrán que reformar el fuero militar, que favorece la impunidad del estamento castrense y modernizar la legislación sobre la desaparición forzada.
Exige la investigación a fondo de de la desaparición forzada de personas durante la llamada "guerra sucia" que emprendieron contra los opositores los gobiernos de las décadas de los 70 y 80, durante la larga hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, que duró siete décadas y acabó en 2000.
Ante la falta de justicia en México, la CMDPDH y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Afadem) presentaron en noviembre de 2001 el caso Radilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que conforma junto con la Corte el sistema jurídico de la Organización de Estados Americanos y con sede en Washington.
En octubre de 2005, la Comisión admitió formalmente el caso y en marzo de 2008 lo derivo a la Corte. En julio pasado se realizó la llamada audiencia del litigio en la capital costarricense.
El 23 de noviembre, la CIDH dictó su veredicto de condena contra el Estado mexicano por la detención y posterior desaparición de Radilla.
Estableció que el Estado no fue diligente en la investigación ni asumió en su totalidad su deber en la identificación, proceso y eventual sanción de todos los responsables en la desaparición del activista. También lo castiga por su falta de esfuerzo en determinar su paradero.
"El gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de ese órgano jurisdiccional", aseguró en un comunicado la Secretaría (ministerio) de Gobernación. También anticipó que enviará próximamente al Congreso legislativo un proyecto de ley de ley para tipificar la desaparición forzada.
La inapelable condena señala que la desaparición Radilla no fue un suceso aislado, sino que se enmarcó dentro de una política sistemática de desapariciones forzadas en contra de opositores políticos y miembros de la naciente guerrilla, que fue particularmente violenta en el estado de Guerrero.
Cerca de Atoyac, la población donde vivía Radilla y de la que fue alcalde dos años en los años 50, surgió en 1968 el Partido de los Pobres, que posteriormente se transformó en un frente insurgente. Su máximo dirigente fue el maestro rural Lucio Cabañas, quien falleció en 1974 en una refriega con efectivos militares.
La sentencia de la CIDH resucita en México el debate en torno a una página oscura de su reciente historia, signada por la represión y la impunidad con que actuaron los gobiernos en la aún poca esclarecida "guerra sucia"
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que la represión dejó 532 personas desaparecidas. Pero organizaciones no gubernamentales aseguran que la cifra sobrepasa el millar. Sólo en Atoyac la cifra alcanzaría a 473.
El informe final de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado ha determinado que hubo 12 matanzas, 120 ejecuciones extrajudiciales, 800 desapariciones y 2.000 actos de tortura contra detenidos, especialmente durante las décadas de los 60 y 70.
Esa entidad fue creada en noviembre de 2001 por el entonces presidente Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional. Pero su sucesor y correligionario, Felipe Calderón, puso fin a esa fiscalía tras asumir el poder en diciembre de 2006.
"No son delitos del pasado, sino actuales, porque no se ha castigado a nadie. Han muerto algunos de los criminales que ordenaron estos actos, pero otros están vivos. Hay algo que se llama cadena de mando, donde desde presidentes hasta secretarios han encubierto las investigaciones", dijo esta semana Julio Mata, secretario ejecutivo de Afadem, durante una rueda de prensa para difundir la sentencia.
El veredicto de la CIDH cierra un largo peregrinar de los familiares de Radilla para lograr justicia, pero tanto en las instancias de Guerrero como en las federales sus denuncias y demandas judiciales fueron desatendidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que la desaparición forzada de personas no prescribe, en tanto no aparezca viva o muerta la víctima.
La CMDPDH patrocina también a familiares de otros 60 detenidos desaparecidos.
En 2006 excavaciones realizadas en un antiguo cuartel en Atoyac, ordenadas por la CIDH para ubicar a Radilla, produjeron el hallazgo de los restos de otros dos desaparecidos, que estaban ligados al movimiento guerrillero de Cabañas.
La sentencia afecta la imagen de las Fuerzas Armadas mexicanas, cuando el presidente Calderón las ha convertido en el puntal de la campaña contra los carteles dela droga.
Además pide la revisión del Código de Justicia Militar, que data de 1933 y fija un fuero especial para los delitos de tipo civil que cometan los efectivos castrenses en el ejercicio de sus funciones.
Desde que le han asignado tareas de seguridad pública, el ejército ha sido acusado por organismos humanitarios mexicanos e internacionales de graves violaciones a los derechos humanos que según alegan permanecen en la opacidad, al caer en el secreto del fuero de guerra.
El fallo "da luz para resolver un problema estructural de impunidad que se relaciona con los hechos actuales, porque la Corte ordena modificar el Código de Justicia Militar, estableciendo que los delitos de derechos humanos no son de esta jurisdicción", dijo Gutiérrez, el director de la CMDPDH.
"Implica remover obstáculos para perseguir violaciones a derechos humanos", destacó.
"La jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria", enfatizó el veredicto de la CIDH.
En cuestión de semanas, México recibió dos históricas condenas de la Corte interamericana. Poco antes de su sentencia sobre Radilla, la CIDH convirtió a México en el primer Estado del mundo en ser condenado por feminicidio, por los asesinatos en 2001 de tres jóvenes en la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.
"Esto demuestra que la justicia mexicana no está actuando adecuadamente y que los temas estructurales no han sido resueltos por el Estado ni por los órganos de administración de justicia" destacó Gutiérrez.
"Estamos esperanzadas de que el Estado cumpla con esta sentencia, dicen que el México de hoy es diferente, queremos verlo", concluyó Tita Radilla, la hija del activista desaparecido.
