América Herrera no lo sabe ni tendrá oportunidad de saberlo en el futuro, pero en Costa Rica ella es el más famoso ejemplo de una práctica en aumento, que los técnicos definen como violencia patrimonial contra los adultos mayores.
El Primer Informe de Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor, elaborado en 2008 por el Centro de Estudios de la Población de la Universidad de Costa Rica, reveló que este país centroamericano tiene al menos 300.000 adultos mayores, equivalentes a seis por ciento de la población.
En ese segmento de personas de más de 65 años, las mujeres son casi 50 por ciento.
La mayoría son viudas. En este país, que ocupa el segundo lugar de América Latina en calidad de vida detrás de Chile, una de cada tres mujeres entre 65 y 69 años ha enviudado. En cambio, solo uno de cada 20 hombres ha perdido a su esposa o compañera.
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La consecuencia de esa calidad de vida es que las mujeres viven más, pero solas.
A esa soledad se suma entonces el abandono y el despojo, o a la inversa. El estatal Consejo Nacional del Adulto Mayor (Conapam) recibió 1.200 denuncias en 2008 y 600 en el primer semestre de 2009 por violación o abuso de derechos elementales.
Las mujeres son las principales víctimas. Según los datos del primer cuatrimestre de este año, 254 han tenido que soportar agresión física, psicológica, sexual, abandono, negligencia institucional, indigencia y violencia patrimonial.
"Recibimos las denuncias, damos asesoramiento a los familiares y conocidos, pero en pocos casos Conapam ha ido a instancias judiciales", explicó a IPS Edgar Muñoz, encargado de atención al público junto con dos trabajadoras sociales.
HISTORIA DE UN EXPOLIO
Sí lo hicieron con América Herrera, de la zona sur del país. Muñoz relató que "aprovechando sus problemas de demencia y el abandono en que se encontraba, unos inescrupulosos la hicieron firmar un documento en el cual ella transfería 40.000 metros cuadrados de una propiedad que estaba a su nombre". Toda una fortuna.
"¡Qué le dijera!", exclamó Herrera a IPS cuando se le preguntó cómo estaba, en un centro de ancianos de la capital donde vive ahora. Pero esta mujer de 70 años, que más bien parecieran 80 o 90, terminó por no decir nada más.
Solo entornó sus pequeños ojos, se limpió una lágrima que no era tal, sino una gota de agua desprovista de emoción, y se hundió en el silencio.
Sentada en una silla de ruedas, recién bañada, Herrera se dejo acariciar las manos, sin preguntarse quién la tocaba o a quién tenía al lado. No miraba a nada ni a nadie, cuando posó una mano sobre otra en su frágil regazo, perdida en su mundo de olvido, en el llamado Alzheimer.
Quienes la despojaron de lo único que tenía, "fueron personas conocidas de la localidad" a 130 kilómetros de San José donde está el terreno, que abusaron de su fragilidad, explicó a IPS Zulema Villalta, la abogada de Conapam que denunció el caso ante los tribunales.
Y ella no fue la única a la que expoliaron. "Sus tres hermanos, de entre 60 y 84 años y con problemas de demencia o dificultades para movilizarse y atenderse, viven ahora de la caridad", contó al explicar que el proceso está aún en fase preliminar.
El informe proyecta que Costa Rica avanza a un inédito proceso de envejecimiento y los últimos datos oficiales indican que la expectativa de vida promedia los 79,2 años, que en el caso de las mujeres remonta hasta 81,6 años y en el de los varones cae a 76,7 años.
Las mujeres suman a su mayor longevidad otros factores que las hacen vulnerables: el hecho mismo de estar solas, sin hijos o un familiar que las ayude y débiles por sus problemas de salud o emocionales.
"El abuso patrimonial lo vemos más en las mujeres que en hombres", es un fenómeno en aumento y el de Herrera es solo un caso que se hizo famoso y logró llegar a instancias judiciales, dijo Villalba.
También indicó que hay instrumentos legales para proteger al adulto mayor, aunque son insuficientes.
El artículo 61de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor atiende la violación de derechos o los delitos que se cometen contra la persona y permite que se pida la anulación del trámite legal con el que fue engañada. Este instrumento puede proteger sus bienes si se conoce y se utiliza.
Villalba denunció que "la violencia o abuso patrimonial está también en instancias estatales".
"Este es el caso del Ministerio de Trabajo, donde hay viudas que tienen seis y siete años esperando que les aprueben una pensión", explicó, y como muchas veces carecen de otra posibilidad de ingreso, "dependen de lo que puedan darles sus hijos y viven arrimadas a un familiar".
"Algunas morirán sin haber recibido este derecho. Hay un caso en investigación de una señora que iba a pedir su pensión y siempre se la negaban y en una de sus visitas murió", recordó Villalba.
También a María de los Ángeles Solís, subdirectora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, en San José, las cifras le indican que el despojo patrimonial es mayor en mujeres que en hombres.
En 2007 ese hospital recibió 117 denuncias, 68 de mujeres. En 2008 y lo que va de 2009, los parámetros han sido parecidos.
"Es lamentable, y a mayor edad mayor dependencia y un aumento del abuso", dijo Solís a IPS.
"Muchas mujeres, porque están viudas, porque se sienten frágiles e indefensas, o por su ignorancia, creen que pueden dejar a nombre de un familiar o conocido sus propiedades, ahorros y pensiones para garantizarse que las cuidarán y evitar ir a un asilo", explicó.
Otro de los factores del abuso patrimonial es la pobreza familiar. El estudio de la Universidad de Costa Rica señala que 16,7 por ciento de los hogares se encuentran en situación de pobreza. Pero en aquéllos donde residen personas adultas mayores, el porcentaje se eleva a 21,4 por ciento.
Los investigadores encontraron que 100.000 de los 1,1 millones de familias costarricenses sostienen su economía con las pensiones y ahorros de sus ancianos.
"Ellos (hombres y mujeres) tienen una pensión y algunos continúan trabajando después de los 65 años. En general, 17 por ciento de la población sigue vinculada al plano laboral. Tienen hasta tres fuentes de ingreso. No es raro que se conviertan en la caja chica de hijos y nietos", señaló a IPS Luis Rosero, coordinador del informe.
"Alrededor de los 55 años, los ingresos comienzan a ser insuficientes para las necesidades de consumo. A esta edad, las personas ya tienen hijos en la universidad y deben hacerle frente a más gastos. Ahí es donde el adulto mayor asume parte de la economía", detalló la investigadora Andrea Collado.
Para Eugenia Carvajal, encargada en el Instituto Nacional de la Mujer de los proyectos de ley que se presentan ante la Asamblea Legislativa, "la violencia patrimonial en adultas mayores es una realidad que va más allá de las cifras".
"¿Cuántos casos no llegan a instancias públicas y se esconden en los hogares?", se preguntó Carvajal, antes de subrayar que el Estado tiene la obligación de dotar a las mujeres mayores "de los instrumentos necesarios que las ayuden en esta etapa para que se sientan seguras".
"Necesitamos empoderarlas", dijo a IPS la funcionaria de la institución oficial que promueve la equidad de género.
Pero para Carvajal "no hay que olvidar que estos hechos son evidencia de una descomposición en la sociedad costarricense".
"Este tema es muy sensible y ni la sociedad ni los funcionarios están preparados para entender esta etapa. Es un problema de actitud. Creemos que el envejecimiento es algo ajeno, pero se da día a día", reflexionó.
