GUATEMALA – «No teníamos hora de salida. A veces, amanecíamos trabajando», cuenta Everilda Yanis, empleada en una fábrica de confección de ropa para exportación de Guatemala hasta que cerró en diciembre de 2006, dejándola en la calle y sin indemnización junto a cientos de sus compañeros.
Sindicatos, obreros y organizaciones no gubernamentales denunciaron a IPS las continuas violaciones de los derechos laborales y las precarias condiciones de trabajo en las empresas textiles para exportación ubicadas en zonas francas industriales de Guatemala, comúnmente llamadas maquilas.
Actualmente existen 184 maquilas textiles, 66 por ciento de ellas de capital coreano. Emplean a 70.000 personas, 80 por ciento de las cuales son mujeres jóvenes, señaló una fuente de la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Guatemalteca de Exportadores.
Yanis, una mujer menuda de 33 años, denunció que no gozó de hora de lactancia. «El trabajo era muy forzoso». Durante los tres años que pasó en la empresa SIB S.A. tuvo a sus dos hijos, que hoy tienen nueve meses y dos años.
El Código de Trabajo de Guatemala prevé un permiso de lactancia durante la jornada laboral y prohíbe el trabajo físico duro durante los tres primeros meses del embarazo.
Estas fábricas se amparan en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, que las exime de pagar el impuesto sobre la renta durante 10 años.
No necesitan una gran inversión en infraestructura y si se presenta algún problema, o cuando el vencimiento de la exención impositiva está próximo, pueden cerrar y reabrir en otro lugar con nuevo nombre sin afrontar costo alguno.
Entre las principales denuncias contra estas empresas se encuentran las largas jornadas de trabajo, de 12 a 14 horas, sin descansos, la falta de pago, la práctica ilegal de exámenes de embarazo previos a la contratación y la violación a la ley de seguridad social. Las empresas realizan el descuento en los sueldos de sus empleados pero no efectúan los aportes obligatorios.
También existe mal trato hacia los trabajadores. «Les gritan, los golpean y presionan para que cumplan las metas trazadas y no aleguen sus derechos», señaló a IPS Ana María Monzón, responsable de la Incidencia Política en el Programa de Derechos de las Mujeres del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).
Monzón, quien participó en un estudio de estas fábricas en varias localidades, aseguró que muchas trabajadoras, prácticamente hacinadas en lugares poco iluminados y con deficiente ventilación, se quejan de que no se les dan agua para evitar que pidan permiso para ir al baño e interrumpan la producción.
«Cerraban los baños con llave y sólo podíamos ir una vez por la mañana y otra por la tarde. Nos regañaban, gritaban, exigían cada vez más», relató a IPS Hilda López, de 30 años, quien trabajó cuatro años en CIT Internacional, hasta su cierre en agosto de 2006. La empresa no pagó sueldos ni la indemnización a casi medio millar de trabajadores.
López, en contra de las normas establecidas y al igual que otras mujeres que querían ocupar las vacantes disponibles, tuvo que someterse a una prueba de embarazo antes de ser contratada, para asegurar que no afectaría la productividad.
Además, contó cómo los empresarios «discriminaron y humillaron» a las trabajadoras que se atrevieron a organizar un sindicato.
«Hay una larga lista de sindicatos destruidos en las maquilas. La situación del derecho de sindicalización en el sector es muy difícil», dijo a IPS el defensor de los Derechos del Trabajador en la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República, Marco Vinicio Hernández.
Una fuente del Ministerio de Trabajo aseguró a IPS que cuentan con «una unidad especial para las maquilas, integrada por 10 inspectores dedicados sólo a esta actividad económica, que realizan visitas periódicamente o cuando se suscita alguna controversia».
Sin embargo, Hernández señaló que «la función de los inspectores es débil y su actuación no es oportuna porque están más del lado del patrón que del trabajador».
En Guatemala, 56 por ciento de sus 12,7 millones de habitantes viven bajo la línea de pobreza. Existen altos índices de desempleo y analfabetismo, sobre todo entre las mujeres indígenas. La industria maquiladora, en consecuencia, es una importante fuente de trabajo y ofrece a los empresarios la oportunidad de abaratar el costo de la mano de obra.
Las maquilas han permitido a muchas mujeres indígenas dejar de lado el servicio doméstico. Cobran el salario mínimo nacional de 183 dólares, más un incentivo de 33, «que no siempre pagan», según fuentes sindicales.
«Para este país, la maquila es importante ante la ausencia de políticas públicas de generación de empleo. De ahí la tolerancia ante los abusos», consideró Hernández, quien lamentó la falta de «una tutela adecuada de los derechos laborales».
Según un informe de Caldh, los inspectores de trabajo persuaden a las empleadas para que no reclamen los sueldos adeudados, ya que se requieren trámites «muy lentos y largos». Además, les advierten de que sus nombres quedarán incluidos en «listas negras» que circularán en las empresas para que no vuelvan a ser contratadas.
Las trabas a la sindicalización y las «listas negras» en las fábricas no son patrimonio exclusivo de Guatemala.
Así lo denunciaron representantes de organizaciones no gubernamentales de El Salvador, Nicaragua y Honduras en una audiencia sobre el tema celebrada el 18 de julio en Washington, durante el 128 período de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Durante la audiencia se señaló que los inspectores elaboran sus informes en base a entrevistas con los empresarios. Además, como las multas previstas no son proporcionales a la violación de los derechos laborales las compañías prefieren pagarlas antes que reparar el daño causado.
A causa de la falta de condiciones sanitarias adecuadas, los trabajadores padecen de hinchazón de pies y piernas, caída de cabello, alergias en la piel, gripes constantes, infecciones urinarias y gastritis.
Los permisos para ir al médico son negados en muchas ocasiones para cumplir metas de productividad y bajo la amenaza de descuentos en el salario, relataron a IPS varias trabajadoras.
«Es frecuente que se quiebren agujas y que se inserten en los dedos o los ojos», advirtió Monzón, quien habló incluso del reparto de estimulantes entre los operarios.
En 2006 cerraron sus puertas una veintena de fábricas textiles, «dejando a los trabajadores en la calle sin sus ingresos ni derecho a seguro social», relató a IPS el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores, Victoriano Zacarías. En lo que va del año, ya desaparecieron otras 10, agregó.
La fuente del Ministerio de Trabajo consultada por IPS dijo que cuando hay una violación a los derechos laborales «se remite el expediente a la justicia para que un tribunal de trabajo y previsión social dilucide la existencia de la violación y sancione como corresponde».
Pero Zacarías argumentó que «en el juzgado el que lleva las de ganar es el patrón y los procesos no avanzan a favor de los trabajadores». En algunos casos, la «fuga» de los empresarios fuerza a los empleados a aceptar acuerdos extrajudiciales, por lo que cobran indemnizaciones más bajas que las que legalmente les corresponderían.
«No son máquinas, son personas las que están trabajando en las empresas», indicó Hernández, quien conoce de cerca la pobreza de las comunidades indígenas.
Todos los días, a las 12 horas local, las puertas de la maquila, que estaban celosamente cerradas desde las siete y cuarto de la mañana, se abren y escupen a cientos de trabajadoras.
La calle se transforma en una marea humana que se apresura a llenar el estómago. La luz del sol les lastima los ojos. Comen rápido, en el suelo, cobijadas bajo alguna sombra. Algunas aprovechan para ir al baño antes de volver a la línea.
