Doce años después de la destrucción de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), un fiscal de este país acusó a Irán del ataque y pidió la captura de ocho ex altos funcionarios de ese país, incluidos el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997) y dos de sus ministros.
El fiscal Alberto Nisman, uno de los dos encargados de la Unidad Fiscal Especial establecida por el actual gobierno para investigar el ataque contra la AMIA, presentó un dictamen en el que asevera que la orden "fue tomada por las más altas autoridades del gobierno de Irán de aquel entonces". La explosión mató a 85 personas.
El gobierno iraní ideó el atentado con un año de anticipación y lo "encomendó a la organización chiita libanesa Hezbolá (Partido de Dios), conocida por su subordinación al régimen de Teherán", dijo Nisman en una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas.
El actual titular de la AMIA, Luis Grynwald, consideró el dictamen fiscal como "un primer paso, largamente esperado" por la institución que dirige. En cada aniversario del atentado, autoridades de la entidad y familiares de las víctimas señalaban a Irán como autor intelectual de la voladura del edificio y pedían a Buenos Aires la ruptura de relaciones diplomáticas con Teherán.
Si bien siempre hubo firmes sospechas de la participación iraní, nunca se había formulado una acusación directa al gobierno de esa república islámica atribuyéndole incluso mayor responsabilidad que a la milicia Hezbolá.
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Según la fiscalía, el factor determinante de la decisión del ataque contra la AMIA fue la decisión de Buenos Aires de rescindir contratos de provisión de material y tecnología nucleares que Argentina tenía con Irán.
La acusación, presentada al juez Rodolfo Canicoba Corral, "fue contextualizada como un hecho de terrorismo internacional", explicó Nisman, quien señaló además que la misma matriz tuvieron otros ataques cometidos en Alemania, Francia y Suiza, que fueron analizados en profundidad por la unidad fiscal.
Nisman y su colega Marcelo Martínez Burgos determinaron que el 13 de agosto de 1993, un año antes de cometerse el atentado el 18 de julio de 1994, los máximos responsables del gobierno iraní se reunieron en la ciudad de Mashad, nororiente de Irán, con diplomáticos destacados en Argentina que propusieron como blanco la sede de la AMIA.
Además de Rafsanjani, el fiscal acusó a su ministro de Información y Seguridad, Ali Fallahijan, al entonces canciller Alí Akbar Veleyati, al comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní, Mohsen Rezai, al comandante Ahmad Vahidi, de la Fuerza Al Quds (Jerusalén) de la misma Guardia, y al ex jefe del servicio de Seguridad Externa de Hezbolá, Imad Fayez.
En la misma lista fueron incluidos el entonces tercer secretario de la embajada iraní en Argentina, Ahmar Reza Ashgari, y el consejero cultural de la legación, Mohsen Rabbani.
En 1998, cuatro años después de la bomba, la cancillería argentina había reducido las relaciones con Irán al nivel de encargados de negocios debido a las fuertes sospechas sobre su participación en el ataque y a su falta de colaboración con el entonces juez de la causa, Juan José Galeano.
Apenas en 2003 Galeano pidió la captura de cuatro diplomáticos iraníes, uno de ellos Rabbani. Pero el requerimiento cayó un año después.
En 2004 el tribunal que juzgaba a los presuntos responsables de dar apoyo local a los atacantes —cuatro policías y un civil— consideró viciadas las pruebas obtenidas y todos los acusados quedaron en libertad.
Comenzó entonces la investigación al propio Galeano, destituido en 2005 y procesado el pasado 19 de septiembre por graves irregularidades cometidas en la instrucción de la causa, y a altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) acusados de sobornar a uno de los sospechosos para inculpar a los policías.
Debido a esas irregularidades, Interpol cesó la búsqueda de los diplomáticos iraníes. Ahora Nisman espera aportar nuevos elementos para que el juez Canicoba Corral realice un pedido internacional de captura más amplio y que alcance a las máximas jerarquías del régimen iraní de los años 90.
Nisman consideró que su pedido difería del de Galeano no sólo en la lista de imputados sino en la calidad de las pruebas. Mientras el ex juez señalaba a "algunos elementos radicalizados" del régimen iraní, su acusación sostiene que "fue una decisión resuelta por los más altos representantes" del gobierno, dijo.
El pronunciamiento del fiscal coincidió además con la presentación de un grupo de familiares de las víctimas de la AMIA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está mediando entre ellos y el Estado argentino con el fin de asegurar que se imparta justicia.
Los familiares, de la agrupación Memoria Activa, reconocieron un avance en los procesamientos ordenados por la justicia contra Galeano, ex fiscales y ex funcionarios, aunque consideraron que faltaba llegar también a otros responsables del gobierno de Menem.
Los denunciantes también criticaron la demora de la Unidad Fiscal Especial, que se tomó más de un año y medio para preparar el dictamen acusatorio presentado por Nisman este miércoles.
