El Sindicato del Personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de más de 5.000 miembros, se prepara para una posible confrontación con el secretario general Kofi Annan debido al plan de reestructura administrativa de la Secretaría en Nueva York.
Una reunión especial del Consejo de Personal del sindicato a comienzos de este mes resolvió convocar a una asamblea de todos sus miembros para discutir un voto de censura contra Annan y otros altos funcionarios.
Pero la resolución fue adoptada por ocho votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, marcando una aguda división del Consejo. Entonces, en una segunda votación, esta vez por unanimidad, se pospuso la moción de censura, pero con una advertencia al secretario general.
Sin embargo, es probable que la resolución de censura reaparezca por la frustración del personal ante ciertos aspectos de la reforma administrativa, incluyendo la subcontratación de los servicios de conferencias y la privatización de traducciones e impresión de los documentos oficiales de la ONU.
Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, dijo a los periodistas a comienzos de febrero que consultores externos realizaban un estudio sobre subcontratación de servicios de conferencias
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"El estudio se centró en la traducción y la impresión", dijo, destacando que entre 20 y 25 por ciento de la carga del trabajo de traducciones ya era subcontratada.
Dado que la ONU funciona en seis idiomas —inglés, francés, español, ruso, chino y árabe—, las traducciones juegan un rol clave en sus operaciones cotidianas.
La subcontratación propuesta busca "hacer un mejor y más eficiente uso de los recursos", según la Secretaría General. Pero la mayoría de los miembros del personal huelen algo siniestro: una lenta privatización del foro mundial.
"La ONU está intentando practicar lo que el Banco Mundial estuvo predicando a las naciones en desarrollo: privatizar o perecer", dijo un empleado de larga data.
"Políticamente, también es lo que estuvieron predicando los neoconservadores derechistas de Estados Unidos contrarios a las Naciones Unidas, que incluye la conversión de la ONU en una corporación al estilo estadounidense, con un director ejecutivo" como jerarquía máxima, agregó.
Si la subcontratación es una forma de hacer a la organización más eficiente, es probable que haya reducción de personal. El sindicato se está preparando para una pelea.
Las recomendaciones finales sobre subcontrataciones, que se espera sean parte de un informe de Annan que se difundirá a fines de este mes, se basarán sobre un análisis de la relación "costo-beneficio".
La Secretaría negó rumores de que la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, que cuenta con alrededor de 30.000 millones de dólares, fuera a privatizarse en la reforma propuesta.
Establecida por la Asamblea General en 1949, la Caja otorga pensiones por retiro, muerte, discapacidad y afines al personal del foro mundial y ha cubierto a unas 30 agencias del sistema de la ONU, con unos 90.000 empleados activos y más de 53.000 beneficiarios.
La resolución del sindicato también rechaza específicamente "cualquier intento de modificar la estructura de beneficios o de colocar a nuestra Caja de Pensiones en inversiones riesgosas".
En un encuentro de la gerencia de personal el mes pasado se aseguró que "si fuera necesario reducir la cantidad de personal, se haría por abandono natural (no cubriendo puestos vacantes) o no renovando contratos".
En una "reunión general extraordinaria" en enero, el Sindicato del Personal expresó "profunda preocupación sobre las propuestas e intentos de subcontratar varios servicios actualmente dentro de la Secretaría".
El sindicato dijo que tales medidas no estaban "plenamente en concordancia" con las condiciones y requisitos especificados por las resoluciones de la Asamblea General y los acuerdos de administración de personal.
Más aún, la subcontratación "destruirá la independencia del servicio civil internacional y abrirá la puerta a toda clase de prácticas corruptas", sostiene el sindicato.
Mientras, una investigación sobre fraude y corrupción en el Servicio de Adquisiciones de la ONU —principalmente referida a operaciones de mantenimiento de la paz— también caldeó los ánimos del sindicato de Naciones Unidas, pues se pidió a sus miembros que cooperaran con un fiscal del Distrito Sur de Nueva York.
"El secretario general ha considerado el pedido del fiscal estadounidense" y permitido al personal ser entrevistado sobre "una base voluntaria" sin renunciar a sus privilegios e inmunidades como funcionarios civiles internacionales, sostuvo una carta de la Oficina de Asuntos Legales (OLA por sus siglas en inglés).
La carta abundó que la ONU "tiene la obligación de cooperar con las autoridades nacionales para facilitar la apropiada administración de justicia".
Pero en su respuesta a la OLA, la semana pasada, el sindicato pidió que se aclarara qué significaba que "el secretario general ha acordado permitir al personal ser entrevistado sobre una base voluntaria".
"¿Se está ordenando a los miembros del personal que cooperen o pueden declinar ser interrogados?", preguntó el sindicato en su misiva a la OLA. Y "si el empleado no coopera, ¿eso sería considerado mala conducta, incluso si las entrevistas fueran consideradas voluntarias?".
La Secretaría ya puso en licencia administrativa paga a ocho funcionarios cuyas investigaciones están pendientes.
En un intento de disipar los miedos del personal, Annan dijo la semana pasada que "la licencia administrativa no es una medida disciplinaria".
Pero "la administración tiene la responsabilidad de actuar decisivamente ante cualquier información que considere suficiente para concluir que la Organización está en riesgo, o que se ha cometido fraude, robo, mala administración o mala conducta", explicó.
Mientras, un alto funcionario administrativo advirtió en privado que si algunos empleados resultaban acusados, se aseguraría personalmente de que fueran sacados con esposas de la sede de la Secretaría.
