Víctimas del racismo institucionalizado (apartheid) concluido en Sudáfrica en 1994 iniciaron en Nueva York una demanda judicial contra 20 grandes corporaciones de Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Suiza que hicieron negocios con el régimen de la minoría blanca.
Abogados informaron este martes a la prensa en Washington que con su demanda pretenden responsabilizar a esas empresas por ayudar al antiguo régimen de la minoría blanca a cometer delitos como sometimiento a trabajo forzado, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y detenciones ilegales.
La empresa de equipamiento informático IBM, por ejemplo, ayudó a implementar un sistema para controlar a la mayoría negra, según el cual los no blancos estaban obligados a portar permanentemente documentos de identidad en que constaba su domicilio y lugar de empleo.
Compañías automovilísticas como Ford y General Motors suministraron al Estado sudafricano vehículos artillados utilizados para vigilar las áreas habitadas por negros, mientras bancos extranjeros suministraron fondos que permitieron al gobierno sudafricano ampliar su aparato represivo.
Además, fabricantes de armas y empresas petroleras violaron embargos dispuestos por la Organización de las Naciones (ONU) contra el régimen racista, según la demanda, presentada el lunes ante un tribunal de Nueva York.
El apartheid se basaba sobre sistemas de ingeniería social, según los cuales los no blancos debían residir a determinadas áreas, lo que obligó a cientos de miles de negros y descendientes de indios a abandonar sus hogares.
El racismo institucionalizado tuvo su fin con la investidura presidencial del líder negro Nelson Mandela en 1994, pero muchas víctimas del apartheid en ese país de 44 millones de habitantes cuestionan la supuesta lentitud de los subsiguientes gobiernos en promover reparaciones.
Las empresas estadoundienses demandadas son las financieras Citigroup y JP Morgan, las petroleras Caltex y ExxonMobil, la constructora Fluor Corporation, las automovilísticas Ford Motor Corporation y General Motors y la informática IBM.
Las firmas alemanas acusadas son los bancos Commerzbank, Deutsche Bank y Dresdner Bank, la automovilística DaimlerChrysler y la de tecnología y defensa Rheinmetall. Las suizas son los bancos Credit Suisse y UBS, y las británicas son el Barclays Bank, la petrolera British Petroleum y la tecnológica Fujitsu.
También figuran entre las compañías demandadas la petrolera francesa TotalFinaElf y la holandesa Royal Dutch Shell.
La querella se basa sobre una legislación estadounidense que da a los tribunales de este país jurisdicción sobre ciertas violaciones del derecho internacional, sin importar en qué país hubieran ocurrido, dijo la abogada Agnieszka Fryszman, de la firma patrocinante del juicio, Cohen, Milstein, Hausfeld & Toll.
Apelando a esa normativa, víctimas de violaciones de derechos humanos en Birmania demandaron con éxito a la compañía petrolera Unocal por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la construcción de un oleoducto que costó 1.200 millones de dólares.
El tribunal falló en el caso de Unocal que una empresa que asistió, alentó o ayudó a un estado soberano a cometer violaciones de derechos humanos debe ser responsabilizada de esos crímenes, explicó Fryszman.
El caso también invoca principios de responsabilidad vigentes desde los juicios en Nuremberg a criminales de guerra del régimen nazi en Alemania luego de la segunda guerra mundial (1939-1945), en los que también comparecieron los banqueros que asistieron al régimen de Adolf Hitler.
Fryszman también participó en juicios por reparación iniciados por sobrevivientes judíos de la dictadura antisemita de Hitler.
La demanda contra las empresas internacionales presentada por las víctimas del racismo institucionalizado en Sudáfrica indica que ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias son violaciones del derecho internacional cometidas por el régimen del apartheid entre 1960 y 1994.
El apartheid en sí mismo ha sido reconocido como crimen contra la humanidad, agrega el documento.
Los sucesivos regímenes blancos también promovieron la inestabilidad en los países vecinos con la intención de demostrar que los gobiernos negros conducían al caos, y llegaron a envenenar y a cometer atentados con explosivos contra la oposición, según la demanda.
Si los demandantes tienen éxito, el caso podría desalentar a compañías y bancos internacionales de hacer negocios con gobiernos conocidos por explotación laboral, violaciones de derechos humanos o políticas racistas. (FIN/IPS/tra-eng/em/ml/mj/hd/02
