La detención en México del ex ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador, César Verduga, trajo a luz los casos de corrupción durante el gobierno interino de Fabián Alarcón.
Alarcón asumió la Presidencia tras la destitución de Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, y Verduga, que fue ministro entre esa fecha y enero de 1998, era considerado el hombre fuerte del gobierno interino.
Verduga es acusado de manejo indebido de 6 millones de dólares de los fondos reservados del Ministerio de Gobierno. A comienzos de abril de 1998 huyó de su país y la justicia ecuatoriana emitió una orden de prisión preventiva en su contra.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, Héctor Romero, informó que la cancillería de ese país pidió a las autoridades mexicanas la extradición del ex ministro.
El manejo indebido de fondos reservados por parte de Verduga fue denunciado en febrero de 1997 por el entonces diputado del Movimiento Pachakutik ecuatoriano, Miguel Lluco, quien reveló el monto de los gastos y las fechas en que fueron realizados.
Lluco señaló que el dinero fue utilizado para contratar asesores internacionales expertos en mercadeo, en los períodos previos al referendo de mayo de 1997, que ratificó al gobierno interino, y a la elección de la Asamblea Constituyente instalada en diciembre de ese año, que reformó la Constitución.
Verduga admitió ante el parlamento de su país haber realizado los gastos denunciados por Lluco, en las fechas indicadas por éste, y aseguró que gran parte del dinero fue utilizada para realizar "estudios psicosociales de la población ecuatoriana".
Alarcón dijo entonces que "conocía vagamente esos estudios" y que él no autorizó la contratación de quienes los efectuaron, pues el ministro "tenía todas las facultades" para hacerlo.
Según los reglamentos de la administración pública de Ecuador, los fondos reservados sólo pueden ser emplearse para fines vinculados con la seguridad interna y externa del país.
Durante la investigación realizada en aquel momento por los diputados se descubrió también que Verduga había gastado más de un millón de dólares de fondos corrientes del Ministerio de Gobierno en sondeos de opinión sobre su popularidad y la de Alarcón.
El 4 de abril de 1998, la Corte Suprema de Justicia ordenó la prisión preventiva del ex ministro, quien horas antes había huido del país.
Días después, en declaraciones a la prensa extranjera, Verduga afirmó que regresaría a Ecuador para defenderse de las acusaciones en su contra, que consideró "parte de un complot" de sus "enemigos políticos".
Sin embargo nunca volvió, sino que se instaló en México, donde trabajó como asesor del Ministerio de Comunicación y Transporte hasta el momento de su detención.
La captura de Verduga se produjo 15 días después de la del ex presidente Fabián Alarcón, acusado de contratar, cuando presidía el Congreso, a 1.119 empleados que percibían salario sin trabajar, para pagar favores políticos.
Los episodios de corrupción durante el gobierno de Alarcón son parte de una extensa lista de escándalos que ha afectado al país desde 1992.
A fines de 1995, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), su vicepresidente, Alberto Dahik, abandonó el país una hora antes de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su arresto por malversación de fondos públicos.
Dahik, acusado de utilizar cinco millones de dólares de fondos reservados para comprar votos de diputados y pagar favores al gobierno, se asiló en Costa Rica y se defendió diciendo que era una persecución política.
Durán Ballén fue sucedido por Bucaram (1996-1997), quien fue acusado, junto con sus asesores, de haber malversado más de 22 millones de dólares de fondos públicos.
Como Dahik antes, y Alarcón y Verduga después, Bucaram alegó que quienes denunicaron la corrupción de su gobierno lo hacían víctima de una persecución política.
Muchos creyeron que el gobierno de Alarcón traería nuevos aires de honestidad cuando, pocos días después de asumir, nombró a una Comisión Especial de la sociedad civil y le otorgó poderes para investigar los casos de corrupción.
Fue esa Comisión Especial la que aportó pruebas a la Corte Suprema sobre varios casos de corrupción, entre ellos los que involucraron a Verduga y al propio Alarcón.
Según el ex diputado Lluco, Alarcón y Verduga fueron detendiso como parte de una ofensiva del actual gobierno de Jamil Mahuad "para presentar la imagen de que en el país se combate a la corrupción".
"La extradición de Verduga es destacable, pero si el gobierno decidió combatir a los corruptos, debe pedir que también se juzgue a los dueños de los bancos que declararon quiebras fraudulentas en las últimas semanas", señaló. (FIN/IPS/kl/mp/ip/99
