Ambientalistas propietarios de tierras fueron detenidos el domingo en Ecuador por obstruir el paso del nuevo Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que atravesará el país desde la Amazonia hasta la costa del océano Pacífico.
Los activistas exhibieron ante la prensa las escrituras de una propiedad de 840 hectáreas por la que está proyectado el pasaje de la tubería y exigieron el retiro de la maquinaria de ese lugar.
La detención se basó en una denuncia de la compañía OCP Limited, encargada de la obra, a la cual el gobierno concedió derecho de vía, lo que le permitiría construir en terrenos de propiedad privada.
Uno de los tres propietarios del terreno, César Fiallos, quien permanecía detenido este lunes, aseguró que iniciará juicio penal contra la empresa por invasión de propiedad privada.
En la tarde del sábado presentamos las escrituras que demuestran que tenemos derechos y acciones que deben ser respetadas, argumentó Fiallos.
Fiallos también afirmó que OCP no negoció con los propietarios de esas tierras, y que, por lo tanto, carece de derecho de paso sobre ellas.
Nadie nos compró las tierras, nadie pagó por ningún derecho de vía, y el Estado no llegó a ningún arreglo de expropiación con los propietarios. Por lo tanto, están invadiendo propiedad privada, arguyó Fiallos.
El ministro de Energía y Minas, Pablo Terán, anunció que el gobierno expropiará las tierras en pocos días. La ley permite que las tierras sean expropiadas y hasta los ecologistas extremistas deberán obedecer las leyes. El oleoducto no se va a detener por ellos, afirmó.
Varios ambientalistas ecuatorianos y extranjeros adquirieron 1.700 hectáreas de bosque por donde pasará el OCP con el fin de detener la obra, informó otro activista detenido, Giovanni Patiño.
El proceso de expropiación de los terrenos ha sido ilegal y arbitrario porque primero se inició la construcción y sólo ahora piensan hacer los trámites de expropiación, dijo a la radioemisora La Luna, de Quito, el representante de la organización ambientalista Acción Ecológica Ricardo Buitrón.
Ni OCP Limited ni el gobierno han llegado acuerdos con los propietarios de los terrenos por donde pasa el oleoducto para poder expropiarlos, como exige la ley cuando se realiza cualquier obra que afecta la propiedad privada, pero dicen tener derecho sobre el bosque, afirmó Buitrón.
Entre los detenidos figura Ivonne Ramos, de Acción Ecológica, quien ha advertido sobre los daños que puede causar el oleoducto al bosque Mindo-Nambillo.
Tenemos la propiedad, no nos moveremos del lugar y no permitiremos que pase el tubo por aquí. Ni los dueños anteriores ni nosotros cedimos el derecho de vía a OCP Limited, afirmó Patiño.
Diecisiete ambientalistas de Greenpeace y de Acción Ecológica que permanecían encadenados a los árboles para frenar la construcción del oleoducto fueron detenidos el 26 de marzo por fuerzas especiales de la policía.
Los activistas de Acción Ecológica habían instalado dos meses antes campamentos en la copa de los árboles en el cerro Guarumos, ubicado en el bosque Mindo-Nambillo, 50 kilómetros al noroeste de Quito, un área protegida afectada por el oleoducto.
El encadenamiento a los árboles fue una medida de resistencia pacífica contra un proyecto que destruirá este ecosistema (Mindo- Nambillo) único, que alberga especies en peligro de extinción, dijo la presidenta de Acción Ecológica, Natalia Arias.
El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, acusó en reiteradas oportunidades a Acción Ecológica de obstruir un proyecto económicamente beneficioso. En mayo de 2001, el mandatario aseguró que declararía guerra a los ambientalistas trinchera por trinchera si seguían actuando contra la obra.
Antes sabíamos como se llamaban. Sabíamos que era (la) extrema izquierda, ahora se llaman verdes, ecologistas, dijo entonces Noboa.
El presidente ecuatoriano aseguró que el oleoducto va porque va (se construirá porque sí) y que no permitiría que cuatro majaderos jodan al país, en referencia a los ambientalistas, indígenas y activistas de derechos humanos opuestos al oleoducto.
El gobierno no acepta considerar cambios en la ruta del oleoducto atendiendo el impacto ambiental de la obra por su trazado actual.
Las protestas de Greenpeace lograron que el gobierno del occidental estado alemán de Renania del Norte/Westfalia, propietario de 43 por ciento de las acciones del banco Westdeutsche Landesbank (WestLB), deje en suspenso el crédito de 900 millones de dólares con que preveía financiar el OCP.
El ministro de Finanzas de Renania del Norte/Westfalia e integrante del Consejo Administrativo del WestLB, Peer Steinbruck, se pronunció a favor de examinar el impacto ambiental antes de desembolsar el dinero.
Representantes de OCP Limited, consorcio integrado por la transnacional canadiense Alberta Energy, la italiana Agip Oil, la española Repsol-YPF, las estadounidenses Kerr McGee y Occidental Petroleum y la argentina Techint, señalaron que el proyecto cumplía normas ambientales establecidas por el Banco Mundial.
Sin embargo, el Banco Mundial contradijo esa versión y afirmó en un comunicado que la obra no sigue sus reglas ambientales.
El 19 de diciembre de 2001, el Banco dirigió una carta a Hernán Lara, presidente ejecutivo del Consocio OCP, con copias al gobierno de Renania del Norte/Westfalia y al representante del WestLB en Nueva York, reclamando mayor protección ambiental.
La zona de Mindo-Nambillo pertenece a una región única de bosque húmedo conocida como Chocó Andino, que se extiende hasta Colombia y es considerado uno de los lugares más ricos en especies de aves del mundo. (FIN/IPS/kl/mj/en/02
