Los seguidores del ex presidente peruano Alberto Fujimori aseguran que ninguna prueba concreta sustenta las acusaciones contra su líder, pero sus detractores confían en que la acción iniciada por el Poder Legislativo obligará a Japón a extraditarlo.
El Congreso legislativo elevó el lunes al Poder Judicial una acusación constitucional contra Fujimori por asesinato, lesiones y desaparición forzada de personas, en relación con la muerte de 25 personas en 1991 y 1992 a manos de una unidad de inteligencia denominada Grupo Colina, que operaba en Lima.
«Todavía no se puede cantar victoria porque están de por medio las decisiones de las autoridades japonesas», sostuvo el ministro de Justicia, Diego García Sayán.
Por su parte, la abogada y legisladora fujimorista Martha Chávez dijo a IPS que «la legislación japonesa contempla la posibilidad de que sus ciudadanos acusados en otros países sean juzgados en Japón», por lo que el ex presidente no necesariamente se verá obligado a retornar a Perú para ser sometido a juicio.
Fujimori fue destituido por el parlamento en noviembre, cuando se encontraba en Japón, donde apeló a su doble nacionalidad en busca de refugio. Las leyes japonesas prohíben la extradición de sus ciudadanos a otros países.
Fujimori aseguró haber triunfado en la guerra civil contra insurgentes de izquierda iniciada en 1980 sin violar los derechos humanos. Los integrantes del Grupo Colina fueron amnistiados junto con 4.000 insurgentes arrepentidos.
Sin embargo, la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (Comisededh) calculó que durante el gobierno de Fujimori se registraron 840 desapariciones, que se suman a las 1.484 denunciadas en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y las 866 durante el periodo de Alan García (1985-1990).
En «Desde Tokio», su página en la red informática mundial Internet, Fujimori aseguró que su acusación carece de pruebas y es parte de una persecución política.
«Mis enemigos políticos pretenden condenarme a cadena perpetua con cualquier cargo. Primero dijeron que robé lingotes de oro del Banco Central, luego que tenía empresas en Panamá y buscaron por todo el mundo mis supuestas cuentas bancarias», sostuvo el ex presidente.
«Como no las encontraron», el Congreso implementó la acusación por violaciones de derechos humanos, agregó.
Las pruebas citadas en la acusación «son testimonios de generales involucrados en delitos de corrupción y que bajo fuerte presión para reducir sus condenas están dispuestos a secundar acusaciones sin pruebas», aseguró el ex presidente.
La investigación parlamentaria no encontró ningún documento ni prueba instrumental de la participación directa o indirecta de Fujimori en los crímenes que se le imputan, sostuvo Carmen de Lozada, ex integrante de la comisión que acusó al ex presidente y que fue separada del parlamento la semana pasada.
«Es indudable que me desaforaron para silenciarme, para que no revelara que la comisión acusadora no había encontrado prueba alguna» afirmó De Lozada este martes.
Por su parte, el presidente de la comisión, Daniel Estrada, sostuvo que el Congreso legislativo no está obligado a probar las acusaciones, «porque esa función corresponde a los jueces».
«El Congreso no ha juzgado a Fujimori. Le ha hecho un antejuicio, que pone en marcha el mecanismo judicial que lo sentará en el banquillo de los acusados», explicó Estrada.
El legislador afirmó que el procedimiento aprobado por el Poder Legislativo obliga a las autoridades japonesas a entregarlo a la justicia peruana, porque las violaciones de derechos humanos son perseguibles en todo el mundo.
Sin embargo, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Martín Belaúnde, consideró que «si no se cumplen las pautas del debido proceso de modo claro e inobjetable, la demanda de los tribunales peruanos podría ser desestimada por los jueces» japoneses que estudiarán la extradición.
«Si la demanda esta debidamente fundamentada, Perú podría inclusive recurrir a la Corte Internacional de Justicia para que obligue a Tokio a entregar» a Fujimori, añadió Belaúnde.
Pero «tomando en cuenta la evidente persecución política en contra de Fujimori en Perú y la falta de pruebas que sustenten la acusación, los jueces japoneses podrían rehusar el pedido», dijo la legisladora Chávez, única fujimorista en el Congreso tras el desafuero de sus dos compañeras de bancada.
«Tal vez los jueces japoneses decidan enjuiciarlo en Japón y sentenciarlo, o absolverlo, según el carácter y valor de las pruebas que les hagan llegaer los jueces peruanos para sustentar la acusación y el pedido de extradición», concluyó Chavez
La guerra civil peruana, iniciada en 1980 y concluida —según las autoridades— en 1997, dejó un saldo de más de 25.000 muertos y desaparecidos entre insurgentes, integrantes de las fuerzas de seguridad y civiles no combatientes. (FIN/IPS/al/mj/hd ip/01
