El gobierno de Argentina comunicó hoy a Francia e Italia el rechazo de sendos pedidos de extradición contra el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, requerido por delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983).
Astiz fue detenido a comienzos de julio, atendiendo la solicitud de la justicia italiana que lo reclama por su presunta participación en la desaparición de tres personas de esa nacionalidad en los años 70.
Las autoridades de Francia, tras conocer la detención de Astiz, también lo reclamaron para que cumpliera la pena impuesta en 1990 por un tribunal que lo condenó en ausencia por el secuestro en 1977 en Argentina de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
El mismo pedido y por hechos similares también hicieron España y Suecia.
El argumento del gobierno de Fernando de la Rúa para rechazar los pedidos se basó en el principio de territorialidad, es decir que el acusado debe ser juzgado en el país donde cometió el delito.
Igual actitud había asumido Buenos Aires el año pasado ante el juez español Baltasar Garzón, quien requirió la extradición de casi un centenar de ex represores en el marco de la causa por delitos contra la humanidad cometidos por las dictaduras de Argentina y de Chile.
La justicia italiana lo reclamó por la desaparición de Susana Pegoraro, quien estaba embarazada, la de su padre, Juan Pegoraro, y de Angela Aieta.
En tanto, la justicia argentina investiga una denuncia de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, encargada de buscar a niños desaparecidos durante la dictadura, la cual sostiene que la joven Evelyn Vázquez, que hasta hace algunos años vivía con un ex suboficial naval actualmente procesado, es la hija de Pegoraro.
Vázquez se negó hasta ahora a realizarse el examen genético que permitiría corroborar su verdadera filiación, pues reclama a la justicia que le garanticen que el resultado del análisis no será utilizará como prueba contra su padre adoptivo.
En caso de confirmarse que Vázquez es la hija de Susana Pegoraro, Astiz podría ser juzgado por el delito de apropiación de menores.
Astiz fue procesado a mediados de los años 80 en Argentina por los delitos de secuestro, torturas y desaparición forzada de personas, pero en 1987 fue beneficiado con las leyes de amnistía que dejaron fuera de los tribunales a centenares de militares que actuaron en la represión ilegal.
Sobre este ex marino, considerado un símbolo de la represión dictatorial por las organizaciones humanitarias, pesa la orden de captura internacional por la condena de la justicia francesa.
En Argentina, aunque hasta ahora ha eludido los tribunales, no ha podido escapar a la condena de la sociedad y ha sido agredido en diversas oportunidades tras ser reconocido en calles, discotecas o restaurantes.
A comienzos de 1998, Astiz fue entrevistado por el semanario Trespuntos, donde reconoció que era el argentino «mejor preparado» por la Armada «para matar a un político o a un periodista», y que la marina le había ensañado «a destruir no a construir».
Esas declaraciones desataron una ola de 14 denuncias por apología del delito. El incidente derivó en el arresto a rigor por 60 días y la posterior destitución de la Armada, lo cual implicó la pérdida del sueldo y los beneficios de pertenecer a la fuerza. (FIN/IPS/mv/dm/hd/01
