La provincia de Riau, situada en el oeste del archipiélago indonesio, se destaca como un lugar de relativa calma en un país caracterizado por conflictos violentos en los últimos años.
Sin embargo, detrás de esa apariencia pacífica hay cinco décadas de resentimiento acumulado, y las autoridades advierten que es hora de que Yakarta comience a cambiar el tratamiento que otorga a la provincia.
Ya hay grupos que reclaman la independencia de Riau, por considerar que la provincia, situada al sur de Singapur, no obtiene una porción justa de los ingresos que genera para el país.
«Nos adherimos a principios democráticos y adecuados para reclamar nuestros derechos», aclaró Chaidir M.M., presidente de la Cámara de Diputados de Riau, y destacó que su pueblo siempre evitó la lucha armada pese al destrato que, según la opinión pública local, recibe del gobierno central.
Sin embargo, «hay momentos en que la paciencia y la compostura se acaban», dijo.
Riau, con 4,7 millones de habitantes, es la provincia más rica de Indonesia en términos de ingresos derivados de la producción doméstica, gracias a sus yacimientos de petróleo y a sus plantaciones forestales.
Desde 1997, Riau ha aportado un promedio de 36.000 millones de dólares anuales al gobierno central, de los cuales la mitad proceden del petróleo.
No obstante, los habitantes de Riau se encuentran entre los más pobres de este país del sudeste asiático, dado que 14 por ciento de ellos viven por debajo de la línea de pobreza.
Es claro que la provincia no obtiene una porción justa de los ingresos que genera a partir de sus propios recursos, destacaron funcionarios.
El gobernador de Riau, Saleh Djasit, lamentó que en las últimas seis décadas su provincia haya presenciado «la explotación de su suelo» y que «las ganancias no retornen a ella ni siquiera en una pequeña proporción».
«Siempre buscamos acuerdos y obramos con corrección en esta lucha, aunque el gobierno central nunca ha entendido plenamente nuestra buena voluntad», dijo.
Riau obtiene apenas una asignación presupuestal de 350.000 millones de rupias, o 40 millones de dólares, el equivalente a 0,1 por ciento de lo que aporta a las arcas de Yakarta.
Aunque la imposición este año del plan de autonomía regional aumentó los fondos distribuidos a las provincias, en industrias consideradas estratégicas para las finanzas públicas y la inversión extranjera, 70 por ciento de los ingresos aún se destinan al gobierno central y apenas 30 por ciento a las administraciones locales donde se sitúan las industrias.
La situación de la aldea de Tanjungpalas, considerada subdesarrollada desde 1996, ilustra claramente la situación de Riau. La aldea es vecina de una refinería de petróleo responsable de 40 por ciento de la producción petrolífera de Indonesia.
Según autoridades locales, para corregir la actual situación económica, Yakarta debería dar a Riau al menos 70 por ciento del control del yacimiento petrolero de Coastal Plains Pekanbaru (CPP) una vez que venza su contrato con PT Caltex Pacific Indonesia (CPI).
Por ahora, Riau controla apenas 10 por ciento de Coastal Plains.
CPP es uno de los cuatro yacimientos de Riau operados por CPI, la subsidiaria nacional de la empresa petrolera estadounidense Caltex, en virtud de un contrato de distribución de la producción con la firma petrolera estatal Pertamina. CPI produce 700.000 barriles diarios en Riau.
Yakarta sostiene que la provincia no posee los recursos ni la capacidad técnica necesarios para manejar CPP, pero la semana pasada, el gobierno de Megawati Sukarnoputri anunció que cedería control sobre el yacimiento «en el futuro».
La falta de una fecha específica generó desconfianza en las autoridades de Riau y frustración en la población.
«Han sido engañados muchas veces», comentó Edyanus Herman Halim, secretario del Consejo de Expertos de Riau.
De hecho, Yakarta ni siquiera habría hecho ese vago anuncio si los habitantes de Riau no hubieran amenazado con bloquear CPP.
Los riauenses se indignaron al saber que Megawati extendió el contrato con CPI el día 6 sin revisión alguna por considerarlo crucial para garantizar la «continuidad», y que por ahora sólo CPI puede operar el yacimiento.
Por el momento, lo único que saben con certeza los habitantes de Riau es que aumentarán los controles de seguridad en su provincia, lo cual podría significar más violaciones a sus derechos humanos.
La policía y los militares de Riau son muy sensibles a los «trastornos de seguridad» debido a los millones de dólares en juego, y con frecuencia actúan con demasiada rapidez o violencia contra los sospechosos, afirmaron residentes locales.
«Los empresarios les pagan bien, por eso son más firmes con la gente de acá», aseguró Al Azhar, coordinador de la Alianza del Pueblo de Riau.
La Comisión para las Víctimas de Violencia y Desaparecidos (Kontras) sostiene que cientos de riauenses han sido torturados, detenidos en forma ilegal o expulsados.
Munarman, presidente de Kontras, citó el caso de Zarina, una madre de cinco hijos que fue atacada por un grupo de hombres y encarcelada. «Ella fue acusada de robar troncos mientras talaba árboles en su propia tierra», contó.
Los hombres que atacaron a Zarina resultaron ser guardias de seguridad de PT Arara Abadi, una empresa que fabrica madera contrachapada. (FIN/IPS/tra-en/ky/ccb/js/mlm/dv-hd/01
