Ningún acuerdo internacional debería prohibir políticas de acceso a las medicinas a precios económicos, advirtieron hoy los autores de un estudio solicitado por la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU.
El dictamen firmado por los juristas J. Oloka-Onyango, de Uganda, y Deepika Udagama, de Sri Lanka, suma nuevos argumentos al debate sobre la supremacía entre los derechos humanos y los derechos de propiedad intelectual que protegen las patentes farmacéuticas.
Gran número de países en desarrollo cuestionan ciertas normas del Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) porque amparan a los laboratorios titulares de las patentes en perjuicio de la salud pública.
El ADPIC es uno de los tratados más cuestionados del ordenamiento jurídico que dio forma en 1995 a la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el mandato de velar por la liberalización de los mercados.
Negociadores comerciales establecidos en Ginebra, sede de la OMC, pronostican que el ADPIC será objeto de una embestida de los países en desarrollo, en particular de los africanos, en la conferencia ministerial de la institución que se realizará en Doha en noviembre.
Organizaciones humanitarias, como Oxfam y Médicos Sin Fronteras, observan que las fallas del ADPIC quedan al descubierto ante la carencia de fármacos que padecen los países africanos para afrontar flagelos como el sida, el paludismo y la tuberculosis.
Los autores del informe de la ONU se inclinan por el criterio de que los acuerdos internacionales establezcan un régimen especial en materia de patentes de productos farmacéuticos, debido a la crítica relación que tienen con el pleno goce de los derechos humanos.
Ese enfoque asegurará que se tome en cuenta la perspectiva de los derechos humanos y, al mismo tiempo, pondrá fin a los derechos monopólicos en un área tan crucial para la vida humana, sostuvieron los juristas en el documento presentado este martes a la Subcomisión.
La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos es un organismo integrado por 26 expertos independientes designados por los gobiernos, con la función de asesorar a la Comisión de Derechos Humanos, el principal cuerpo especializado en ese rubro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe de Oloka-Onyango y Udagama reivindica la competencia de los organismos internacionales a cargo de proteger los derechos humanos y de la Subcomisión en particular para participar en el debate sobre el efecto de la mundialización en el goce de estos derechos.
También observa que las principales instituciones involucradas en el proceso de mundialización aceptan ese desafío.
Ante ese comportamiento, los relatores de la ONU defendieron la idea de que las partes comprometidas con la mundialización y con sus efectos abandonen toda política que no se funde en la perspectiva de privilegiar los derechos humanos.
El actual sistema de regulación de la economía internacional ha dedicado escaso espacio o tiempo a los derechos humanos y a otros valores sociales, afirmaron los juristas.
Hasta hace poco, según el informe, había una marcada renuencia a abrir una discusión al respecto por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OMC, las instituciones que desempeñan un papel significativo en la economía mundial.
El estudio considera que las negociaciones sobre el ADPIC nada tuvieron que ver con la liberalización del comercio, a diferencia del resto de los tratados acordados en la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales que dieron nacimiento a la OMC.
Por el contrario, el ADPIC establece mayor protección y en controles más férreos, deduce.
Con ese antecedente, y ante el hecho de que las empresas transnacionales son las poseedoras de gran parte de los derechos de propiedad intelectual, resulta claro que el primer objetivo de las negociaciones fue favorecer el fortalecimiento del poder de esas corporaciones.
El peligro es que ese control monopólico puede recibir mayor prioridad que la protección de los derechos a la salud, a la alimentación, al acceso a la información y aun al derecho a la educación, previnieron Oloka-Onyango y Udagama.
El informe concluye con un llamado a crear un marco que adapte las políticas y las operaciones de las instituciones multilaterales a los derechos humanos fundamentales.
En esa tarea, advierte, deben participar esas instituciones, la OMC y también las agencias especializadas de la ONU en estrecha relación con los problemas de la mundialización.
Pero el estudio también también auspicia la intervención de la sociedad civil, de académicos y de los estados miembros de la comunidad internacional. (FIN/IPS/pc/mj/he/01
