Para solucionar conflictos ambientales, América Latina dispone ahora de leyes especialmente enfocadas hacia la protección del ecosistema. Pero hay varios temas pendientes, entre ellos, la creación de tribunales y peritos especializados, así como el reconocimiento de los derechos colectivos
El proceso que pinta de verde las constituciones de América Latina mantiene un paso firme desde hace dos décadas, abriendo grandes espacios a la discusión de soluciones legales para el creciente deterioro ecológico de la región.
Sin embargo, la construcción del derecho ambiental enfrenta enormes desafíos para ser eficaz en su propósito de proteger los recursos naturales y promover el desarrollo sustentable.
La gran complejidad científico-técnica que suponen los casos ambientales, que demandan muchas veces soluciones inéditas a problemas inéditos, plantea la conveniencia de crear tribunales especializados en la materia, según señalan expertos.
Con ciertas pautas comunes, los países latinoamericanos marcaron cada uno su propio ritmo en el diseño de mecanismos jurídicos para defender intereses muchas veces colectivos y difusos.
Un simposio que reunió este año en la Ciudad de México a juristas de América Latina y el Caribe para disertar sobre la justicia ambiental en el área, destacó la urgencia de que los gobiernos, de la mano de las sociedades civiles de cada nación, examinen los retos que entraña la situación ambiental y «la manera cómo el derecho puede contribuir a enfrentar esos desafíos».
Los cambios en los sistemas jurídicos de América Latina comenzaron a dar frutos, expresándose en la intervención de tribunales de justicia en asuntos ambientales de gran importancia, declaró a Tierramérica Raúl Brañes, presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental, Alda.
El experto afirmó que la región atraviesa «una especie de amanecer de la justicia ambiental, caracterizado por rápidos y promisorios avances que no deben hacer olvidar los retos y desafíos que los problemas pendientes plantean a legisladores y jueces».
El derecho internacional desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la justicia ambiental, hasta convertirse en una especie de «locomotora que conduce el tren» de esa rama del derecho, señaló Brañes.
A partir de 1994, la aprobación de leyes, decretos y acuerdos en materia ambiental permitió conformar una importante rama jurídica en Costa Rica, dijo a Tierramérica Ricardo Zeledón, juez de la Corte Suprema de Justicia de ese país.
Pero muchos años antes, tratados y acuerdos internacionales permitieron construir un marco constitucional medioambiental que integró los derechos individuales con los económicos y sociales, señaló el magistrado.
«En Costa Rica existe un gran acceso a la justicia, impartida en la Sala Constitucional y por medio de la jurisdicción agraria y ambiental. La legislación está, pero lo que hace falta es la creación de órganos judiciales con poder para aplicar la justicia», declaró.
El derecho de todos los costarricenses a habitar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es parte de la cultura de ese país, que ya desde el siglo pasado creó un sólido sistema legal de reservas nacionales, apuntalado por el compromiso asumido por el Estado a partir de 1970 de recuperar para las futuras generaciones gran cantidad de zonas protegidas.
En México, donde se pierden cada año unas 600 mil hectáreas de áreas verdes por la deforestación, se registraron importantes logros en materia ambiental durante los últimos años.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), que reconoce los retrasos en el ámbito forestal, señaló en su último informe que un control exhaustivo de la contaminación industrial en el país permitió que ahora una de cada cien empresas presente irregularidades graves en su operación, contra una de cada cuatro que contaminaba hace dos décadas.
La justicia ambiental en México encara «problemas para la aplicación efectiva de la ley que son de carácter institucional, presupuestal, de falta de voluntad política y necesita además seguir avanzando en el perfeccionamiento del marco legal», explicó a Tierramérica Marielena Mesta, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
La Profepa posee la facultad de imponer sanciones y de actuar por la vía coercitiva, pero «declara que su papel no es perseguir delitos, lo que significa que el escollo no es de instituciones sino de falta de voluntad política para ejercer atribuciones conferidas por la ley», señaló Mesta.
La Constitución mexicana contempla el derecho de la población a poseer un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Es indispensable, también, que «se provean los mecanismos y procedimientos administrativos y judiciales adecuados para la aplicación» de ese precepto, afirmó la experta.
El acceso a la justicia es sin embargo difícil de hacerse efectivo en México pues «las leyes secundarias establecen sólo el esquema de afectación directa, que para efectos prácticos resulta una limitante en materia de derecho ambiental», refirió Mesta.
En México una persona puede ampararse sólo si son violadas sus garantías individuales, «pero en los casos medioambientales la afectación no es directa sino colectiva o indeterminada, lo que significa que no hay posibilidad de interponer esa figura jurídica en los asuntos ambientales», dijo.
En ese sentido, es necesario que se reformen algunas leyes como la de Procedimientos Administrativos y la de Amparo. Para cumplir con el propósito de proteger el ecosistema y promover el desarrollo sostenible se requiere además de un «sistema eficaz para fincar responsabilidades a servidores públicos», en los casos en que éstos se resistan a ejercer sus facultades, declaró.
«Actualmente los ministerios públicos requieren de especialización y los jueces de mayor conocimiento de la ley, así como de más sensibilidad ante los asuntos del medio ambiente», afirmó Mesta.
En Brasil, el acceso al Poder Judicial para la defensa del medio ambiente alcanza mayores grados de eficiencia. En ese sentido, la legislación del gigante sudamericano es reconocida en la región como una de las más avanzadas. El marco legal data en su mayor parte de los años 70 y 80, pero su vigencia ganó fuerza en la última década, principalmente por la movilización social.
En 1981, la Ley sobre Política Nacional del Medio Ambiente atribuyó al ministerio público facultades para entablar juicio en los casos de defensa y protección del medio ambiente.
Siete años después, la Constitución brasileña legitimó al ministerio para promover investigaciones, así como la acción civil pública en la defensa de la ecología, mientras en la mayoría de los países latinoamericanos tales atribuciones corresponden sólo a los órganos estatales responsables del tema, señaló el magistrado brasileño Vladimir Passos de Freitas.
El juez explicó que los procesos criminales requieren demostrar la materialidad del ilícito, lo cual es complicado en los casos de atentado ambiental debido a que los órganos policiales no disponen de peritos especializados. En las acciones civiles la dificultad es la misma.
La avanzada ley ambiental de Brasil no ha podido frenar la sucesión de desastres ambientales, como los causados por derrames petroleros en sus aguas territoriales, aunque algunos casos han sido sancionados.
En agosto, la empresa estatal Petrobras fue sancionada con una multa cercana a 100 millones de dólares por su responsabilidad en el derrame ocurrido en julio de cuatro millones de litros de crudo en el río Iguazú y otros daños al ecosistema.
En contraste con la situación en Brasil, catástrofes ambientales que han tenido lugar en Bolivia impulsaron al ministro de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de ese país andino, José Luis Carvajal, a recomendar al Congreso la revisión de la legislación con miras a que se incluyan sanciones para castigar los atentados ecológicos.
A finales de enero pasado, las firma Transredes, formada por las multinacionales Enron y Shell, estadounidense y anglo- holandesa, respectivamente, provocaron el derrame de 29 mil barriles de petróleo en la región de Oruro, en el sur de Bolivia. (FIN
