Organizaciones no gubernamentales (ONG) divulgaron en esta capital varios ejemplos de mal desempeño en los países en desarrollo de la International Finance Corporation (IDC), el brazo del Banco Mundial en el sector privado.
Las ONG aprovecharon la reunión anual que celebraron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Praga, y que concluyó este miércoles un día antes de lo previsto debido a las multitudinarias y violentas protestas contra la política de ambos organismos.
Las organizaciones acusan a la IFC de retener información y de no consultar a la sociedad civil cuando realiza los proyectos. Así mismo, sostienen que su financiación favorece a las grandes compañías.
Los ejemplos «cuestionan si el concepto que tiene la IFC de desarrollo realmente incorpora el análisis de las prioridades de la gente más pobre», señaló Alex Wilks, del no gubernamental Proyecto Bretton Woods, con base en Londres.
Entre los ejemplos está la mina de oro Kumtor, en las montañas Tien Shan, de Kyrgystán, donde un derrame de cianuro a un río provocó lesiones de gravedad el año pasado a varios habitantes.
La contratista del proyecto, la Kumtor Operating Company, reconoció que no advirtió a tiempo del derrame a las localidades junto al río. La IFC aseguró que esto no ocurriría nuevamente, pero este año, un camión de la compañía se accidentó y derramó los 1.500 kilos de tóxicos y explosivos que cargaba.
El gobierno de Kyrgystán estima los daños en 42 millones de dólares. La compañía accedió a pagar 4,6 millones. La mina de Kumtor es un proyecto de 360 millones de dólares que la IFC financia con 40 millones.
La IFC es la mayor fuente multilateral de préstamos y capital para el sector privado en los países en desarrollo. Desde su formación en 1956 ha financiado más de 2.200 proyectos en 132 países, por valor de 27.000 millones de dólares.
En junio de 1998, la IFC autorizó la construcción del Corredor Sur, 19,5 kilómetros de carretera con peajes en la capital de Panamá que se concluyó en febrero. El proyecto tuvo la firme oposición de la sociedad civil, incluso antes de su aprobación. Ahora hay varias demandas judiciales pendientes en su contra.
Más de 50 personas cuyas viviendas fueron dañadas por la construcción presentaron una demanda por 30 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas de Panamá también deberá investigar la presunta venta ilegal de propiedad estatal por 45 millones de dólares.
El mes pasado, el Tribunal de Agua Centroamericano, falló que el gobierno panameño, la IFC y la compañía constructora, Ingenieros Civiles Asociados, fueron culpables de perjudicar la salud pública y el ambiente mediante la construcción del Corredor Sur.
En Africa, la IFC también fue cuestionada por financiar un oleoducto entre Chad y Camerún, valorado en 3.700 millones de dólares, y la represa Bujagali, en Uganda.
El oleoducto es construido por las petroleras estadounidenses Exxon Mobil y Chevron, y por el grupo Petronas, de Malasia.
El proyecto es criticado por la guerra civil que atraviesa Chad y por la pésima situación de derechos humanos en ese país. Camerún es uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional, la organización que mide la corrupción internacional.
Las ONG también sostienen que el proyecto no asegura que los pueblos indígenas se beneficien de los ingresos generados por 28 años de producción petrolera. Así mismo, aseguran que el oleoducto dañará al ambiente en forma permanente.
«Para reducir su riesgo, las compañías se aseguraron en los acuerdos firmados de que el proyecto no se rija por las leyes nacionales», informó el estudio de las ONG sobre el oleoducto.
En caso de emergencia, los acuerdos estipulan que las compañías «tendrán acceso a todo terreno privado o público, cualquiera sea su estatuto o ubicación, sin autorización previa, y con la posible ayuda de servicios públicos o privados de emergencia».
Los estudios fueron preparados por varias ONG, como el Proyecto Bretton Woods, la Red Internacional de Ríos, Centro de Recursos y Ambiente del Pacífico y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
La IFC sostiene que no ignora los riesgos cuando financia emprendimientos del sector privado, sino que pretende «brindar acceso… a una mejor calidad de vida para la gente pobre», dijo Glen Armstrong, del Departamento Ambiental de la corporación. (FIN/IPS/tra-en/gm/da/aq/dv-if/00
