La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó una nueva etapa en sus 20 años de existencia al analizar desde esta semana su primer proceso en materia de derechos económicos y sociales.
Se trata del "caso Baena Ricardo y otros", en el que se acusa al Estado de Panamá de violar los derechos de 270 trabajadores públicos despedidos en 1990 por sumarse a una huelga.
"La naturaleza de los casos que analiza este tribunal está cambiando", explicó el juez brasileño Antonio Cançado, presidente de la Corte Interamericana, tras el inicio de su primer período ordinario de sesiones de este año.
En los años 80 y 90, la mayoría de las denuncias se refirieron a violaciones del derecho a la vida y a las libertades personales, agregó.
Pero Cançado explicó que, al entrar en vigor en muchos países del continente el Pacto de Derechos Económicos y Sociales suscrito en El Salvador en 1988, "es probable que aumenten el número de casos" por reclamos laborales y económicos.
Para el caso Baena Ricardo el alto tribunal internacional, que sesiona del día 24 al 4 de febrero, realizó una de las audiencias públicas más numerosas de su historia.
Ante la Corte Interamericana comparecieron, entre el miércoles y el viernes,, 14 testigos y peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Estado acusado, entre ellos el ex presidente panameño Guillermo Endara (1989-1994).
Los empleados públicos despedidos en 1990 laboraban para el hoy disuelto Instituto de Recursos Hidráulicos y Eléctricos (IRHE), entonces estatal.
Según Cançado, ese es uno de los elementos que hacen más complejo el caso, pues los trabajadores están haciendo reclamos a una compañía que no existe hace 10 años, pues fue privatizada.
Por su parte, los representantes de los trabajadores afectados han reiterado que el juicio sentará un precedente sobre el impacto de las medidas "neoliberales" y de reformas económicas que tenían como "objetivo descabezar a la directiva sindical y privatizar empresas estatales".
Desde este lunes hasta el 4 de febrero, los jueces de la CIDH deliberarán sobre este caso, así como sobre otros cuatro procesos, y es muy probable que se emita una sentencia en un plazo de alrededor de un año.
Pero este caso no ha estado exento de grandes controversias, entre ellas el reclamo del Estado panameño, según el cual el juez Cançado comprometió su imparcialidad al decir que esta demanda es la primera por reclamos de derechos económicos y sociales.
Los representantes del Estado de Panamá solicitaron el aplazamiento de las audiencias y que Cançado deje la presidencia de la Corte cuando se conozca el fondo de la demanda.
Sin embargo, sus compañeros magistrados le dieron un voto de apoyo y desestimaron la petición con el argumento de que las declaraciones del letrado no constituyeron una "conducta impropia".
En las audiencias públicas, Endara negó que su gobierno hubiese despedido a los trabajadores del IRHE por el hecho de que hubieran participado en una huelga.
Aunque sin ofrecer pruebas, Endara enfatizó que por "informes de inteligencia" detectaron vínculos entre la huelga del 4 de diciembre de 1990 y la intentona golpista promovida un día después por el coronel del ejército Eduardo Herrera.
"Existía una conexión histórica (de algunos sindicalistas) con el (extinto) régimen militar (del ex dictador) Manuel Antonio Noriega", detalló Endara.
Sin embargo, los trabajadores presentes en la CIDH dijeron que las palabras del ex presidente eran "temerarias" y negaron que los sindicatos estuvieran vinculados con el régimen militar.
"Nosotros también luchamos por la democracia y sufrimos la represión, la tortura, la cárcel y el exilio" a manos del régimen de Noriega, declaró Luis Batista, uno de los trabajadores afectados. (FIN/IPS/nms/mj/hd lb/00
