El gobernante Partido Popular (PP), de España, se mostró hoy dispuesto a cerrar la llamada puerta sur de Europa a los inmigrantes, con la presentación de 112 enmiendas al proyecto de extranjería que debate el parlamento.
El PP esperó para presentar los cuestionamientos en el Senado hasta la medianoche de este miércoles, cuando vence el plazo para hacerlo y en pleno feriado.
España está prácticamente paralizada desde el sábado, al cumplirse la costumbre del "puente" que une dos o más días feriados intercalados, como ocurrió esta vez con la celebración del aniversario de la Constitución, el lunes, y la conmemoración este miércoles del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
Al agotar el plazo y presentar más de cien enmiendas, el partido gobernante acude a un procedimiento que en la jerga parlamentaria se conoce como "filibusterismo" y que consiste en paralizar trámites legislativos con cualquier tipo de argucias.
Si el proyecto no es aprobado antes de concluir esta legislatura, el día 23, se deberá comenzar desde el principio, ya en el nuevo parlamento que será elegido en marzo, en una fecha aún sin definir por el Poder Ejecutivo.
España es reconocida como "la puerta sur" de Europa, por su relación con el norte de Africa, donde tiene dos enclaves, las ciudades de Ceuta y Melilla, cuya soberanía reclama Marruecos y a través de las cuales ingresan los extranjeros.
Una situación similar se produce en las Islas Canarias, ubicadas frente a la costa noroccidental africana.
Además, España también ha sido tradicional puerta de entrada para emigrantes de América Latina, por la relación histórica y cultural que la une y por los convenios de doble nacionalidad que tiene con muchos de los países de esa región.
En España hay unos 800.000 inmigrantes legales y unos 200.000 irregulares. En el primer borrador del proyecto de extranjería, elaborado en consenso entre todos los partidos, se establecía que las 200.000 personas indocumentadas podrían obtener su permiso de residencia permanente.
Pero entre las enmiendas presentadas este miércoles, una establece que solo podrán obtener documentación española permanente aquellos extranjeros que cuenten con permiso de residencia temporal renovado al menos en dos oportunidades.
También se estipula que los aspirantes deberán acreditar que poseen medios económicos para su subsistencia y haber permanecido de manera continuada en territorio español, desde la obtención del primer permiso de residencia.
Otra de las enmiendas limita a los inmigrantes la libertad de circulación, participación pública, reunión, manifestación o asociación, derecho al trabajo y a la seguridad social y libertad de sindicación y de huelga.
Si el proyecto es aprobado en la actual legislatura, lo cual es poco probable, y se siguiesen aplicando las prácticas gubernamentales, la situación de los inmigrantes se podría agravar.
Un ejemplo es lo ocurrido con la nigeriana Amen Erhunmuwunse, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le reconoció el derecho a tener su permiso de residencia por tener trabajo y estar casada con un residente con permanencia regularizada.
Sin embargo, el jefe de policía de Madrid, Julio Corrochano, le negó la residencia a Erhunmuwunse, arguyendo que carecía de un visado de entrada al país.
Erhunmuwunse presentó a fines de noviembre una querella contra Corrochano por los delitos de prevaricación y desobediencia a la justicia. La orden de expulsión quedó suspendida hasta que concluya el juicio.
El recurso de pedir un visado y obtener un compromiso de trabajo antes de viajar a España reduce casi a cero las posibilidades de la mayoría de los extranjeros en radicarse en este país, pese a que empresarios y sindicalistas afirman que hay demanda de mano de obra insatisfecha, en especial en el agro y la construcción.
Pedir el visado y el permiso desde sus países de origen no sirve, porque "la respuesta tarda años y siempre y cuando logre el milagro de que lo contraten a ciegas", sostiene el diputado de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, uno de los más críticos con los planteos del PP.
El otro camino para llegar a España consiste en subirse a una "patera", frágil embarcación en la que son trasladados los inmigrantes desde el norte de Africa, sin pasar por los puestos fronterizos.
Una tercera ruta es intentarlo por algún aeropuerto, tratando de ingresar como turista. Pero en terminales aéreas como la de Barajas, en Madrid, se violan todos los tratados internacionales sobre inmigración, aseguró el abogado José Antonio Moreno, portavoz de la organización no gubernamental SOS Racismo.
En ese aeropuerto se realizan controles de pasaportes dentro de los aviones, al pie de la escalerilla o en la misma pista de aterrizaje, todo ello prohibido por las leyes internacionales.
Así como en la administración se ponen a los inmigrantes todo tipo de trabas, incluso ilegales, en la sociedad civil se movilizan a su favor las organizaciones no gubernamentales, 60 de las cuales convocan a movilizarse una y otra vez en reclamo de un tratamiento más humanitario.
También existen aquellas organizaciones que se ocupan de los inmigrantes, como SOS Racismo, o la actividad solidaria del sacerdote Andrés Avelino, que atiende la parroquia de Algecerias, ciudad y puerto ubicada en la costa de Andalucía, sobre el mar Mediterráneo y frente a Marruecos.
Avelino también es vigilado por la policía, por alojar a muchos "espaldas mojadas" (inmigrantes ilegales) que llegan sin saber dónde ir ni con quién contar.
El gobierno de Cádiz, otro puerto andaluz, también sancionó en septiembre a una mujer, Francisca Gil, por acoger en su domicilio a un inmigrante irregular. Tras su detención una noche en una comisaría, fue acusada de favorecer la inmigración ilegal, pero el juez la absolvió y archivó el caso.
Gil, llamada "Paqui" por sus familiares y amigos, confiesa que tuvo y tiene miedo, pero que seguirá ayudando a los inmigrantes. "Si me multan, mala suerte, y si me detienen, mala suerte otra vez", afirmó. (FIN/IPS/af/dm/hd ip/99
