Casi 80 por ciento de la población de Japón apoya la pena de muerte, la cifra más alta desde 1956, según una encuesta realizada por la oficina del primer ministro.
En 1994, el grado de aceptación de la pena capital, que se aplica en Japón aunque el país de 125 millones de habitantes tiene una de las tasas de delincuencia más bajas del mundo, era de 74 por ciento.
La comerciante Hiroko Nagahara, que solía defender la abolición de la pena de muerte, cambió de opinión.
"Es difícil estar en contra de la pena de muerte en estos días, cuando hay tantos asesinatos brutales. Es una manera de llevar justicia a las víctimas inocentes", opinó Nagahara, que dirige una tienda de muebles.
Su opinión explica el resultado de la encuesta realizada en septiembre, la última de su tipo desde 1994 y una de seis que se hicieron a partir de 1956. El sondeo fue divulgado la semana pasada y abarcó a 5.000 hombres y mujeres mayores de 20 años.
Los resultados también revelaron que la oposición a la pena capital cayó a ocho por ciento. Esta es la primera vez que la cifra es inferior a 10 por ciento.
Casi la mitad de los encuestados, a quienes se pidió que señalaran porqué estaban a favor de la pena de muerte entre varias opciones, escribieron que los perpetradores de crímenes deberían perder sus vidas para pagar por sus acciones.
De los 5.000 encuestados, 48,2 por ciento afirmaron que se cometerían más crímenes si se aboliera la pena capital y 48,6 por ciento que las víctimas y sus familias no estarían satisfechas a menos que los criminales fueran ejecutados.
Los resultados asestaron un golpe al movimiento que lucha para que el gobierno japonés adopte la convención de la Organización de las Naciones Unidas para abolir la pena de muerte, que cumplirá 10 años este mes.
Los abolicionistas sostienen que el aumento del apoyo a la misma se debe a la indignación por crímenes como los ataques con gas sarín realizado por el culto religioso Aum y un caso de envenenamiento en el que se acusa a una ama de casa de colocar arsénico en la comida.
Doce personas murieron y unas 5.000 enfermaron por la liberación del gas sarín en los subterráneos de Tokio el 20 de marzo de 1995, un crimen que conmocionó al público y puso fin al historial internacional de Japón como una sociedad de seguridad sin fisuras.
"Hay miedo y enojo por la ola de crímenes recientes que se cometieron sin un motivo u objetivo claro", explicó Kyoko Otani, abogada de algunas de las víctimas del ataque con gas sarín.
"La sociedad japonesa se inclina por la pena de muerte porque el gobierno ofrece la ley como la única seguridad contra una ola de nuevos tipos de crímenes", agregó Otani.
Señaló que las familias que representa en el caso del gas sarín apoyan la pena de muerte para los perpetradores. "Creen que al pedir la muerte del perpetrador protegen los derechos de la víctima", dijo Otani.
Según el Ministerio de Justicia, el número de criminales condenados a muerte es de entre cuatro y seis por año, y la cantidad de crímenes que se cometen anualmente va en aumento.
En 1997, hubo un total de 12.366 casos de crímenes como incendios intencionales, violaciones y secuestros, 1.080 más que el año anterior. Hubo 1.282 casos de homicidio, en comparación con 1.218 en 1996.
Los jueces generalmente citan el remordimiento del criminal como una condición para no imponer la pena de muerte.
Los casos en que se prueba que los criminales mataron a más de una persona y en los que están involucrados en robo y asesinato también reciben la pena de muerte.
Debido a que Japón está reorganizando su poder judicial, los activistas temen que la última encuesta retrase el esperado debate sobre el tema.
Akira Ishikawa, de la organización Amnistía Internacional, afirmó que el ministro de justicia de ese país, Hideo Usui, quien apoya la pena de muerte, prometió que el gobierno manejaría con rapidez el caso del culto religioso Aum.
Los líderes de Aum "no muestran arrepentimiento alguno por sus acciones pasadas y continúan con sus actividades en diversas partes del país, algo que preocupa a la gente", dijo a los periodistas.
Señaló que el parlamento japonés debería aprobar una nueva ley para permitir la mayor vigilancia de organizaciones como el culto Aum.
Japón también considera disminuir la edad límite para que los delincuentes juveniles puedan ser acusados penalmente, que actualmente es de 20 años. El ministro Usui está de acuerdo.
Sin embargo, estas medidas preocupan a los activistas, que luchan por un sistema que brinde a los asesinos una oportunidad para rehabilitarse.
"Los resultados de la última encuesta a favor de la pena de muerte no nos detendrán", dijo Sayako Kikuchi de la Organización contra la Ejecución, que cuenta con el apoyo de 600 personas, entre ellas abogados y académicos.
"La principal razón por la que el público japonés continúa apoyando la pena de muerte es porque no entiende el asunto de la manera en que debería ser entendido. Hacemos todo lo que podemos para educar mejor al público", señaló Kikuchi.
Kikuchi ha realizado campañas junto con otros grupos para que se ofrezca más información al público sobre las ejecuciones que se realizan en el país.
Afirmaron que las ejecuciones se realizan en secreto y que los medios de comunicación apenas informan sobre ellas.
Los críticos señalaron que los prisioneros son informados sobre la ejecución cuando son llevados desde sus celdas hacia el lugar donde se realizará y que con frecuencia la familia del ejecutado se entera de lo ocurrido a través de los periódicos.
Kikuchi dijo que en algunas ocasiones las familias de las víctimas, si se les da la oportunidad, desisten de la ejecución como medio de justicia.
El año pasado, Masumi Fukuda, que perdonó al asesino de su hermano menor luego de intercambiar correspondencia con él, escribió un libro titulado "Saredo Ware Shokei O Nozomuzu" (Es difícil, pero no quiero la ejecución).
"Mi visita muestra cuán grave es la pena de muerte. No puedo evitar sentir más pena por los condenados", dijo el entonces ministro de justicia Shozaburo Nakamura durante una visita a un centro de ejecución el año pasado. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/at/aq/hd/99
