Unos 500 alcaldes y concejales que representan la mitad de los municipios de Colombia se ven impedidos de ejercer plenamente sus funciones por las presiones de grupos guerrilleros y paramilitares de derecha, denunciaron hoy portavoces en un foro contra la violencia.
La Federación Colombiana de Municipios (FCM) pidió al gobiermno garantías para estos funcionarios, "que son blanco de los grupos armados ilegales", durante el foro "Alcaldes por la vida", que concluyó este jueves en Bogotá.
Los aldaldes denunciaron en un memorando dirigido al gobierno que en este año ocho de ellos han sido asesinados, 30 por ciento se ve obligado a "pagar impuestos a la guerrilla" y 470 representantes municipales han recibido amenazas de los grupos armados.
Martín Cuassi, alcalde de Segovia, una ciudad del noroccidental departamento de Antioquia, denunció que debe gobernar en una estrecha habitación que se convirtió en su despacho y dormitorio desde diciembre pasado, cuando recibió seis disparos de bala de presuntos paramilitares.
"Vivo en una cárcel", afirmó Cuassi, quien anunció, al igual que otros 50 alcaldes, que renunciará a su cargo si no son atendidas sus peticiones sobre seguridad.
Luis Urbina, alcalde de Cucutilla, en el noreste del país, afirmó que su municipio es uno de los 140 que fueron abandonados por las fuerzas de seguridad también por amenazas de la guerrilla o grupos paramilitares.
Jimmy Pedreros, alcalde de la sureña ciudad de Pasto, señaló que "son innumerables las denuncias de colegas de todos los puntos del país" sobre amenazas contra sus vidas.
En los 18 municipios del norteño departamento de Bolivar, los alcaldes han recibido amenazas, de grupos paramilitares y guerrilleros.
Gilmerto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, dijo a IPS que candidatos a los concejos y alcaldías para las elecciones del 2001 han sido amenazados en 43 por ciento de los 1.083 municipios del país.
Los grupos armados ilegales están dispuestos a disputar "a sangre y fuego" el control de los municipios, ya sea obligándolos a renunciar para imponer sus candidatos o presionándolos para que sigan sus orientaciones, afirmó.
Toro indicó que 20 alcaldes gobiernan desde la clandestinidad y dos se encuentran exiliados a causa de las amenazas que han recibido. En las últimas elecciones, celebradas en 1997, fueron asesinados 23 candidatos a alcalde.
Según cifras de la Federación Colombiana de Municipios, entre noviembre de 1997 y julio de 1999 han sido secuestrados 117 alcaldes, nueve de ellos en lo que va de este año.
Los organismos de seguridad indican que entre 1998 y 1999 han sido asesinados 21 alcaldes. El último fue Marco Londoño, de Vistahermosa, en el sudoriental departamento de Meta, que fue atribuido por el ejército a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor fuerza guerrillera del país.
La guerrilla, que según el gobierno estadounidense controla directa o indirectamente 40 por ciento del territorio colombiano, presiona a los alcaldes para que les otorguen "algún grado de control" en las finanzas municipales.
Toro responsabilizó por la muerte de los aldaldes no sólo a los grupos armados sino también al Estado, por falta de solidaridad y apoyo.
El "es inaudito que en 120 municipios los alcaldes no puedan contar con presencia policial o tenga que despachar fuera de su territorio", afirmó.
Ana Bernal, directora de la no gubernamental Red de Iniciativas para la Paz, dijo que la situación de inseguridad que viven los alcaldes está relacionada con la violencia generalizada de que es objeto la población civil.
Bernal pidió a los grupos armados que respeten el mandato de cerca de 12 millones de personas, que el domingo pasado marcharon en todo el país para pedir el cese del fuego, los secuestros y de las violaciones de los derechos humanos en general. (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/99
