La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a Guatemala por la comisión de torturas y asesinatos contra menores de edad. Es la primera vez que el tribunal enjuicia a un país por este motivo.
La Corte, con sede en San José de Costa Rica, comenzó el jueves a escuchar los testimonios sobre tortura y asesinato de cinco menores de 15 a 20 años, de lo que se acusa al Estado guatemalteco, y dictará sentencia dentro de un año.
Los jóvenes Anstraum Villagrán, Henry Giovani Contreras, Federico Figueroa, Julio Roberto Caal y Jovito Josué Juárez fueron torturados y asesinados el 15 de junio de 1990 por agentes del Estado, según la denuncia presentada ante la Corte por Casa Alianza, una organización no gubernamental (ONG).
A los jóvenes les sacaron los ojos y les cortaron la lengua y las orejas antes de asesinarlos a tiros.
Casa Alianza presentó el caso ante la justicia guatemalteca, pero muchas de las pruebas fueron desestimadas, por lo que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acogió el caso y lo elevó a la Corte.
"Teníamos dos opciones frente a la impunidad: tirar la toalla o llevar el caso ante el sistema interamericano, optamos por esto último en 1994", dijo Bruce Harris, director de Casa Alianza para América Central.
Harris, quien señaló que a raíz de este caso miembros de la ONG recibieron amenazas de muerte y su centro de crisis en Guatemala fue ametrallado, comentó que los jóvenes asesinados "no eran angelitos, pero nadie tenía derecho a quitarles la vida, no hay excusa para ello".
Casa Alianza editó un libro sobre las violaciones de los derechos humanos de los niños en Guatemala y Honduras entre 1990 y 1997, en el cual se consignan los casos de los jóvenes por los cuales el Estado guatemalteco será juzgado.
"Cuando hablamos de tortura, normalmente uno piensa en las víctimas como adultos. Pero existe mucha tortura de los niños y niñas de la calle en Guatemala y Honduras, e incluso al menos dos casos en Costa Rica", afirmó Harris.
El caso de los jóvenes guatemaltecos ejemplifica lo que sucede con los niños de la calle en América Latina, dijo Ana María Méndez, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, que colaboró con Casa Alianza en la presentación del caso ante el sistema interamericano.
"No se debe seguir el patrón de impunidad en la violencia contra este sector de la población", añadió Méndez, quien indicó que la parte acusatoria presentará a 14 testigos en esta fase de recepción de pruebas, entre los que se encuentran las madres de dos de los jóvenes asesinados.
La activista manifestó que si bien hay pruebas contundentes para condenar al Estado guatemalteco por los crímenes, el gobierno de ese país se ha negado a una solución negociada, porque pensó que el caso no llegaría a la Corte Interamericana.
Héctor Dionisio, de la Oficina Jurídica de Casa Alianza en Guatemala, dijo que de marzo de 1990 a septiembre de 1998 se presentaron en ese país 392 casos penales contra violadores de los derechos humanos de los niños. Los autores de 220 de ellos fueron identificados como miembros de las fuerzas de seguridad.
Harris señaló que hay 572 demandas establecidas en los sistemas de justicia local de Guatemala y Honduras. Se han presentado 10 casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales sólo uno ha pasado hasta ahora a la Corte. (FIN/IPS/mso/ag/hd/99
