El gobierno de Argentina aseguró que 77 por ciento de los detenidos por delitos menores en Buenos Aires "son extranjeros", una versión considerada peligrosa por académicos y por dirigentes de la comunidad judía, por su sesgo segregacionista.
El ministro del Interior, Carlos Corach, sotuvo en una entrevista periodística publicada el lunes pasado que, de acuerdo con cifras de la Policía Federal, 58 por ciento de los detenidos en diciembre por distintos delitos eran "extranjeros" y por delitos menores -arrebatos, robos- la proporción se eleva a 77 por ciento.
El presidente de la Delegación de Asociaciones Isarelítas Argentinas, Rogelio Chichowolsky, advirtió al ministro que vigile las connotaciones xenófobas de sus declaraciones. La comunidad judía local fue blanco de dos atentados con más de un centenar de muertos en 1992 y 1994, aún no esclarecidos.
La información de Corach tuvo el efecto de prolongar una polémica sobre los inmigrantes desatada hace 10 días, en la que ya intervinieron el presidente Carlos Menem, funcionarios, legisladores, diplomáticos, académicos, representantes de la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales.
El gobierno responsabiliza a inmigrantes ilegales -procedentes en su mayoría de Bolivia, Chile, Paraguay y Perú- del aumento de la delincuencia y, en parte, de la falta de empleo para los argentinos. Pero Corach aludió simplemente a "extranjeros".
La inseguridad y el desempleo son las dos preocupaciones principales de los argentinos, de acuerdo con encuestas de opinión. El desempleo afecta a 13,4 por ciento de la población económicamente activa y el subempleo tiene magnitud similar.
El oficialismo presentó un proyecto de ley para aumentar el control sobre los inmigrantes irregulares, y como argumento para favorecer la aprobación sostiene que cada vez más los extranjeros son protagonistas de delitos callejeros.
La antropóloga María Ines Pacecca, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, señaló que, según la Organización Internacional sobre Migraciones, la proporción de extranjeros en las cárceles argentinas es menor a su presencia en el país, que equivale a 2,5 por ciento de la población.
Pacecca, dedicada a estudiar la inmigración boliviana y peruana en los últimos años, admitió que es muy probable que sean muchos más los detenidos por su solo aspecto externo.
Desde que comenzó la polémica sobre la inmigración, hace 10 días, la policía de la ciudad de Buenos Aires aumentó los operativos para detener a extranjeros, y los realiza con gran despliegue periodístico.
Decenas de peruanos o bolivianos que efectivamente, carecen de documentos de residencia, son detenidos en redadas en sitios en que, según según aseguraban hasta hace pocos días algunos vecinos, efectivos de la policía pedían dinero a cambio de silencio.
Una mujer que prefirió el anonimato dijo a IPS que hace unos meses, dos personas que circulaban en una moto le robaron la cartera del asiento del acompañante de su automóvil, cuando ella intentaba estacionar. Al realizar la denuncia, el oficial le preguntó "si los arrebatadores eran peruanos".
De acuerdo con estimaciones oficiales, hay en Argentina un millón de extranjeros indocumentados. Pero especialistas en la materia consideran que esa cantidad es exagerada y surge de prejuicio racista.
Enrique Oteiza, un sociólogo dedicado a estudiar las actitudes xenófobas ante los inmigrantes, afirmó que los extranjeros indocumentados no son más de 200.000 y por lo tanto no pueden ser responsabilizados por la delincuencia ni por el desempleo en un país de 33 millones de habitantes.
Pacecca señaló que los indocumentados, si consiguen ocupación, se dedican a tareas que la mayoría de los argentinos rechazan.
Del mismo modo, la investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas Adriana Marshall explicó que la política migratoria fue utilizada históricamente en Argentina para regular el mercado de trabajo, y así como durante muchos años se estimuló el ingreso de extranjeros, hoy se intenta limitarlo.
Una forma velada de frenar la llegada de extranjeros -que cruzan fácilmente la frontera por tierra- es mediante engorrosos y costosos trámites de radicación.
Las visas de turista vencen en un plazo que varía entre 15 y 90 días, y el que permanece sin renovarla es deportado. Para evitar la expulsión es necesario presentar una serie de documentos, demostrar la ausencia de antecedentes penales, aprobar un examen médico y pagar unos 1.000 dólares por trámites y sellos.
El sacerdote Volmar Scaravelli, de la Comisión Católica Argentina para las Migraciones, explicó que a la mayoría de los inmigrantes que llegan en busca de empleo les resulta imposible cumplir, y muchos son detenidos en el intento de reunir el dinero mediante ocupaciones precarias.
Pero el fenómeno de la segregación ya precupa a quienes señalan que no sólo se considera marginal al que delinque. A fines de 1998, una escuela pública negó a una alumna el derecho de portar la bandera pese a haber conseguido el mejor promedio de notas en su clase: la niña era paraguaya. (FIN/IPS/mv/ff/pr hd/99
