Dos cárceles de Colombia permanecen hoy bajo control de los detenidos tras incidentes que este fin de semana produjeron dos muertes y varios heridos.
Los presos reclaman la aprobación por el Congreso de un proyecto de ley que apunta a resolver el hacinamiento en los centros de reclusión.
En los penales bajo su control, los de Florencia (sur) y de Barranquilla (norte), los detenidos están junto a sus esposas, que no se retiraron tras la visita de este domingo.
Los disturbios más graves se presentaron en la cárcel La Picota de Bogotá (donde se encuentran recluidos los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cártel de narcotraficantes de Cali), en los que resultaron muertos un recluso y un guardián.
El proyecto a estudio del parlamento consagra el derecho a rebaja de dos días de condena por tres de trabajo, pero excluye de este beneficios a los implicados en delitos de narcotráfico y terrorismo.
No obstante, en el curso del debate en la Cámara de Diputados el texto, fue modificado para darle un carácter general.
El proyecto de ley fue presentado por el gobierno tras protestas de los reclusos a comienzos de este año que dejaron un saldo de 12 muertos.
Una comisión integrada por representantes del Congreso, el gobierno y la justicia debe entregar este martes un informe respecto al texto.
Los penales de Colombia, con capacidad para 30.000 reclusos, albergan a 43.000 en condiciones deplorables. Esa situación fue denunciada ante organismos internacionales por la Defensoría del Pueblo (ombudsman). (FIN/IPS/yf/dg/ip/97
