Las sanciones de un año impuestas por naciones de Africa Central contra la dictadura militar de Burundi fracasaron en su intento de bloquear el flujo de bienes, y dificultaron el trabajo de grupos humanitarios, afirmó la ONU.
Un informe del Departamento de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el régimen de sanciones, impuesto después que el presidente Pierre Buyoya recuperara el poder en un golpe de Estado en julio de 1996, creó problemas para el ingreso de ayuda humanitaria y produjo un floreciente mercado negro.
El los últimos meses, destacó el informe, los problemas humanitarios disminuyeron, pero sólo porque los países de Africa central interrumpieron la aplicación de las sanciones.
"Según representantes de la ONU, el régimen de sanciones se volvió impráctico", afirma el informe, y "se mantiene sólo para sustentar la influencia del mediador regional y ex presidente de Tanzania Julius Nyerere (…) las sanciones continuarán diluyéndose hasta que las partes regionales tengan el coraje de levantar las sanciones".
El invierno boreal pasado, las sanciones ya hacían agua después que Laurent Kabila tomó el poder en la República Democrática de Congo (ex Zaire) y anunció que el gobierno de Kinshasa ya no cerraría sus fronteras a las transacciones comerciales con Burundi.
Kenia levantó unilateralmente las medidas contra la transferencia comercial de combustible, y permitió en junio la reanudación de los vuelos desde Kenia a Bujumbura, capital de Burundi.
Observadores de la ONU y otros concluyeron que las sanciones "dejaron de tener un impacto sustancial sobre los mercados internos de Burundi a mediados del verano (boreal) de 1997".
No obstante, el corte del tráfico no humanitario regional tuvo un efecto no previsto al retrasar la distribución de bienes eximidos, como alimentos y medicinas, a la población de Burundi.
En enero de 1997, el coordinador humanitario de la ONU Martin Griffiths advirtió que las "agencias no serán capaces de brindar asistencia que sustente la vida de miles de personas extremadamente vulnerables en Burundi".
Irónicamente, los problemas que bloquearon la llegada de ayuda humanitaria sólo se detuvieron después que las sanciones en general fueron tratadas menos seriamente en toda la región.
En un momento, un funcionario de la ONU que pidió el anonimato dijo a IPS que las fronteras estaban tan mal vigiladas que algunas agencias humanitarias preferían comprar bienes en el mercado negro en Bujumbura a precios un poco inflados, en lugar de enfrentar los retrasos en el transporte a lo largo de la frontera.
"Las agencias humanitarias a menudo son los primeros blancos de las sanciones", alegó el funcionario, destacando que deben transportar grandes y visibles cantidades de bienes con la cooperación de los gobiernos regionales. Los contrabandistas enfrentan menos problemas, ya que "siempre se puede cruzar una frontera en Africa si se quiere".
En una ironía aún mayor, el Proyecto de Armas de Human Rights Watch reveló en un informe presentado aquí esta semana que, a pesar del embargo regional, durante el último año Burundi ha sido inundado con armas provistas por China, Francia, Estados Unidos y el ex Zaire.
"La comunidad internacional, mientras consideró casi como asunto de rutina burocrática las serias violaciones que tenían lugar, tomó muy pocos pasos para detenerlas", dijo Joost Hiltermann, director del Proyecto Armas, sobre las sanciones con armas de Burundi. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/lp/ip/97
