Acusado por grupos ecologistas de favorecer a los empresarios en la aprobación de megaproyectos hidroeléctricos, el presidente de Chile, Eduardo Frei, parece ser también objeto de presiones militares en este frente.
Los planteamientos castrenses estarían vinculados a una estrategia que neutralice una posible dependencia excesiva en el futuro del gas natural de Argentina como fuente de energía para suministros domésticos y actividades productivas y de transporte.
Hacia fines de este año debe inaugurarse el primer gasoducto que traerá gas natural a Santiago desde la provincia argentina de Neuquén, en el marco de los acuerdos de integración que los dos países fronterizos pusieron en marcha desde 1991.
Esta prevista igualmente la construcción de un segundo ducto para abastecer de gas a una vasta área del centro-sur de Chile, y en especial a la zona industrial que se articula en torno a la ciudad de Concepción, 515 kilómetros al sur de la capital.
A comienzos de este mes se lanzaron otros dos proyectos para gasoductos que desde Argentina abastecerían el sistema interconectado de centrales eléctricas en las dos primeras regiones del norte, que concentran los mayores recursos mineros del país.
Frei inauguró el día 6 la central hidroeléctrica Pangue, en el curso del alto Bíobio, al interior de Concepción, y tuvo expresiones inusualmente duras contra los grupos ecologistas opuestos a ese proyecto.
El mandatario dio en aquella oportunidad un franco respaldo a Endesa, el consorcio que construyó Pangue, lo cual fue también un apoyo en la pugna que se desató poco antes entre esta empresa y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial.
La CFI, que financió gran parte de la represa, acusó a Endesa, con base en informes de consultores independientes, de incumplir compromisos ambientales y sociales contraídos al suscribir los préstamos, relativos a los índigenas pehuenches del alto Bíobio.
Endesa cerró virtualmente el debate a mediados de este mes cuando prepagó su deuda con la CFI, con lo cual ratificó que no planea pedir nuevos préstamos al Banco Mundial para otras cuatro represas que proyecta construir en el Bíobio, el río más importante de Chile.
La decisión de Endesa, que implicó un virtual desaire al Banco Mundial, no habría sido posible sin el respaldo que el gobierno, y en particular el presidente Frei, dio a la empresa, señaló el Instituto de Ecología Política (IEP).
El IEP, el Grupo de Acción por el Bíobio, el Comité Nacional pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) y otras organizaciones ambientalistas protestaron en su momento por el respaldo del mandatario a los planes de Endesa.
En una carta abierta a Frei, Codeff le advirtió que estaba polarizando el debate entre ambiente y desarrollo y que su gobierno, en el apoyo irrestricto a proyectos empresariales, se aleja de las propuestas del desarrollo sostenible.
Endesa, que tiene inversiones en Argentina, Brasil y Perú, ya inició la construcción de Ralco, la segunda de las centrales en el Bíobio, pese a que el proyecto aún está pendiente de aprobación en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).
El día 25, Frei reiteró su respaldo al proyecto de Ralco y dos días después la directora de Conama, Vivianne Blanlot, subrayó que el gobierno "quiere" la realización de esa obra, aún cuando hizo objeciones al estudio de impacto ambiental de Endesa.
Ralco esta planificada como una megacentral, con un embalse para 1,22 millones de metros cúbicos de agua, siete veces mayor que el de Pangue, y su construcción desplazará de sus tierras a casi un centenar de familias pehuenches.
La hipótesis de una intercesión militar en favor de Ralco es virtualmente ignorada en los medios de prensa chilenos y aún en los pronunciamientos de los sectores ecologistas, políticos y empresariales a favor o en contra de la gigantesca central.
No obstante, el ex dictador y actual comandante del Ejército, general Augusto Pinochet, admitió este mes en una entrevista: esta es "una materia que yo he informado por escrito (al gobierno) y que es confidencial".
"Nosotros damos opiniones, pero confidenciales y al gobierno", insistió Pinochet cuando se le consultó si estaba de acuerdo en que no se construyera Ralco y se prefiriera como energía al gas natural argentino.
Lo concreto en este juego de silencios y confidencialidades es que existió un informe del Ejército o del conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el tema de las fuentes de energía, vinculado seguramente a consideraciones sobre soberanía y autonomía.
Las consideraciones estratégicas serían un factor adicional para respaldar la masiva intervención del curso del alto Bíobio, que según los ecologistas terminará por destruir uno de los más valiosos ecosistemas fluviales cordilleranos del mundo.
El presidente de Argentina, Carlos Menem, quien firmó con el entonces mandatario chileno Patricio Aylwin los convenios para la construcción de los gasoductos, descartó en una ocasión que esto implicara riesgos de soberanía para Chile.
Menem advirtió que si se mirara desde la perspectiva argentina, los chilenos controlarían los suministros de electricidad de Buenos Aires, en alusión a la presencia mayoritaria de Endesa en la distribución de electricidad en la capital argentina.
Los acuerdos de Menem y Aylwin en 1991 fueron posibles gracias al Tratado de Paz y Amistad que Pinochet firmó con Argentina en 1985, como culminación de la mediación con que el Papa Juan Pablo II impidió una guerra de los dos países en 1978. (FIN/IPS/ggr/ag/en-ip/97
