Los empresarios argentinos se pronunciaron hoy por la flexibilización laboral urgente y por decreto, para competir en un mercado globalizado, luego de que el gobierno aceptara restablecer el diálogo con los sindicatos a fin de obtener consenso para la misma reforma.
El gobierno arguye la necesidad de reducir el desempleo, que llega a 17.3 por ciento de la población económicamente activa, para promover la flexibilización de la contratación laboral y abaratar los costos del despido, pero los sindicalistas resisten el proyecto.
Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores menos calificados son los más afectados por la desocupación. Casi la mitad de las personas entre 15 y 19 años que buscan empleo no lo consiguen, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos difundido este martes,
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de este país, realizó en los últimos meses cuatro huelgas generales contra el proyecto, que también resta poder de negociación a las organizaciones laborales.
La semana pasada se abrió una instancia de diálogo entre el gobierno y la CGT.
Tres ministros se comprometieron a buscar el consenso para llevar la reforma al parlamento, después de que la justicia declarara inconstitucionales los decretos de flexibilización promulgados por el presidente Carlos Menem en diciembre,
El gobierno y la CGT convinieron reunirse con los empresarios para alcanzar una concertación social que incluya la reforma laboral. El sector privado se había manifestado en desacuerdo con la vía del decreto para la flexibilización laboral, por entender que genera inseguridad jurídica al inversor.
Pero este martes, las cámaras empresariales sostuvieron que la reforma lleva demora, que debió aprobarse a principios de la presente década y se debería recurrir a los decretos, en vista de las presiones sociales que podría soportar el gobierno hacia octubre, debido a las elecciones legislativas previstas para ese mes.
"No hay globalización sin flexibilización laboral", sentenció el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Murat Eurnekián.
Eurnekián explicó que la apertura comercial redobla la competencia entre empresas de distintos países y destacó que el costo laboral es más bajo en Brasil y Chile que en Argentina.
Si el mercado laboral no se adapta a la apertura, la competencia y la globalización, "habrá que cambiar las reglas del juego: volver a cerrar la economía, subir aranceles y proteger la industria", agregó.
Por su parte, el presidente de la UIA, Jorge Blanco Villegas, manifestó su apoyo "a la decisión del presidente de impulsar las reformas por decreto" y cuestionó los fallos judiciales que declararon inconstitucionales esas medidas.
En opinión de Blanco Villegas, los jueces están influídos por los sindicalistas.
La Cámara Argentina de Comercio también manifestó respaldo a "cualquier medida que produzca resultados prácticos y que pueda ser puesta en vigor en forma rápida, sin importar si es por ley o por decreto", y en términos similares se expresó la Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios rurales.
Pese a sus posiciones encontradas, empresarios, sindicalistas y gobierno se reunirán la semana próxima para discutir la reforma laboral.
La CGT ampliará el debate a la política arancelaria, tributaria y crediticia, para proponer el análisis de la situación de las pequeñas y medianas empresas, principales demandantes de trabajadores. (FIN/IPS/mv/ff/lb/97
