Araceli Cabrera Crespo tenía nueve años cuando fue torturada, violada, muerta y desfigurada, además de quemada con ácido, por un grupo de jóvenes drogados en Vitoria, capital del centro-occidental estado brasileño de Espíritu Santo, en 1973.
La fecha de ese crimen que conmovió el país, el 18 de mayo, quedó fijada desde 2000 como Día Nacional de Combate al Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Brasil.
El fin de la impunidad de esos delitos fue el principal reclamo de las manifestaciones de este martes en varias ciudades brasileñas, especialmente en la capital del país.
Un grupo de cien niñas y niños ocuparon la sede del Congreso Nacional en Brasilia portando flores blancas, para destacar la necesidad de un programa contra esta forma de violencia, y reclamando el cumplimiento de 20 prioridades.
El punto principal es disponer de recursos en el presupuesto del gobierno, ya que de esto depende todo lo demás, como ampliar el sistema policial y judicial especializado y articular un sistema de información, dijo a IPS Elizángela Menezes, del Comité Nacional de Enfrentamiento de la Violencia Sexual contra la Niñez y la Adolescencia.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que por primera vez participó en el acto del Día Nacional, prometió atender los reclamos de los niños, especialmente destinando recursos para cumplir las medidas del programa.
El Comité Nacional, conformado por representantes de la sociedad civil, del gobierno y de instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, entregó a Lula y al Frente Parlamentario de Defensa de Derechos del Niño y el Adolescente el ?Dossier Araceli Nunca Más?.
El documento destaca la total impunidad que disfrutan tanto los verdugos de la niña asesinada en 1973, como los culpables de diez casos conocidos de abusos y explotación sexual sufridos por niñas y adolescentes en los 30 últimos años, identificados pero nunca castigados.
El informe, elaborado por la Asociación Nacional de Centros de Defensa del Niño y el Adolescente, es un alerta sobre la ?impunidad como regla y no como excepción?, según el presidente de la organización, Renato Roseno.
Un problema grave es la inexistencia de legislación adecuada sobre delitos sexuales. La ley vigente tiene más de 80 años y trata a la violencia sexual como delito ?de costumbre?, lamentó.
La coordinadora del Comité Nacional, Neide Castanha, destaca que no hay estadísticas sobre los casos de violencia sexual contra la infancia en Brasil, y las estimaciones varían de 100.000 a 500.000 por año.
Algunas medidas para conocer mejor y combatir el problema, fueron adoptadas el año pasado, en este país de 178 millones de habitantes.
Una línea telefónica colocada por el gobierno a disposición de la población recibió más de 50.000 llamadas en 12 meses, pero sólo 5.647 denuncias fueron confirmadas como de delitos sexuales y encaminadas a la fiscalía, informó el secretario especial de Derechos Humanos, Nilmario Miranda.
Una comisión parlamentaria investigadora (CPI) revisa la explotación sexual en Brasil y debe presentar su informe final el 15 de junio.
En 10 meses de trabajo ya recogió testimonios de más de 300 personas, lo que permitiría enjuiciar a por lo menos 100 acusados, entre los cuales se encuentran alcaldes, diputados estaduales y concejales, según la senadora Patricia Saboya Gomes, presidenta de la CPI.
Por cada caso revelado de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, hay cerca de 10 omitidos, observó la senadora.
La movilización de este martes se repitió en varias capitales estaduales de Brasil, ya que se trata de un problema generalizado que apenas se está haciendo visible en los últimos años.
En el septentrional estado de Pará, por ejemplo, el programa Centinela identificó 1.322 niños y adolescentes víctimas de violencia en los últimos seis meses, poco más de la mitad de ellos en casos de abuso y explotación sexual.
El Día Nacional será extendido a América Latina y el Caribe a partir del próximo año, por decisión del Foro ?Tejiendo el Futuro?, promovido por la Organización Internacional del Trabajo en Cartagena, Colombia, a fines de abril.
