El papel de liderazgo de Estados Unidos en asuntos internacionales y las esperanzas de democratización de Cuba se verán comprometidos si el presidente Bill Clinton implementa las polémicas nuevas sanciones de la ley Helms-Burton contra La Habana.
La advertencia fue hecha por el analista político de la Universidad de Harvard Jorge Domínguez, durante una reunión informativa esta semana en el Capitolio, en la cual dijo a miembros del Congreso que las disposiciones más duras de la ley Helms-Burton producirán el efecto contrario al pretendido por sus promotores.
Los más cercanos aliados de Estados Unidos han redoblado la presión sobre Clinton para que renuncie a la ejecución de las disposiciones de la ley Helms-Burton, las cuales permitirían acciones legales contra empresas y ejecutivos estadounideneses con negocios en Cuba.
La polémica se centra en una sección de la nueva ley que permitiría a estadounidenses propietarios expropiados por Cuba iniciar medidas en las cortes de Estados Unidos contra ciudadanos de terceros países que "trafiquen" con esas propiedades.
Conocidas formalmente como Título III, estas polémicas disposiciones, que deberían entrar en vigor el 1 de agosto, abrirían el camino a acciones legales contra empresas no estadounidenses y evitarían que ejecutivos de esas empresas y sus familias ingresaran a Estados Unidos.
Los críticos señalan que el Título III es particularmente nefasto porque permitiría abrir juicios a personas que no eran ciudadanas de Estados Unidos en el momento en que sus propiedades fueron confiscadas, lo cual incrementaría el número de posibles reclamos jurídicos en varias decenas de miles de casos.
"La aprobación del Título III sería altamente caótica para las relaciones internacionales de Estados Unidos, sin mencionar el atascamiento en las cortes", alertó Domínguez.
Según el analista, resulta claro para aquellos gobiernos más cercanos a Estados Unidos en muchos temas, que "esta es una mala ley".
A comienzos de esta semana, el presidente de la comisión ejecutiva de la Unión Europea (UE), Jacques Santer, aleccionó públicamente a Clinton sobre el daño causado a las relaciones entre Estados Unidos y Europa por los intentos de extender su ley a otros países, conocido como "extraterritorialidad".
Aunque la ira de Santer se centró en la ley Helms-Burton, el presidente de la Comisión Europea aclaró que la UE también está preocupada por proyectos pendientes en el Congreso que atacarían a empresas extranjeras que negocian con Libia e Irán, países donde empresas europeas tienen más para perder que en Cuba.
El proyecto de ley de sanciones Irán-Libia fue aprobado este jueves por un comité del Congreso, y se espera que llegue al despacho de Clinton a fines de esta semana.
Mientras, se aguarda que el gobierno de Canadá, que ya lanzó una protesta bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), anuncie la semana próxima medidas de represalia contra Helms-Burton, entre ellas esfuerzos para que empresas canadienses contraenjuicien por daños incurridos por cortes estadounidenses.
Las empresas canadienses han estado entre los inversores extranjeros más activos en Cuba. A comienzos de este mes autoridades estadounidenses notificaron a la empresa minera con sede en Toronto Sherritt International, poseedora de tres por ciento de las acciones en un operativo de extracción de níquel cubano, que sería uno de los primeros blancos del Título III.
Domínguez dijo que aliados estadounidenses han planteado quejas, y en particular sostienen que la ley Helms-Burton viola acuerdos internacionales de libre comercio.
La ejecución del Título III, dijo el analista, daría a entender a otros países que "el gobierno de Estados Unidos no cree lo suficiente en las reglas comerciales que el mismo gobierno de Estados Unidos ha promovido durante tanto tiempo".
Asimismo, la ley sería "contraproducente en términos de las metas de la legislación (en Cuba)", indicó Domínguez, coordinador del grupo de trabajo sobre el país caribeño del Diálogo Interamericano, organización con sede en Washington que auspició la reunión informativa con los congresistas.
Si Washington busca promover la liberalización democrática y económica en Cuba, Clinton debería renunciar a la entrada en vigor del Título III, una opción prevista por la ley, por al menos seis meses, dijo el analista. (FIN/IPS/tra-en/pz/jl/lp/ip/96)
