EEUU: El desalojo forzado como arma en la lucha contra el crimen

Una ley que permite a las autoridades de viviendas públicas de Estados Unidos a desalojar a las familias de vendedores de drogas y criminales está dando sus primeros resultados, aunque no en todos los casos son deseables.

Rose Pinto está acostumbrada a que los vendedores de drogas tengan el control del conjunto de viviendas públicas de Nueva York donde vive desde hace 15 años, mientras los frascos de "crack" se amontonan en la puerta de su edificio y las pandillas rivales se disparan hasta por rutina.

"Mis tres hijos se acostumbraron a los tiroteos. Están duchos en tirarse al piso cuando escuchan balas", dijo Pinto, quien participa de una organización de inquilinos.

"Antes, llamaba al gerente de las viviendas y a la policía, pero los traficantes se escondían en sus apartamentos y las autoridades no podían hacer nada", agregó.

Ahora, Pinto y otros vecinos de Pink Houses, un complejo de 22 edificios en un empobrecido sector de Brooklin, cuentan con una nueva arma. Se trata de una ley federal que promete desalojos rápidos a los residentes de viviendas públicas capturados mientras cometen delitos como el comercio de drogas.

La nueva ley, promulgada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, conocida popularmente como "si te pescan una vez, estás afuera", habilita a las autoridades a desalojar en 90 días a quienes cometen un delito por primera vez, y no en dos o tres años, como hasta ahora.

Las agencias de vivienda pública, que tienen las manos libres para la aplicación de la ley, pueden, incluso, desalojar a personas que no están condenadas por crímenes, pues no deben llenar el requisito habitual en las cortes penales de prueba más allá de una duda razonable.

Además, la ley establece requisitos más estrictos a los solicitantes de una vivienda pública.

"La norma servirá para proteger de las pandillas, los vendedores de drogas y los criminales violentos a los más de tres millones de personas que viven en viviendas públicas", dijo Henry Cisneros, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno de Estados Unidos.

Cisneros, la máxima autoridad en la supervisión de las 3.200 agencias de vivienda pública del país, afirmó que la ley permitirá que aquellos buenos ciudadanos que reclaman un techo accedan a una residencia subsidiada.

Algunos inquilinos de Nueva York y todo Estados Unidos, que parecen ser la minoría de los residentes de las viviendas públicas, alertaron que las nuevas leyes son tan peligrosas como los criminales a los que se pretende expulsar gracias a ellas.

"Esto va demasiado lejos en la dirección equivocada. Es cierto que estos tiroteos son terribles. A veces, yo no sé si debo salir de la cama. Pero no se puede responsabilizar a los padres por lo que hagan sus hijos", dijo Carol Cephus, una vecina de Pink Houses de 56 años.

Eso es, precisamente, lo que le está por suceder a Fannie Graham, también residente de Pink Houses, quien, a los 46 años, está por perder su segunda pierna a causa de la diabetes.

La Autoridad de Viviendas de Nueva York le ordenó abandonar su casa esta semana, pues su hijo, de 30 años, le prendió fuego a la puerta del apartamento de su novia. "¿Por qué me castigan a mí por algo que, supuestamente, hizo mi hijo?", se preguntó Graham.

"No veo que nadie pueda pensar que Fannie sea una amenaza", dijo su abogada, Judith Goldiner, de Legal Aid, una institución que brinda servicios jurídicos a indigentes.

"Hemos visto muchos casos de gente golpeada por sus hijos o nietos o que están demasiado asustados para denunciar a los vendedores de drogas. Sabemos de abuelas que ni sabían que sus nietos eran traficantes y que, aun así, serán desalojadas por culpa de ellos", agregó.

Mitzi Andino, dirigente de la asociación de inquilinos de las viviendas públicas Gowanas, en Brooklin, dijo que todos saben quiénes son los vendedores de drogas, pero que, como consecuencia de la ley, sus madres son las que sufren la persecución.

"La vivienda pública es el último recurso para la gente pobre de este país. ¿Dónde creen que van a ir a parar las madres de los pandilleros?", se preguntó.

De todos modos, los funcionarios de vivienda de todo el país dicen que los inocentes pueden protegerse a sí mismos si impiden permanentemente a los integrantes de sus familias que delincan, algo que Graham no puede hacer.

Pero Stephanie Townsend, empleada de la corte de viviendas de la ciudad de Nueva York, dijo que las salvaguardas legales son inadecuadas, y argumenta que algunos inquilinos no cuentan con posibilidad de que se detengan las órdenes de expulsión.

Otros, dijo, son perseguidos aunque existe poca evidencia de que vivan delincuentes con sus familias en el momento del supuesto crimen.

"Por culpa de esta guerra de las drogas un montón de gente está tomando medidas extremas", dijo Townsend, quien vive en una vivienda pública en Stanten Island, uno de los barrios de Nueva York.

Sin embargo, el problema de las protecciones legales parece una nadería para muchos residentes de Pink Houses, que consideran que su derecho a vivir en paz está primero.

"¿Por qué tenemos que sufrir por una o dos familias?", se preguntó Pinto. "Queremos que nuestros hijos jueguen en el césped y visiten a sus vecinos sin miedo de que alguien les dispare o le ofrezca 'crack' en plena vía pública", agregó.

Los padres o abuelos de los posibles delincuentes "deberían saber qué andan haciendo sus chicos", manifestó Karen Butts, quien ha vivido en Pink Houses durante la mayor parte de sus 26 años.

"Si permito que mi hijo de 40 años venga a mi casa y se aproveche de mí, no tengo a nadie a quien culpar más que a mí misma", sostuvo.

Para estos vecinos, las medidas de "mano dura" son el único camino eficaz para que llegue la ansiada tranquilidad a sus convulsionados barrios.

Las estadísticas indican que este tipo de leyes han reducido los crímenes. Un programa piloto iniciado en 1994 en Toledo, Ohio, contribuyó a reducir los delitos relacionados con la droga en 24 por ciento y otros crímenes en 69 por ciento.

En un complejo de residencias de Greensboro, en Carolina del Norte, los delitos cayeron 55 por ciento, lo cual se atribuye a una ley similar. (FIN/IPS/tra-en/ls/pz/mj/pr ip/96)

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