COX’S BAZAR, Bangladés – Para Mohammed Dullah, los recortes de las raciones de alimentos de la ONU para los rohinyás y otros refugiados en Bangladés no solo están agravando el hambre, sino que también los obligan a ahorrar en necesidades básicas como la educación y la atención médica de sus hijos.
“De alguna manera podía arreglármelas con mis hijos cuando conseguía 12 dólares trabajando de vez en cuando”, dijo Dullah, de 59 años. “Pero desde que redujeron la ayuda a siete dólares por miembro de la familia al mes, ya no puedo afrontar muchas necesidades básicas, como ropa, cuotas escolares, carne o pescado una o dos veces al mes”, lamentó.
Como consecuencia, su hijo de 15 años tuvo que dejar la escuela para trabajar en un mercado, donde puede ganar unos 6000 takas (49 dólares) al mes para ayudar a mantener a su familia de nueve integrantes.
Desde abril, la asistencia alimentaria se distribuye conforme a un proceso revisado de focalización y priorización (TPE, en inglés) introducido por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Los hogares de los casi 1,2 millones de refugiados en los complejos de campamentos de Cox’s Bazar y Bhasan Char reciben distintos niveles de raciones mensuales de alimentos según categorías de vulnerabilidad evaluadas.
El PMA afirma que el nuevo sistema establece una asistencia alimentaria de 12, 10 o 7 dólares por persona al mes, según el nivel de inseguridad alimentaria del hogar.
Con el dinero proporcionado a través de las tarjetas de registro de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), las familias compran alimentos en establecimientos habilitados por el PMA que aceptan vales electrónicos.
Los refugiados limitan lo que comen y venden o intercambian los alimentos que les sobran para obtener dinero que destinan a atención médica, educación, transporte fuera de los campamentos y otras necesidades.
Para las familias que no tienen acceso a un empleo formal, prohibido en los campamentos, incluso una reducción relativamente pequeña puede obligarlas a tomar decisiones difíciles.
Las organizaciones humanitarias advierten que los recortes de fondos a nivel mundial están elevando los niveles de hambre. Los niños representan más de la mitad de la población refugiada en Cox’s Bazar.
“Las condiciones en el mayor asentamiento de refugiados del mundo están empeorando a un ritmo alarmante después de nueve años, y se prevé que 35 % de los refugiados rohinyás en Bangladés enfrente niveles de hambre de ‘crisis’ o ‘emergencia’ este año, lo que pone a más niños en riesgo de desnutrición”, afirmó Save the Children el 25 de agosto.
“Los recortes de fondos humanitarios a nivel mundial, sumados a las consiguientes reducciones de las raciones de alimentos durante el último año, han agravado problemas existentes, entre ellos las condiciones de hacinamiento y el acceso limitado a agua potable, alimentos nutritivos y medios de subsistencia”, agregó la organización internacional dedicada a la protección de la infancia.
Un sistema bajo presión
Los rohinyás han sido desplazados de Myanmar durante décadas, con importantes oleadas de refugiados que llegaron a Bangladés en 1991-1992 y nuevamente tras la violencia ejercida por los militares en 2017, que provocó el éxodo masivo de los integrantes de esta minoría musulmana.
Más recientemente, personas han huido de una nueva ola de violencia en el estado de Rakhine entre el ejército de Myanmar y el Ejército de Arakán (AA), una organización armada étnica.
Casi una década después del éxodo masivo de 2017, muchas familias rohinyás siguen dependiendo por completo de la asistencia humanitaria. Bangladés restringe el acceso de los refugiados al empleo formal, mientras que las organizaciones humanitarias proporcionan alimentos, educación informal básica, atención médica básica, agua, saneamiento y otros servicios esenciales.
La financiación internacional está cada vez más bajo presión. La ONU y sus socios solicitaron 710,5 millones de dólares en el marco del Plan de Respuesta Conjunta (JRP, en inglés) 2026 actualizado para apoyar a los refugiados rohingyas y a las comunidades de acogida, la cifra más baja en una década. Hasta ahora, el plan cuenta con una financiación de 50 %.
La nueva evaluación del PMA determinó que todos los refugiados rohinyás sufrían inseguridad alimentaria, aunque la gravedad variaba entre los hogares.
Ahora, los hogares se clasifican en tres categorías: los hogares en situación de inseguridad alimentaria extrema reciben 12 dólares por persona al mes; los que sufren una inseguridad alimentaria grave reciben 10 dólares; y los hogares en situación de inseguridad alimentaria, que representan casi 70 % del total, reciben 7 dólares.
El sistema tiene como objetivo asignar la asistencia de acuerdo con las necesidades, en lugar de aplicar simplemente una reducción generalizada debido a la falta de fondos.
El PMA afirma que incluso el nivel más bajo de asistencia es suficiente para cubrir las necesidades alimentarias mínimas. Sin embargo, las familias y las organizaciones no gubernamentales internacionales (Ongi) entrevistadas por IPS describen una realidad más compleja.
Dullah afirma que no puede trabajar debido a una enfermedad de larga duración, pero su hogar fue clasificado en el nivel de 7 dólares por persona. Según Dullah, la familia recibe alimentos básicos, como arroz y aceite de cocina, pero le queda poco para obtener otros alimentos o cubrir otros gastos.
Al igual que otros refugiados rohinyás, Dullah no tiene acceso legal a un empleo remunerado, pero la cantidad de alimentos que reciben los obligan a trabajar.
“No se puede esperar que las personas sean autosuficientes mientras se les impide ganarse la vida. Si el PMA y otras organizaciones quieren que dependamos más de nosotros mismos, también deben apoyar oportunidades legales para que los refugiados rohingyas puedan trabajar y obtener ingresos”, dijo.
“Incluso antes, teníamos dificultades porque no había suficiente comida cuando recibíamos 12 dólares”, dijo Dullah, quien está preocupado por el crecimiento y desarrollo de sus hijos.
Su nieta de 18 meses necesita leche de fórmula porque su madre, al no contar con suficiente alimento, tuvo dificultades para alimentar adecuadamente a la niña mediante la lactancia.
El PMA clasificó esencialmente a los hogares según su composición.
Por ejemplo, la categoría de inseguridad alimentaria extrema incluye hogares encabezados por un niño o una persona con discapacidad; hogares encabezados por una mujer sin un hombre adulto de entre 18 y 59 años en condiciones de trabajar; hogares encabezados por una persona mayor sin un hombre adulto en condiciones de trabajar; hogares con dos o más personas con discapacidad; y hogares unipersonales.
La categoría principal de inseguridad alimentaria comprende hogares encabezados por hombres en los que hay hombres en condiciones de trabajar y ningún integrante con discapacidad; hogares encabezados por mujeres que cuentan con un hombre en condiciones de trabajar y ningún integrante con discapacidad; y hogares sin mujeres de entre 18 y 49 años o sin integrantes con discapacidad.
Vender alimentos para cubrir otras necesidades
Sawyedul Amin, de 34 años, recibe una asistencia equivalente a 10 dólares por persona para su hogar, ubicado en el campamento de Lambashia, en Kutupalong. Huyeron de Myanmar en 2017 y perdieron a su padre en una montaña durante el trayecto.
Tiene dos hijos pequeños, una madre enferma y una esposa que fue sometida a dos operaciones, una relacionada con el parto y otra por un tumor.
“Si queremos comer pescado o carne, no podemos permitírnoslo”, dijo. “También tenemos niños pequeños, lo que significa que tenemos gastos adicionales para ellos. Además, tengo una madre enferma, lo que hace que nuestros gastos médicos sean aún mayores”, agregó.
Sawyedul dijo que a veces vende parte de la ración de alimentos de su familia para obtener dinero para cubrir esos gastos.
Vender o intercambiar alimentos para conseguir medicamentos o servicios no es algo nuevo en los campamentos, y el impacto de esta práctica quedó bien documentado durante recortes anteriores.
En 2023, la falta de fondos obligó al PMA a reducir las raciones mensuales de alimentos de 12 a 10 dólares y luego a 8 dólares en junio de ese año. Los controles realizados detectaron un deterioro del consumo de alimentos y un empeoramiento de los indicadores nutricionales.
Sawyedul dijo que anteriormente otras organizaciones a veces proporcionaban asistencia adicional a su familia, pero parte de ese apoyo se redujo. “Ahora solo podemos recurrir al PMA para recibir asistencia”, afirmó.
Fallas en el sistema de racionamiento
Radia Bala, una viuda de 60 años perteneciente a una comunidad de unos 1.000 refugiados hindúes, tuvo que sobrevivir sin ningún tipo de asistencia durante cinco meses este año. Finalmente, ella y muchas otras personas de su familia comenzaron a recibir ayuda en julio.
Radia, oriunda de la aldea de Nakpura, en Myanmar, llegó a Bangladés con su familia en 2024, después de que los combates entre insurgentes del AA y el ejército de Myanmar se extendieran por su zona.
Recuerda ataques terrestres y aéreos, viviendas incendiadas y familiares y vecinos asesinados a su alrededor. Los insurgentes también los sometieron a intentos de reclutamiento forzoso. Su huida duró tres días y se realizó, en parte, a través de las montañas.
Después de llegar a Bangladés, Radia cuenta que su familia recibió una tarjeta inteligente y que inicialmente recibió asistencia alimentaria, gas para cocinar y jabón. Pero la ayuda se interrumpió en diciembre de 2025. “Las autoridades no me dieron una razón exacta de por qué se interrumpió”, dijo.
Ahora, Radia alquila un espacio en la casa de una familia bangladesí local perteneciente al grupo étnico Barua. Es una de los casi 150 000 refugiados recién llegados que no han recibido un refugio, después de haber cruzado desde el estado de Rakhine, en Myanmar, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026.
Radia y su hija, que tiene un bebé de seis meses, trabajan como limpiadoras para sobrevivir. “Durante esos meses sin asistencia alimentaria, solo comíamos arroz con verduras de hoja”, dijo. Cuando había asistencia disponible, añadió, la familia podía comer pollo, huevos y bananas en algunas ocasiones.
Su experiencia pone de relieve graves fallas en el sistema de asignación de raciones de alimentos, ya que el acceso depende del registro y de la conexión con los mecanismos a través de los cuales se distribuye la asistencia.
Radia cuenta que, cuando las personas de su comunidad llegaron en 2024, les dijeron que tendrían acceso a asistencia alimentaria si permanecían dentro de los campamentos. Sin embargo, afirma que a la familia le resultó difícil permanecer allí debido a la escasez de refugios, agua, baños y duchas.
“Nos quedamos en el campamento durante aproximadamente un mes, en el refugio de un familiar, pero la vida allí era muy difícil”, dijo.
Posteriormente, su familia se trasladó entre las casas de familiares y otros lugares temporales. “Hemos estado viviendo de un lugar a otro, quedándonos en la calle y en las casas de otras personas”, explicó.
Después de presentar reclamos y de que los medios cubrieran su situación, comenzó a recibir 12 dólares por persona. Pero Radia afirma que necesita vender la mitad de esa ayuda para pagar el alquiler de la habitación.
Su pedido es sencillo. “Nuestra primera necesidad es la asistencia alimentaria y la segunda es un refugio”, dijo.
El PMA afirma que proporciona asistencia alimentaria mensual a toda la población refugiada, incluidas las personas que llegaron después de 2024, de acuerdo con sus necesidades evaluadas.
Aumentan los riesgos para los niños
Golam Mostofa, director de la oficina de Save the Children en Cox’s Bazar, dijo que los niños están cada vez más expuestos a riesgos a medida que las familias enfrentan escasez de recursos y oportunidades.
“La situación empeora día a día”, dijo.
El seguimiento de la protección infantil ha generado una creciente preocupación por el trabajo y el matrimonio infantiles, así como por otros riesgos que enfrentan los niños y adolescentes, añadió.
Sin embargo, Mostofa advirtió que no se debe suponer que cada caso denunciado de trabajo infantil, matrimonio infantil, desnutrición o abandono de los centros educativos de las ONG haya sido causado por los últimos cambios en la asistencia alimentaria.
No obstante, la evaluación actual de Save the Children advierte que el empeoramiento del acceso a alimentos nutritivos, atención médica y otros productos y servicios esenciales está aumentando la presión sobre los niños.
La organización prevé que, para fines de este año, alrededor de 10 % de los refugiados en los campamentos de Cox’s Bazar se encuentren en la Fase 4 de la clasificación internacional de “emergencia humanitaria”, definida por la ocurrencia frecuente de muertes y tasas cada vez más elevadas de desnutrición. Esta fase se encuentra a un nivel por debajo de la hambruna y la catástrofe humanitaria.
Mostofa pidió a los donantes que continúen apoyando la alimentación, la educación, la atención médica, el agua y el saneamiento, y que al mismo tiempo amplíen las oportunidades de desarrollo de capacidades y medios de vida seguros.
El equipo de comunicación del PMA en Bangladés no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los refugiados enfrentan decisiones peligrosas
Aunque Save the Children trabaja en Cox’s Bazar desde 2012 con programas de educación, atención médica, agua y saneamiento y protección infantil, toda una generación de niños rohingyas ha crecido en campamentos que comenzaron como asentamientos de emergencia, pero se convirtieron en lugares de residencia a largo plazo.
Para las familias con acceso limitado al empleo formal, la asistencia humanitaria sigue siendo fundamental para la vida cotidiana. La guerra civil continúa en Myanmar, impulsada por un régimen militar arraigado y respaldado por China, y ofrece pocas perspectivas de una solución duradera que permita a los rohingyas, en su mayoría apátridas, regresar a sus hogares.
Poner sus vidas en manos de traficantes de personas y huir de Bangladesh por mar en busca de una vida mejor es extremadamente peligroso. Se estima que unos 5.000 refugiados han muerto en la última década mientras intentaban llegar a otros países del sudeste asiático.
Dullah todavía habla de regresar a Myanmar y recuerda las tierras que cultivaba y las vacas y búfalos que tenía antes de que su familia se viera obligada a huir en 2017. “Quiero poder regresar y reconstruir mi vida”, dijo.
Mientras los líderes mundiales se reunían en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Bangladés, Tarique Rahman, pidió una hoja de ruta clara para el retorno seguro, voluntario, digno y sostenible de los refugiados rohingyas a Myanmar, junto con la continuidad de la asistencia humanitaria, la protección de los civiles y la rendición de cuentas internacional.
Hasta que eso sea posible, familias refugiadas como la de Dullah seguirán dependiendo de un sistema de asistencia basado en cálculos de dólares por persona, mientras que las decisiones que deben tomar se miden en comidas, medicamentos, días de escuela y el futuro de sus hijos.
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