GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos expresaron su preocupación por las medidas regresivas adoptadas en Argentina que socavan avances en memoria, verdad y justicia, justo en vísperas del 50° aniversario de que se instalase la última dictadura militar en ese país.
“Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria”, afirmaron los expertos, pero “lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito”.
Los expertos independientes, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza de Ginebra, advirtieron que un posible otorgamiento de indulto a militares condenados por crímenes internacionales supondría un grave retroceso para la rendición de cuentas.
“Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional”, advirtieron.
La prensa argentina divulga informes según los cuales el gobierno del ultraderechista presidente Javier Milei estudia firmar un indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad el próximo 24 de marzo, cuando se cumplen los 50 años del último golpe de Estado que instauró el período de dictadura 1976-1983.
Actualmente hay 539 represores detenidos, de los cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario, según la actualización trimestral de las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que depende del Ministerio Fiscal.
“Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición”, dijeron los expertos en Ginebra.
Afirmaron que “desde el retorno a la democracia en 1983, Argentina se ha consolidado como un referente mundial en materia de justicia transicional”.
Destacaron hitos como la creación y trabajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, el juicio a las Juntas militares, y el enjuiciamiento y sanción penal a más de 1000 perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la restitución de la identidad de niños desaparecidos forzadamente, y el establecimiento de decenas de sitios y políticas de memoria.
Los expertos han expresado su preocupación al gobierno en seis ocasiones en relación con las medidas regresivas adoptadas desde 2024.
Ente esas medidas, la reducción del papel del Estado en la promoción de las investigaciones penales por crímenes contra la humanidad, la obstrucción del acceso a los archivos de la dictadura, y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.
En los últimos años, el gobierno argentino también ha desmantelado instituciones dedicadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos, señalaron los expertos.
“Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición”, afirmaron.
Agregaron su preocupación por las instancias públicas de negacionismo y glorificación de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, los discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y las descalificaciones de las políticas de justicia transicional.
“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, subrayaron.
Firmaron la declaración los expertos Bernard Duhaime, relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Alice Jill Edwards, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de Gabriella Citroni (presidenta-relatora), Grażyna Baranowska, Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi, y también la relatora especial en la esfera de los derechos culturales, Alexandra Xanthaki.
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