USHUAIA, Argentina – Ocho a favor, siete en contra. El 15 de diciembre, la legislatura de Tierra del Fuego aprobó, en medio de un fuerte rechazo social, una nueva Ley de Acuicultura que habilita la producción industrial de salmón en mares, ríos y lagos.
La provincia argentina de Tierra del Fuego se encuentra en el extremo sur de América del Sur. Su Canal de Beagle y sus costas conforman uno de los paisajes más remotos del planeta, y su capital, Ushuaia, es la puerta de entrada a la Antártida. Se la conoce como “el fin del mundo”.
Además, Tierra del Fuego es conocida desde hace tiempo por sus ecosistemas, en gran parte intactos. Aquí, en un reino subantártico de bosques, viento, turberas y mares fríos y ricos en nutrientes, la vida silvestre prospera. Los lobos marinos y los delfines surcan los canales, las ballenas francas australes migran y las aves marinas —desde albatros hasta cormoranes y pingüinos— dependen de estas aguas para alimentarse y reproducirse.
Para muchos habitantes de la provincia, la nueva ley significa que esto ya no se puede dar por sentado.
Cambios en la coyuntura política
Apenas concluyó la reñida votación, el recinto quedó envuelto en silencio. “Hubo una sensación rara, como si [los legisladores] estuvieran entre la espada y la pared. Fue un segundo, pero nos miraron como diciendo ‘no nos quedó otra’”, cuenta Nancy Fernández, profesora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF) y presidenta de la Asociación Mane’kenk (AM), una oenegé dedicada a la educación y la conservación del medioambiente.
Fue una de las únicas tres representantes de la sociedad civil que pudieron entrar a la legislatura. A diferencia del 2021, cuando se aprobó la ley anterior (N°1.355), que había sido pionera a nivel mundial en prohibir la salmonicultura en aguas lacustres y marítimas. Aquella vez, la entonces legisladora Mónica Urquiza, del Movimiento Popular Fueguino, abrió las puertas del recinto para que todos entren a celebrar.
“Hoy, siendo vicegobernadora, impidió que la gente ingrese. Y legisladores que hasta el viernes anterior decían que no iban a acompañar el proyecto, votaron a favor. Evidentemente hubo promesas, acuerdos, un ‘si vos me das esto, te apoyo en esto’”, sugiere Fernández.
De esta forma, la Ley de Acuicultura N°1601 sustituye a la 1.355, que solamente permitía la producción de salmónidos a escala artesanal, con un tope de 50 toneladas por año. Con la nueva ley, la actividad ya no tiene tope y solo queda prohibida en el Canal de Beagle, lo cual en la práctica implica que, en el resto de la isla, la salmonicultura queda habilitada.
La iniciativa para modificar la ley fue impulsada por el gobernador Gustavo Melella (Forja), quien en 2021 había apoyado la prohibición de las salmoneras. “Tenemos una naturaleza propia, una producción propia del lugar, no queremos introducir otra especie. Si tuviéramos algún problema, como ha pasado en otros lugares, ha pasado en Chile, el desastre es irrecuperable”, había dicho Melella ese año en una entrevista radial.
Cuatro años después, fue Melella quien presentó al poder legislativo el proyecto de ley de reforma. En las redes sociales, argumentó que era necesario “actualizar y fortalecer el marco normativo para el desarrollo acuícola”, incorporando “los más altos estándares de control ambiental”.
Las definiciones de estos estándares y otros detalles clave se decidirán cuando el gobierno provincial implemente la ley, lo que está previsto para finales de esta semana, el 15 de marzo. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), informa que la implementación aún está pendiente.
¿Creación de empleo o falsas esperanzas?
Argentina se enfrenta a una prolongada crisis económica, caracterizada por una elevada inflación, inestabilidad monetaria y aumento de la pobreza. Esta crisis es anterior a la actual presidencia de Javier Milei, que ocupa el cargo desde diciembre de 2023, pero ha continuado y, en cierto modo, se ha agravado bajo la agenda de austeridad y reformas de mercado de su administración. Por ello, los argumentos esgrimidos en contra de la prohibición de la acuicultura del salmón, que muchos de los mismos políticos de Tierra del Fuego apoyaron hace cuatro años, se basan en el crecimiento económico y la creación de empleo.
Diego Marzioni, subsecretario provincial de Pesca y Agricultura, declaró el año pasado a la agencia regional de noticias ADNSUR que la salmonicultura podría generar “entre 4000 y 4500 puestos de trabajo”.
Algunos académicos y ambientalistas cuestionan estas cifras. Para Gustavo Lovrich, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet en el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), el cambio de posición del gobierno está relacionado con el impacto de la eliminación de los aranceles de importación sobre los productos electrónicos.
Esta medida federal se introdujo en mayo de 2025 y ha afectado a una industria que se concentra en Tierra del Fuego. Según algunas estimaciones, esto podría significar la pérdida de casi un tercio de los empleos en el sector electrónico de la provincia, entre 2000 y 2500
“El discurso del gobierno es que ‘esto va a aumentar la mano de obra’ y es mentira. Nosotros les decíamos que dejen de darle ilusiones a la gente, porque es triste hacer eso en este contexto de crisis”, sostiene Fernández.
Criar salmones, pero a qué costo
Los salmones son originarios del hemisferio norte y fueron introducidos en Chile hace más de un siglo para pesca recreativa. “El 70 % de los peces nativos en Chile está con problemas de conservación porque los salmones son carnívoros y se alimentan de los peces nativos”, señala Flavia Liberona, bióloga chilena y directora ejecutiva de la Fundación Terram. La producción de salmones con fines comerciales comenzó a fines de los 70, de forma artesanal. Para el 2000, ya estaba en manos de grandes industrias.
En 2007, hubo una crisis sanitaria por el brote del virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón), que provocó una alta mortalidad y llevó a que el cultivo se expanda hacia otras regiones. “Hoy la industria salmonera cosecha más de un millón de toneladas al año. Hay 1380 concesiones, de las cuales 408 están en áreas protegidas. Las autoridades han hecho vista gorda y no han fiscalizado como se debe a la industria”, afirma Liberona.
El Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que nuclea a treinta organizaciones de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, elaboró un documento de posición donde detallan los impactos negativos relevados en numerosos papers.
Se ha observado, por ejemplo, que los desechos orgánicos acumulados en el fondo marino disminuyen el oxígeno y generan cambios en la biodiversidad; los inorgánicos producen florecimientos algales nocivos (marea roja); y los restos excesivos de antibióticos colaboran en el aumento de la resistencia antimocrobiana en humanos.Llevar estos problemas a Tierra del Fuego podría dañar una región relativamente virgen, afirman quienes se oponen a las granjas.
También hay dudas sobre la viabilidad económica de desarrollar la cría de salmón en Tierra del Fuego. La industria es muy competitiva y está dominada por Noruega y Chile. Las granjas de salmón en el extremo sur de Argentina tendrían que abastecerse de peces y suministros especializados, llevar su salmón a mercados lejanos y atraer a trabajadores calificados a esta región remota.
Por su parte, Liberona indica que quienes tengan intención de instalar centros de cultivo en Tierra del Fuego, tendrán que hacer estudios económicos para saber si es viable. “Es una industria súper compleja, no basta con tener centros de cultivo en el mar”, subraya.
El problema de la fiscalización
La nueva ley establece que el gobierno provincial debe llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica para determinar las zonas adecuadas para el cultivo del salmón, y que cada establecimiento propuesta deberá presentar un estudio de impacto ambiental. La Secretaría de Pesca y Acuicultura y la Secretaría de Medioambiente serán responsables de hacer cumplir la ley. El funcionamiento de este sistema se determinará cuando se aplique la ley.
Algunos científicos y ecologistas dudan de la capacidad del gobierno para supervisar y controlar las granjas. “La provincia no tiene capacidad de fiscalizar, si hoy le pasan por las narices cuestiones como el vertido de residuos peligrosos en el ambiente y la extracción desmedida de turberas y bosques. Creo que la desconfianza más fuerte de la gente está en ese punto: no creen que tengan capacidad de control”, sostiene Fernández.
En el momento de la publicación de este reportaje, aún no se había llevado a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica. Por lo tanto, aún no está claro dónde podrían ubicarse los proyectos y si hay empresas con intención de invertir.
La nueva ley estipula que esta evaluación se llevará a cabo de acuerdo con “criterios de sostenibilidad”. Sin embargo, no especifica cuáles serán esos criterios. FARN explica que este tipo de leyes no suelen especificar dichos criterios, ya que generalmente se establecen durante su implementación.
Andrea Michelson, coordinadora del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, afirma que la organización sigue esperando poder detener cualquier tipo de cría de salmón.
“Desde nuestro punto de vista, la solución sería no habilitar la actividad. Las alternativas nuestras siempre son el cuidado del ambiente y potenciar actividades que ya existen, como el turismo de naturaleza y otras actividades campesinas sustentables que no implican una extracción en el ambiente”, apunta.
Por ahora, la cría de salmón en Tierra del Fuego sigue adelante, por un solo voto. El debate ya no se centra en si la cría de salmón va a llegar, sino en si “el fin del mundo” está preparado para lo que ello conlleva.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
