QUITO – Ecuador está incumpliendo disposiciones clave de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) destinada a proteger a los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, denunció este lunes 16 la organización Human Rights Watch (HRW).
Esos pueblos viven en aislamiento voluntario dentro del parque nacional Yasuní, en el este del país y el cual ha sido asiento de explotaciones petroleras, con de derrames de crudo en la cuenca del río Napo, un afluente del Amazonas.
La Corte IDH determinó que la extracción petrolera generó contaminación ambiental y aumentó los riesgos de contacto forzado con estos grupos, lo que podría exponerlos a enfermedades, desplazamiento, escasez de alimentos y conflictos por los recursos, en su sentencia del 14 de marzo de 2025.
El tribunal ordenó a Ecuador adoptar medidas para proteger a esos pueblos indígenas, incluyendo detener de inmediato las operaciones petroleras en una zona del parque conocida como Bloque 43.
El gobierno ecuatoriano ya estaba obligado a detener la producción petrolera en el Bloque 43 en virtud de una consulta popular nacional realizada en 2023.
A pesar de que el tribunal, cuyos fallos son inapelables y de obligado acatamiento, fijó como fecha límite marzo de 2026 para mejorar las medidas de protección y supervisión, el Gobierno ha obtenido pocos resultados.
El país, que produce unos 460 000 barriles (de 159 litros) de crudo al día, “sigue permitiendo la extracción en el Bloque 43, anteponiendo la producción petrolera por encima de los derechos de las comunidades indígenas”, dijo el especialista invitado de HRW, José Rodríguez Orúe.
Ecuador “debería adoptar medidas inmediatas para suspender la extracción petrolera en el Bloque 43 y cumplir plenamente con la sentencia de la Corte para respetar los derechos de los pueblos indígenas en el parque nacional”, subrayó Rodríguez Orúe.
Pese a la orden judicial, durante 2025 el gobierno permitió que continuara la producción petrolera en el Bloque 43 y no proporcionó información sobre las condiciones ambientales en zonas aledañas.
El gobierno tampoco cumplió con el plazo de septiembre de 2025 para establecer una comisión técnica ordenada por la Corte para monitorear los movimientos de las personas que viven en el área y determinar si debe ampliarse una zona protegida dentro del parque nacional para proteger el territorio tagaeri y taromenane.
En noviembre y diciembre de 2025, HRW entrevistó sobre el tema a 13 líderes y miembros de comunidades del pueblo indígena waorani, a un líder de una comunidad del pueblo indígena kichwa situada dentro del Bloque 43, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos y economistas.
Los tagaeri y taromenane, de carácter seminómada, viven en la Amazonia ecuatoriana, incluyendo una sección del parque nacional Yasuní. En 1999, Ecuador estableció la “Zona Intangible Tagaeri Taromenane”, un área núcleo del parque nacional donde toda actividad extractiva está prohibida.
Una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros separa las instalaciones petroleras y la zona intangible.
Las operaciones petroleras continuaron en otras áreas del parque, incluyendo el adyacente Bloque 43. Un informe gubernamental de 2024 reconoció que las operaciones petroleras allí “representaban una amenaza” para su supervivencia.
La Corte IDH ordenó al gobierno adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que la consulta popular (de 2023) se implemente efectivamente y que se prohíba la explotación petrolera en el Bloque 43”.
Defensores ambientales presentaron una acción de incumplimiento contra el gobierno en noviembre de 2025 por no cerrar el Bloque 43.
Datos de la empresa estatal Petroecuador mostraron que, salvo por un período en julio en el que la producción petrolera nacional cayó debido a daños en oleoductos, la producción del Bloque 43 se mantuvo constante durante todo 2025, con un promedio de 1,2 millones de barriles de petróleo extraídos cada mes.
Las autoridades no han brindado acceso público a la información sobre el monitoreo ambiental requerido desde abril de 2024. De conformidad con la legislación ecuatoriana, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe presentar estos informes a la Asamblea Nacional cada seis meses.
La capacidad de Ecuador para proteger a los pueblos tagaeri y taromenane se ha visto aún más debilitada por cambios que han menoscabado ministerios clave.
El presidente Daniel Noboa degradó el anterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a un viceministerio dentro de un nuevo Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también fue degradado a un viceministerio bajo el Ministerio de Gobierno.
A-E/HM
