SAN SALVADOR – América Central es una de las regiones donde las tasas de interés por préstamos son de las más altas en América Latina y que, en algunos casos, rayan en la usura, un aspecto que golpea áreas importantes de las economías de esas naciones, como las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes).
En los países centromericanos, el costo del crédito es sistemáticamente más alto que en el resto de América Latina, y el diferencial entre tasas activas y pasivas ronda los 8 puntos porcentuales, frente a los 5 puntos del promedio latinoamericano, señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La dependencia de las pymes del crédito informal no solo se explica por la falta de acceso al sistema financiero formal, sino también por las tasas extremadamente elevadas que caracterizan a ese mercado.
“La usura consiste en sobreendeudar a alguien con intereses tan altos que gran parte de su vida se destina a pagar solo intereses, sin reducir el capital, un patrón que en Centroamérica afecta de manera sistemática a sectores vulnerables, incluyendo a las pymes”: Welmer Ramos.
Welmer Ramos, economista costarricense, señaló a IPS, en entrevista telefónica desde San José, que la usura es una forma de explotación tan grave que la Convención Americana de los Derechos Humanos la equipara a la esclavitud, obligando a los Estados a legislar para prevenirla.
Pero en la práctica, al menos en su país, Costa Rica, “muy pocos casos se han sancionado”.
Y agregó: “La usura consiste en sobreendeudar a alguien con intereses tan altos que gran parte de su vida se destina a pagar solo intereses, sin reducir el capital, un patrón que en Centroamérica afecta de manera sistemática a sectores vulnerables, incluyendo a las pymes”.
Las pymes van cuesta arriba
Esos negocios deben salir adelante en muchos casos, se observa, sin la palanca financiera necesaria por parte de la banca corporativa que no los considera sujetos de crédito, dada la informalidad en la que se desarrollan muchos de esos emprendimientos.
“Cuando solicité un crédito para mejorar el negocio, no me lo dieron porque yo no tenía la documentación propia de un negocio formalmente establecido, solo tenía evidencia de algunas facturas pagadas, y en realidad eso no era respaldo de nada”, contó a IPS Marcía Henríquez, una emprendedora salvadoreña.
Y consecuentemente, agregó, “rechazaron mi solicitud de crédito”.
Sostuvo que, en efecto, uno de los problemas más grandes para los pequeños emprendedores es el acceso al financiamiento, “sobre todo cuando uno está comenzando o no tiene todo formalizado, la documentación, etc”.
Afortunadamente, Henríquez tenía algunos ahorros personales y, junto con su esposo y su hija e hijo, continuó impulsando su negocio Locura del Sabor, de venta de sopas instantáneas a las que ella agrega proteínas como carne y camarones, así como vegetales frescos, para dejar atrás el concepto de sopas de fideos de emergencia, como esas que venden en los supermercados en vasitos de poliestireno.
Henríquez, una sicóloga de 52 años, le apostó todo su tiempo a su propio negocio luego de quedar desempleada en febrero de 2024, cuando su empleador cerró. Su negocio, iniciado en marzo de 2023, se ha mantenido y crecido con más clientes que llegan al parquecito en el oeste de San Salvador, donde lo instala los fines de semana, siempre apoyada por su familia.
Tasas de interés por el cielo
En El Salvador, la situación que describe Henríquez resulta habitual.
De las 890 181 unidades económicas del país en 2023, 854 914 — 96 %— eran pymes informales, según el informe “El Estado de la pymes: La Otra Cara de la Economía”, publicado en 2025.
Según ese reporte, apenas 31 666 empresas de ese segmento económico, un 3,6 %, estaban formalizadas, lo que limita su acceso a crédito bancario. Como resultado, muchas recurren al financiamiento informal, cuyo monto anual asciende a 1200 millones de dólares, equivalente a 3,6 % del producto interno bruto del país.
El financiamiento informal tiene costos que con frecuencia resultan prohibitivos.
El informe estima que las tasas de interés promedio en ese circuito alcanzan 1869 % anual, y en casos extremos pueden llegar hasta 13 564 %.
Este sobrecosto obliga a las pymes a destinar una parte importante de sus ingresos al pago de intereses, reduciendo la capacidad de reinversión, limitando la expansión del negocio y, en muchos casos, comprometiendo su viabilidad a largo plazo.
Las tasas en el sistema financiero formal no alcanzan niveles similares porque los bancos cuentan con marcos regulatorios, garantías y mecanismos de evaluación de riesgo que permiten prestar a tasas razonables.
Sin embargo, las pymes que no cumplen con requisitos formales —como historial crediticio, documentación legal o garantías— quedan fuera de ese circuito.
Al recurrir a prestamistas informales, estas empresas enfrentan intermediarios que asumen riesgos mucho más altos, no están regulados y, por lo tanto, compensan esa exposición con tasas que pueden escalar de manera exponencial.
Un problema regional
En Centroamérica, las pymes enfrentan tasas significativamente superiores a las grandes empresas, debido a menor acceso a garantías, historial crediticio limitado y mayores costos administrativos por operación.
Como consecuencia, alrededor de 35 % de esos pequeños negocios tiene restricciones para acceder a crédito formal, lo que las empuja hacia fuentes informales de financiamiento, con tasas mucho más altas y sin regulación, según destaca el documento del BID.
La combinación de alto costo y acceso limitado refuerza un círculo vicioso: quienes más necesitan financiamiento productivo son quienes pagan más y enfrentan mayores riesgos de sobreendeudamiento.
“Cuando un ente financiero va a prestarle a alguien, tiene que fijarse que esa persona tenga capacidad de pago, y si sólo se le puede prestar a gente que tiene capacidad de pago, entonces no deberían cobrar las tasas de interés abusivamente altas”, subrayó Ramos, el economista costarricense.
Como en el resto de la región, la falta de acceso al crédito y los altos intereses por créditos es una realidad que se ha venido arrastrando en Guatemala desde hace décadas.
Daniel Ruiz, de la Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (Redimif), señaló que los pequeños negocios no formalizados —sin escritura, acta de constitución, socios ni registro ante la Superintendencia de Administración Tributaria— no son atendidos por la banca formal.
Incluso las cooperativas de ahorro y crédito exigían que la persona primero se convirtiera en socia antes de solicitar un crédito. Además, el monto disponible solía limitarse al 10 % de sus ahorros.
Esta modalidad resultaba contraproducente, porque restringía severamente el acceso al financiamiento productivo para microempresarios que necesitaban invertir y crecer.
Redimif está por cumplir 25 años, desde su creación el 30 de marzo de 2001, con la misión de apoyar al sector microfinanciero de Guatemala. En esa época, solo existían algunas asociaciones y fundaciones de microfinanzas, cooperativas de ahorro y crédito, y los bancos tradicionales.
Las microfinancieras surgieron con un enfoque social, atendiendo especialmente a programas de mujeres indígenas en zonas rurales. Su expansión se aceleró después del terremoto de 1976, que destruyó gran parte del centro del país y provocó migraciones hacia la ciudad capital y la movilización de recursos hacia el occidente del país, limítrofe con el sur de México.
Hoy, la red agrupa 18 microfinancieras distribuidas por todo el país, incluyendo asociaciones, fundaciones, sociedades anónimas y cooperativas de ahorro y crédito. Atiende a más de 650 000 personas y su cartera de crédito ha superado los 680 millones de dólares.
“El promedio de crédito que estamos manejando en Guatemala son 1300 dólares, que de la región, de Centroamérica y el Caribe, somos el crédito que más profundiza”, el que más impacto tiene en ese segmento, recalcó Ruiz, en entrevista con IPS desde Ciudad de Guatemala.
Según Ruiz, las tasas de interés elevadas en microfinanzas responden a los altos costos operativos y al mecanismo de fondeo. Las instituciones suelen tomar préstamos de organismos nacionales o internacionales, con tasas base de alrededor de 10 %.
A eso se suman los costos de oficina, la visita a negocios rurales, la capacitación de clientes y otros servicios de apoyo, que representan entre 7 y 8 %.
Para cubrir estos gastos y mantener la operación, las instituciones añaden un margen financiero adicional, lo que eleva la tasa promedio en Guatemala a cerca de 36 % anual.
Otro documento del BID señala que 43 % de las pymes en Honduras identifica el acceso a financiamiento como su principal obstáculo para hacer negocios, y que la brecha de financiamiento insatisfecha para ese sector se estima en casi 3 000 millones de dólares, lo que representa alrededor de 72 % de la demanda potencial de crédito en el segmento.
En el caso de Panamá, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan 97 % del tejido empresarial del país y aportan 17 % del PIB. Pero aun así son minoría las que tienen acceso al crédito comercial, que desde hace dos años el propio BID estableció un fondo de garantias de 150 millones de dólares para auxiliar a unas 2000 mipymes de los sectores agrícola y comercial.
Mientras llegan las soluciones, cuando las personas no tienen acceso ni a las microfinanzas, recurren al llamado crédito “gota a gota”, cobrado a diario y en los que las tasas suben hasta la estratósfera.
En Guatemala, los préstamos gota a gota son operados por redes criminales, conocidas como “los colombianos”. Ofrecen dinero rápido con intereses exorbitantes y recurren a amenazas o violencia para cobrar a sus víctimas.
En Costa Rica, más de 180 000 personas han recibido amenazas por créditos similares. Autoridades vinculan este mercado informal con crimen organizado y buscan endurecer las penas contra prestamistas que intimidan a los deudores.
ED: EG
