GINEBRA – En Colombia hubo 972 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre 2016 y 2025, un promedio de casi 100 muertes por año, expuso un informe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) divulgado este jueves 19.
“Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos”, expresó el alto comisionado, Volker Türk, en la presentación del informe en esta ciudad suiza de Ginebra.
La violencia contra los defensores de derechos está vinculada al narcotráfico, la minería y la tala ilegal, y afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas.
El informe reconoce que el actual gobierno ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras, incluyendo el reconocimiento público de la gravedad del problema.
Asimismo, la apertura de un diálogo de alto nivel con organizaciones de la sociedad civil, la adopción de acciones preventivas e inmediatas en situaciones urgentes, el desarrollo de una política nacional sobre defensores y la estrecha cooperación de las autoridades con la oficina de la ONU en Colombia.
Sin embargo, el documento es contundente al señalar que “las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos”.
Tampoco han logrado “superar los desafíos estructurales que obstaculizan el esfuerzo por brindar protección integral y sostenida a estas personas defensoras”.
“A menos que se tomen medidas efectivas para convertir esta situación en una prioridad estatal, con una agenda clara para la prevención, la protección, la investigación y el abordaje de las causas estructurales, la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos continuará”, sostiene el informe.
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, entre el gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en su mayoría desmovilizada, se produjo un aumento gradual en el número de asesinatos, indica el reporte.
Esa tendencia se vinculó principalmente con conflictos armados que involucran a actores no estatales en áreas previamente controladas por las Farc, donde el Estado ha tenido dificultades para establecer una presencia constante.
Mientras que la guerrilla Farc dio paso a un partido político, Comunes, de muy escasa presencia electoral, aún persisten alzados en armas focos insurgentes: dos disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En los últimos años, el informe identifica un aumento de la violencia vinculada a intereses criminales relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la trata de personas. Además, señala como factores contribuyentes la debilidad institucional, los altos niveles de impunidad y la corrupción.
El informe ofrece un relato detallado de sucesos ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, periodo en el que fueron asesinadas 410 personas activistas.
En total, 23 % de las víctimas eran indígenas, un porcentaje extraordinariamente alto si se tiene en cuenta que la población indígena representa solo 4,7% de la población total del país.
El suroeste ha sido la región más afectada por los asesinatos de defensores en esta década, con 84 de esos crímenes en el departamento del Cauca, 37 en Valle del Cauca y 36 en Nariño. Hubo 36 asesinatos en Arauca (este), 34 en Putumayo (sur) 21 en Norte de Santander (noreste) y 19 en Antioquia (noroeste).
Las comunidades afrodescendientes y campesinas, las juntas de acción comunal, los líderes ambientales, las defensoras de derechos humanos, las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, y los líderes políticos, también fueron blanco de ataques.
Más de 70 % de los perpetradores fueron identificados como actores armados no estatales.
Durante el mismo período, se registraron 2018 casos de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos, aunque el informe advierte que esta cifra representa solo una fracción de la magnitud real, pues no existe un sistema unificado para que las entidades estatales recopilen información sobre estos incidentes.
El informe recomienda consolidar políticas públicas eficaces, implementar reformas institucionales esenciales, promover investigaciones penales para desmantelar a los principales perpetradores y prevenir la impunidad, y desarrollar mecanismos de protección adecuados a las realidades sobre el terreno.
Türk subrayó que “además de garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos, abordar las causas estructurales de esta tragedia con un enfoque integral debe ser prioridad para todas las autoridades competentes en Colombia, a fin de proteger a las personas defensoras y permitirles llevar a cabo de forma segura su labor esencial”.
El informe revela además que los recortes presupuestales sufridos por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 2025 han disminuido profundamente su capacidad para proteger a las personas defensoras y llevar a cabo medidas preventivas.
Como consecuencia, la Oficina se ha visto obligada a reducir significativamente sus misiones a zonas de alto riesgo, lo que ha afectado su capacidad para monitorear los asesinatos y responder a las solicitudes urgentes de las comunidades amenazadas.
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